El anuncio del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, relacionado con la implementación del impuesto interno a las bebidas alcohólicas, en las que incluye al vino, provocó la inmediata reacción de los sectores de la industria local.
El propio Gobernador de la Provincia decidió ponerse al frente de los reclamos, planteo al que se sumó San Juan y el resto de las provincias vitivinícolas.
Los tiempos se acortan y hay que actuar con firmeza, antes del envío del proyecto al Congreso, aunque generan preocupación las declaraciones del titular de la cartera de Hacienda, al insistir en su planteo -inconsistente y falto de fundamentos- respecto de los motivos por los que adoptó su decisión.
No se trata de impulsar medidas secesionistas o de profundizar la grieta entre el interior y la Capital Federal o entre las economías regionales y la Pampa Húmeda. Pero sí de reclamar cuando en Buenos Aires se adoptan medidas que van en detrimento de nuestra actividad económica.
Más preocupante aún es el planteo cuando queda demostrado que las decisiones se adoptan en total desconocimiento de la realidad y de lo que aseguran los expertos.
En ese esquema hay que incluir las declaraciones del ministro de Hacienda cuando, en su intención de fortalecer su posición, termina diciendo -haciendo mención al vino, pero sin nombrarlo- que "hay impuestos que generan distorsiones pero que van en el sentido de mejorar la salud pública y mejorar el costo de las externalidades negativas que en la salud se generan por el excesivo consumo de ciertos productos", asegurando que así lo señala también la Organización Mundial de la Salud.
Quizás por falta de información, el ministro no tuvo en cuenta las conclusiones a las que arribó un congreso realizado en Mendoza, en enero, sobre las bondades del reverastrol, una de las moléculas presentes en la uva o de las consideraciones de los organismos internacionales que señalan que el vino brinda beneficios para el corazón, reduce el estrés, ayuda a la prevención y tratamiento de enfermedades neuro-generativas y cuenta con compuestos que ayudan a la lucha contra el cáncer. El mismo Luis Pasteur calificó al vino como "la más sana e higiénica de las bebidas".
Otro de los errores en que incurre el funcionario nacional se centra en ubicar al vino como una bebida más, sin tener en cuenta que se trata de un producto incluido en el Código Alimentario, principal fundamento por el cual fue calificado como "la bebida nacional", ni tampoco que la propia industria destaca en las etiquetas que es necesario "beber con moderación".
No es la primera vez que nuestra principal bebida se ve afectada por iniciativas nacionales. En su momento en champán fue incluido entre las bebidas "suntuarias" y se le aplicó un impuesto, el que posteriormente fue anulado, pero por diferentes decretos y no por una ley.
Tiempo atrás, como consecuencia de la muerte de jóvenes en una fiesta, que habían mezclado alcohol (del fuerte, no vino) con drogas, la Legislatura porteña decidió prohibir la publicidad callejera del vino, medida que luego fue modificada por la reacción de las provincias vitivinícolas.
La aplicación de un impuesto al vino puede resultar un golpe durísimo para una industria que se encuentra en el máximo límite de competitividad en los mercados externos y con una fuerte y permanente caída en el consumo interno. Además, en lo económico, se trataría de la derivación hacia la Nación de más de cinco mil millones de pesos -de los cuales 3.500 aproximadamente corresponden a Mendoza- en concepto de impuestos.
En síntesis, preocupa la absoluta falta de conocimiento que muchos funcionarios nacionales tienen sobre lo que sucede en las economías regionales. Los funcionarios provinciales y las dirigencias del sector deberán insistir, entonces, en el reclamo correspondiente, con toda la firmeza que el caso exige.
