Hoy la fiscalía federal le tomará declaración a los diez detenidos (entre ellos dos mujeres), bajo la calificación de secuestro extorsivo y que, de ser comprobado el ilícito y teniendo en cuenta la cantidad de involucrados, arriesgan una pena que va entre los 10 y 20 años de cárcel.
Ayer, según lo manifestado por el abogado Pablo Cazaban, que defiende a ocho de los detenidos, desde la Justicia se les levantó la incomunicación, oportunidad en que pudo dialogar con cada uno de ellos en su lugar de detención.
Desde su posición éste sería el "séptimo capítulo" de la película Relatos Salvajes. Y lo definió así: la presunta víctima Roberto Carlos Sosa (37), no es un desconocido para el grupo, sino que por el contrario ha mantenido tratos comerciales con relación al alquiler de vehículos para empresas petroleras pero pese al tiempo transcurrido y los reiterados reclamos por parte del grupo, nunca vieron el dinero reclamado.
Según trascendió este grupo integrado por Iván Díaz Ferrari de 27 años, Silvia Jaquelin Iannattasto (35), Roberto Carlos Salomón (40), Silvio Molina Sáez (41), Claudio Caza Castillo (45), Martín Díaz Ferrari (47), Ricardo Daniel Pérez Trigo (48), Osvaldo Daniel Encina (31) y Carlos Alberto Andino (42), acordaron una reunión con Sosa en busca de un "arreglo" al reclamo de que pagara sus deudas.
Reunión programada
Y así fue que se encontraron en un domicilio del barrio Los Parrales, en busca de "una solución", pero a la hora del arreglo la presunta víctima manifestó no tener el dinero para pagar y en cambio ofreció, a "modo de garantía", algunos electrodomésticos.
Para ello llamó a un taxi flete para que pasara por su domicilio en San Martín Sur al 400 de Godoy Cruz, situación que habría advertido a su esposa en forma telefónica.
El resto es conocido. La mujer denunció el secuestro de su esposo y el caso tomó estado judicial con intervención de la fiscalía de Godoy Cruz y también la fiscalía federal, y en un rápido procedimiento se detuvo a las 10 personas.
Ahora se conoció que los dichos de los presuntos secuestradores estarían avalados por la documentación secuestrada en el lugar. La Justicia habría encontrado allí "facturas y remitos" que validarían el trato comercial entre los detenidos y el presunto secuestrado. Además la reunión habría sido grabada en un celular que ahora también está entre el material que tiene la Justicia Federal en su poder.
Por su parte, Pablo Cazaban confió en llevar la calificación a una privación de la libertad, delito que tiene una pena mucho más leve y habilita la excarcelación de sus defendidos, además de que la causa pasaría así a la Justicia provincial.