Ocho de los once integrantes de la UOCRA La Plata, detenidos por asociación ilícita, entre ellos la mujer del líder de esa filial Juan Pablo “Pata” Medina, se negaron ayer a declarar ante el fiscal platense Álvaro Garganta, quien convocó a indagatoria para hoy al polémico sindicalista.
Los que callaron ante el fiscal fueron la mujer del “Pata”, María Fabiola García (47); la hija de esta última, Marianela Pagnoni (28); el hijo Agustín Medina (27), su pareja Lara Muñoz (24), el contador del gremio, Miguel Ángel Federico (65) y los sindicalistas Pablo Neves (40), Casimiro Gómez (45) y Rubén Roldán (57).
Todos están detenidos en la alcaidía de Melchor Romero de esta capital desde el miércoles a la madrugada, cuando el fiscal Garganta pidió su aprehensión por cometer el delito de asociación ilícita “utilizando como medio a los obreros” de la construcción.
Pero también están imputados en el mismo expediente Juan Pablo “Pata” Medina, su hijo Cristian “Puli” Medina y su cuñado David García, quienes fueron detenidos la noche anterior al resto en el marco de la causa que la Justicia Federal de Quilmes les sigue por extorsión y lavado de activos.
Los tres se negaron a declarar el miércoles ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y se prevé que harán lo mismo hoy ante el fiscal platense Garganta, quien los citó para primera hora en los tribunales de La Plata de avenida 7 entre 56 y 57, donde la policía ya planeaba montar un fuerte operativo de seguridad.
Según el expediente judicial, al que accedió DyN, “existen elementos suficientes para tener por acreditado que por lo menos desde hace seis años, un grupo integrado por al menos once personas, una de ellas como jefe, valiéndose de la circunstancia que esta última ocupa el cargo de Secretario General de UOCRA Sección La Plata, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por sí, o utilizando como medio a los obreros del gremio para tales fines”.
“Mediante actos intimidatorios y bajo la amenaza de parar las obras y trabarlas en conflictos gremiales, procuraron, de manera sistemática y de imposible cumplimiento sin un acuerdo previo, la concesión por parte de empresas y contratistas de importantes beneficios económicos, imposición de personal, cantidad del mismo y empresa proveedora de viandas, entre otras cosas”, agrega.
En la maniobra, según la hipótesis de la fiscalía, Medina, sus hijos y allegados se hacían presentes en las obras en construcción de La Plata y la región y, mediante actos intimidatorios, obligaban a que se incorporaran obreros de su sindicato, para los cuales luego fijaban una remuneración dineraria específica.
La imposición era “verbal” pero, si era desoída, Medina habilitaba amedrentamientos “con agresiones físicas y de armas de fuego, atacando a los responsables de las obras y también a quienes ya se encontraban trabajando en ella, evitando que continuaran con su desarrollo hasta conseguir su objetivo”, afirma la causa.
Agrega: “Esta maniobra sería utilizada por Medina Juan Pablo y sus hijos para obtener fondos dinerarios que volcarían en la adquisición de inmuebles, autos de alta gama y otros emprendimientos, como una panificadora de la cual se enviarían viandas a los obreros, también exigiendo que fueran pagadas por los empleadores”.
La Justicia cree estar pronta a capturar a Homs
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, aseguró a Los Andes que está pronta la captura del presidente de la empresa Abril Catering, Juan Horacio Homs, y de su esposa, Gabriela Betsabé Masselos, relacionados con el detenido secretario general de la regional La Plata de la Uocra, Juan Pablo “Pata” Medina.
El magistrado confirmó además que Homs y Masselos no se encontraban en su vivienda del barrio privado de Villa Nueva cuando la misma fue allanada por la Policía Federal.
“No los encontramos, ´pero los estamos buscando y pronto van a aparecer”, dijo sin dar más detalles el juez Armella. No quiso, además, anticipar información alguna sobre el presunto paradero.
Consultado acerca de cuáles son los presuntos delitos por los que ordenó la detención de ambos, Armella dijo que “en principio, el de testaferro”, y aclaró: “Partícipe necesario en el lavado de activos (en su condición de titular de Abril Catering, vinculada a los negocios de Medina)”. Ese delito tiene una pena de entre 3 y 10 años de prisión.
Corresponsalía
