El efecto Francisco (por el nuevo Papa) y las inundaciones de La Plata han producido una grave contrariedad a Cristina Fernández de Kirchner, que ahora pretende quitarlas de la atención de la opinión pública, al poner en el tapete la sanción, a "libro cerrado" y sin debate, de seis leyes para reformar la Justicia, propósito que ya anunció en su discurso al Congreso del 1 de marzo.
Además de ello, y de paso, se quiere poner "en caja" a la Corte Suprema y a los jueces que no se ajustan a lo que quiere su gobierno, sustrayéndoles competencias y prerrogativas y colocándoles sobre su cabeza una espada de Damocles, con la amenaza de sanciones o de destitución, que les pueden llegar desde la "mayoría automática" de un Consejo de la Magistratura adicto, que es lo que se quiere pergeñar.
Al Consejo de la Magistratura se le aumenta de 13 a 19 sus miembros, contrariando el criterio de la reforma anterior -impulsada por la actual presidenta-, por la que se los redujo de 20 a 13. En contra de lo que dispone la Constitución (Art. 114) a los jueces, abogados y académicos se les impide elegir a los consejeros que los representan y se dispone que los mismos lo sean mediante comicios generales, a través de partidos políticos, en "listas sábana", sin cupo para los residentes del interior, ni proporcionalidad.
Este proyecto, además, cambia la mayoría de dos tercios por la de simple mayoría cuando en el Consejo se voten las ternas para la designación de jueces o se los acuse para ser sometidos a juicio político.
Una de las leyes pretende dilatar, aún más, los 500 mil juicios que los jubilados han plateado a la Anses para que les reajusten sus haberes (porque más del 70% de ellos cobra el mínimo) cuando crea la Cámara de Casación Laboral y de la Seguridad Social, en Buenos Aires, por la que deberán pasar estos pleitos después de haber sido fallados por el juez federal -de su provincia cuando son del interior- y por la Cámara Federal de Seguridad Social, con sede, también, porteña. La nueva Cámara tiene una sala laboral y otra de la seguridad social, de tres jueces cada una. Una de ellas será el paso obligado para que los jubilados demandantes lleguen a la Corte Suprema, arrastrados por los recursos dilatorios que interpone Anses.
De ello se desprende que los jubilados del interior para que les reajusten sus haberes tendrán que litigar en 3 de las 4 instancias judiciales en Buenos Aires lo que, además de dilatorio y costoso, es contrario a la Constitución cuando dice que "los juicios criminales (? ) se harán en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito" (Art. 118), lo que debemos interpretar que esto vale, no sólo para presuntos delincuentes sino también y con mayor razón, para los inocentes jubilados.
Otro de los proyectos, el que limita las medidas cautelares, tiene por propósito evitar que los jueces decreten medidas preventivas, como las que impidieron la desarticulación del grupo Clarín y la expropiación de la Sociedad Rural. Pero lo que se dispone, puede dar pie a que mañana puedan decretarse expropiaciones que sean verdaderas confiscaciones, por no estar precedidas de la indemnización a la que obliga la Constitución, como las que decretaba, desde la tribuna, Hugo Chávez en Venezuela.
Pero además, insólitamente, autoriza a que los organismos del Estado puedan pedir cautelares para evitar que se afecten los servicios públicos, lo que puede ser aplicado en contra de manifestaciones, protestas, huelgas, etcétera, lo que no cabe en un Estado de Derecho. Esto se parece a la ley de amparo (16.986) de Juan Carlos Onganía, que obligaba a declararlo improcedente cuando se comprometiera un servicio público (art. 2 c).
Debemos aplaudir que una de las leyes dispone que la designación del personal de la Justicia Federal deba hacerse mediando concurso, como ya ocurre en la Justicia cordobesa o mendocina, pero ello debería imponerse, también, en toda la administración pública nacional, provincial y municipal.
Si lo que se quiere es que los magistrados sean genuflexos y que sus fallos se dilaten aún más en el tiempo, con lenguaje futbolero nos animamos a afirmar que la independencia de la Justicia argentina se va al descenso.
