Uno de los temas que se viene tratando en el país es la necesidad de una reforma previsional, pero poco se sabe acerca de las razones que justifican la misma y en qué dirección debería encararse. El tema parte del déficit que el sistema tiene y la necesidad de buscarle una solución, pero es mucho más grave si se hace una proyección hacia el futuro. En las actuales condiciones con seguridad colapsará el Presupuesto nacional y con él todo el sistema de prestaciones actuales.
El sistema vigente en Argentina es el de reparto, lo que significa que el Estado recauda y debería repartir de forma equitativa entre todos los beneficiarios del sistema. En los cálculos teóricos, hacen falta 4 trabajadores activos por cada trabajador pasivo, y este es el primer cuello de botella del sistema. En Argentina, la cantidad de trabajadores registrados activos es casi similar a la de pasivos, existiendo un 40% de trabajadores en la informalidad. A los pasivos, hay que agregarles los beneficiarios de la AUH, lo que agrava todo.
Pero cuando se hacen proyecciones el problema luce más complejo. Argentina tiene una población que envejece rápidamente. La tasa de natalidad baja sensiblemente y la tasa de longevidad también viene creciendo. Los trabajadores se jubilan a la misma edad pero cobran durante mucho más tiempo que hace 20 años, lo que hace que el sistema hoy sea deficitario y lo será mucho más en el futuro.
Cuando se habla de la reforma previsional aparecen temas que van directamente vinculados a la reforma laboral. La clave es el trabajo informal y las causas que lo generan. En principio, el tema está directamente vinculado a las cargas que el empleador debe pagar sobre la nómina salarial, y ahí aparecen los aportes para el sistema jubilatorio, para las obras sociales, riesgo de trabajos y demás. El gobierno lanzó un sistema por el cual estableció un mínimo no imponible que va creciendo gradualmente y llegará en 2022 a los $17.500. Una idea loable pero poco efectiva en la medida que los salarios crecen y ese monto no se actualiza.
Hay varios temas que resolver. El principal es el financiamiento del sistema. Si es un sistema de ahorro previsional, los ahorristas son los que deberían financiar al sistema, es decir, los trabajadores y no exigirles a las empresas que lo hagan. Tener que pagar aportes tanto para jubilaciones como para obras sociales estimula la contratación informal y por esa razón nadie se iba a presentar en la moratoria previsional pensada por el gobierno ya que la misma debería eliminar las causas que generaron la situación informal para generar un estímulo.
Si todos los trabajadores aportaran, el sistema tampoco cerraría porque la cantidad de aportantes llegaría a una relación 2 a 1 y por las perspectivas que genera el avance tecnológico, habrá que pensar en formas más creativas para financiar el sistema. Y esto pone en duda la forma de calcular las prestaciones. Desde ya, no es posible sostener un sistema que, con los aportes actuales, tengan beneficiarios que cobran programas de privilegios (como todos los que gozan del 82% móvil)y no se puede equiparar a los que aportaron durante más de 30 años con los que llegaron sin haber aportado.
Otro tema que hay que resolver es qué se hará con el actual Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado cuando se estatizaron los fondos de las AFJP con las inversiones en acciones y plazos fijos existentes. No hay una normativa clara al respecto y podría pensarse como una forma de generar una prestación adicional por capitalización para compensar a los que más aportaron y que reciben un porcentaje mucho menor al establecido por la Corte Suprema.
El tema es complejo y delicado pero tiene muchos componentes técnicos y lo que no se debe hacer es politizarlo.
