El planteo efectuado por una autodenominada Asociación de Ciclistas Urbanos de Mendoza, en el sentido de que se derogue la ley de tránsito, podrá tener muy buenas intenciones en lo referido a las posibilidades económicas de quienes transiten en ese tipo de vehículos, pero carece de fundamentos sólidos cuando se pone en la balanza el tema de la seguridad física de las personas. Lo que se busca con la norma legal respecto de la exigencia del casco es evitar que el ciclista pueda sufrir lesiones de gravedad si por cualquier circunstancia cae de su rodado, mientras la obligación de las luces se relaciona con la advertencia hacia conductores de rodados mayores.
La ley, que recientemente entró en vigencia, fija en su artículo 16 que los objetivos son los de lograr seguridad en el tránsito y la disminución de daños a personas y bienes; dar fluidez al tránsito, tendiendo al máximo aprovechamiento de las vías de circulación; educar y capacitar para el correcto uso de la vía pública y disminuir la contaminación del medio ambiente proveniente de los automotores. No sólo establece exigencias a quienes se movilicen en vehículos sino que también hace referencia a los peatones, a quienes se les otorga prioridad en el cruce de calles por sendas peatonales, pero también le impone obligaciones, como las de transitar por las veredas y prohíbe los cortes de calles en los reclamos. Medidas atinadas si nos atenemos a situaciones vividas en la provincia, esencialmente por planteos sindicales.
La norma hace referencia a las obligaciones que deben cumplir los conductores de distintos tipos de transporte y, en relación a los ciclistas, destaca que deberán transitar con casco reglamentario y en la bicicleta: luces blancas adelante y rojas atrás. Como se observa, se trata de exigencias relacionadas con la seguridad física del ciclista.
Es por ese motivo que llama la atención el planteo efectuado por una autodenominada Asociación de Ciclistas Urbanos de Mendoza, que presentó un pedido de derogación de la nueva ley, aduciendo que en otros países "ha quedado demostrado que esta obligación reduce el número de bicicletas en la calle", a la vez que impulsa juntar firmas para avalar su solicitud.
Quien se encuentra a la cabeza del reclamo asegura ser "consultor de movilidad y ciclismo urbano" y explicó que en las ciudades del mundo donde se ha exigido el casco, ha disminuido entre un 30 y un 40 por ciento el número de ciclistas, razón por la cual algunos organismos desaconsejan este tipo de medidas. Asegura que sólo el 10 por ciento de los usuarios de bicicleta cumplen con la obligación de la ley y expresa que la bicicleta es la opción más económicas y que medidas de este tipo perjudican a las personas de menores recursos, que no pueden comprar este tipo de elementos de seguridad y mucho menos pagar las multas en caso de incumplimiento.
No se pueden poner en tela de juicio las buenas intenciones del impulsor del reclamo en lo que a la situación económica se refiere y a la accesibilidad de mucha gente hacia los elementos, pero esos fundamentos se diluyen y pierden fuerza cuando ponemos en la balanza la seguridad del ciclista. En ese esquema podría resultar más provechoso que, en lugar de derogar la norma, desde las propias comunas o desde el Gobierno se faciliten las posibilidades de acceso de los elementos a los ciclistas.
Situaciones que podrían muy bien solucionarse a través de un diálogo constructivo entre los sectores a los efectos de eliminar cualquier tipo de presión de alguna de las partes. No debemos olvidar que se han presentado casos -como sucediera con algunas normas referidas a los motociclistas- en que la ley no pudo ser aplicada por el rechazo de los motoqueros que se consideraron estigmatizados y el resto de la sociedad se quedó sin saber si las medidas -destinadas a la seguridad- eran o no efectivas.
