Una reciente encuesta elaborada por Poliarquía e IDEA Internacional, difundida a través de un diario de Buenos Aires, revela datos preocupantes con respecto al comportamiento de los argentinos ante principios básicos de cultura cívica. En efecto, según el trabajo, 43 por ciento de la población está dispuesta a transgredir la ley y otro 9 por ciento a considerarlo si cree que tiene razón. Más de 70 por ciento sostiene que no existe consenso sobre lo que está bien y lo que está mal. Posturas contradictorias, si se tiene en cuenta que la misma encuesta detectó que más de 70 por ciento de los argentinos cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Una valoración de las instituciones equiparable a países europeos de fuerte raíz democrática y superior a mediciones en tal sentido entre sociedades de nuestra región.
Semejante contradicción lleva a señalar al encuestador que la sociedad argentina parece indiferente al delito público, razón por la cual seguramente la referida encuesta y la mayoría de las que, con seriedad y rigurosidad científica, se realizan a nivel nacional y regional confirman que la corrupción enquistada en el país preocupa muy poco, casi nada, a la ciudadanía, en comparación con otros asuntos también apremiantes y que hacen al día a día de la gente, como la inflación, la marcha de la economía en general y la inseguridad.
Esta mayoritaria indiferencia al delito público es la que lleva a inevitables comparaciones con el comportamiento de sociedades vecinas. Hay situaciones concretas que valen como ejemplo: las presidentas de Brasil y Chile enfrentan casos resonantes de corrupción en la función pública que producen un inevitable deterioro de la imagen pública de ambas. Para Dilma Rousseff es una incomodidad que debió enfrentar desde su primera presidencia y que le significó tomar decisiones valientes para apartar del cargo a quienes se comprobó que delinquían. En cuanto a Michelle Bachelet, se trata de una situación que le ha estallado recién con su joven segundo período de gobierno al estar involucrado un hijo, razón por la cual la mandataria trasandina debió reconocer el grave error y disculparse ante su pueblo.
En la Argentina no es fácil hallar comportamientos parecidos entre los funcionarios. El kirchnerismo gobernante desde hace más de una década nunca se expresó sobre tales irregularidades y los argentinos sólo se conmovieron por los ilícitos del poder cuando el inevitable peso de la Justicia independiente cayó sobre ex funcionarios, en algunos casos emblemáticos, que llegaron a las instancias tribunalicias. Pero muy poco, prácticamente nada, se hace desde las más altas esferas para reconocer errores y buscar corregirlos; el silencio de la Presidenta y su entorno íntimo sobre la vergonzosa situación de Amado Boudou y su permanencia en la Vicepresidencia de la Nación es el más claro ejemplo de cómo la dirigencia expande el mal ejemplo de la corrupción entre la sociedad. La reciente y escandalosa muerte de un fiscal que acusó al Gobierno de la comisión de graves delitos parece querer diluirse entre la ineptitud judicial y poco serios aspectos farandulescos.
Sería injusto sólo atribuir a las corruptelas kirchneristas este mal tan arraigado en la sociedad argentina. En estos casi 32 años de vida democrática hubo muchos otros claros ejemplos previos de impunidad y tolerancia con los funcionarios corruptos que seguramente contribuyeron a instalar la actual indiferencia popular. La época menemista marcó distancia al respecto.
Por ello, en este largo año electoral, que debe concluir con la asunción de un nuevo presidente, debería marcarse como una obligación de cada argentino de bien indagar entre los candidatos qué piensa de la corrupción enquistada en el país. Ojalá hubiera, entre los llamados a suceder a este gobierno, voces convincentes de mentes iluminadas que puedan convencer de la necesidad de caminar por senderos de rectitud a muchos de esos millones de argentinos que parecen no saber qué está bien o qué esta mal.
