Las declaraciones juradas de ex funcionarios tienen varias miradas y, con el correr de los días, los datos deparan nuevas sorpresas: algunas contradicciones en los sueldos publicados por funcionarios del mismo nivel o algunos sorprendentes patrimonios de agentes del Estado con responsabilidad de conducción, pero que gozaron del bajo perfil por no estar en la primera línea.
Así, por ejemplo dos ministros de la gestión Pérez aparecen cobrando distinto sueldo; aparece algún funcionario de muy bajo perfil consignando un Mercedes Benz u otro que evidentemente no duerme porque tiene cuatro trabajos. Además, aparecen familias de funcionarios con debilidad por las propiedades.
El lunes pasado Fiscalía de Estado publicó en internet el listado de bienes de funcionarios del gobierno de Francisco Pérez y dentro de un tiempo estarán publicadas las de los actuales funcionarios de Alfredo Cornejo. El hecho constituye una saludable apuesta por la transparencia.
Hay una gran deuda de toda la clase dirigente, que no sólo se refiere a la política: Mendoza no tiene una ley que obligue a todos los funcionarios que cobran un sueldo del Estado a publicar su declaración jurada de bienes. Éste es un pedido reiterativo, pero es curioso que tanto el Poder Judicial como el Tribunal de Cuentas no estén obligados a someterse al control de quienes pagan sus salarios con los impuestos.
Si bien la publicación no es completa y se reservan algunos montos de depósitos e inversiones, así como también direcciones de propiedades, aún así la herramienta permite poner el ojo en datos que a veces generan algunas suspicacias, aunque hace falta hacer algunas aclaraciones.
Lo escueto de los datos publicados no permite separar la paja del trigo y es posible ser injustos en las valoraciones, sobre todo porque no se puede comparar con la lista de bienes de cuando los funcionarios ingresaron a la Administración Pública, cosa que podrá verse dentro de cuatro años cuando se carguen las declaraciones de salida de los funcionarios del actual gobierno.
Cuando se llega a la función de gobierno, suele llegarse con alguna historia patrimonial y muchas veces la compra de un bien está atada a la venta de otro que se poseía anteriormente; incluso también existen las herencias que alteran el patrimonio de los herederos, pero eso no se aclara en la web de Fiscalía.
También sucede que se pierde perspectiva acerca de los valores de los bienes inmuebles consignados: la mayoría parece optar por el avalúo fiscal y es conocido que ese precio con suerte araña el 20% del valor de mercado de una propiedad; otros optan por el valor de compra. Sería bueno que el criterio fuera único y posiblemente vinculado a lo que se presenta en la AFIP en la declaración de Bienes Personales.
Hechas las aclaraciones, hay que mencionar una declaración llamativa: la del ex secretario de Medio Ambiente al final de la gestión de Celso Jaque y subsecretario de Obras Públicas con Pérez, Pablo Gudiño. Con las limitaciones de análisis ya hechas, Gudiño no declara su salario como subsecretario, pero sí consigna haber ganado 217 mil pesos como monotributista (es decir trabajo privado); también dice haber tenido otros ingresos de origen no determinado por 6.900 pesos y asignaciones familiares por 2.500 pesos.
También declara tener dos automóviles: uno desde 2008 y otro desde 2013 y una lancha Guembe 460. Además, declara cuatro propiedades, el 100% de una casa que tiene desde 2009 y el 50% de tres lotes, uno desde setiembre de 2013 y dos desde mayo de 2014.
Su esposa declara tener el otro 50% de esos tres terrenos y además se agrega el 50% de otros dos lotes que ingresaron a su patrimonio también en mayo de 2014.
Hubiera sido interesante que se consignara dirección o que cómo es que ingresaron al patrimonio tantas propiedades; puede que la explicación sea razonable pero, como figura en la web de Fiscalía de Estado, da para cualquier tipo de especulación.
Los salarios diferentes para el mismo cargo
Es llamativa la diferencia de salarios que consignan algunos ex funcionarios. Por ejemplo, el ex ministro Rodolfo Lafalla dice que cobraba $ 71.297, mientras que su par de Desarrollo Social, Cristian Bassín, dice que cobraba $ 41.764, mientras que el titular de Salud, Oscar Renna, dijo cobrar $ 43.170.
La realidad es que de acuerdo a la ley 5.811, todos deberían cobrar lo mismo, el 94% del salario del gobernador de turno. No faltan quienes digan casi con elegancia que la diferencia es por la falta de conocimiento a la hora de elaborar la declaración.
Lo que debería declararse es el valor bruto del salario, porque se considera que en los descuentos hay plata que va a la propia jubilación o a la obra social que paga gastos médicos, es decir que esos recortes del salario a la larga capitalizan al asalariado. Puede haber diferencias por descuentos extraordinarios como sentencias judiciales o por asignaciones familiares, pero parece raro que fueran tan abismales.
El que declaró correctamente parece ser el ex ministro Lafalla. Los otros colocaron el neto, después de los descuentos, incluido el impuesto a las Ganancias. Así aparece por ejemplo el ex subsecretario Diego Álvarez del Ministerio de Salud, subalterno de Renna, quien declaró un sueldo mayor que su ex jefe ministro: $ 53.720. Otro ex subsecretario, pero del Ministerio de Lafalla, Mauricio Guzmán, declaró $ 68.263.
Los más trabajadores
Hay un funcionario que no tiene tiempo para dormir y hasta podría aventurarse que el exceso de trabajo lo pone en incompatibilidad. Se trata del director de Asuntos Administrativos de la Fiscalía de Estado, Abel Albarracín, quien declaró cobrar $ 75.805. Además, es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y dijo cobrar allí $ 14 mil; también es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Champagnat con un sueldo de $ 35 mil y también litiga de manera independiente con un estipendio no determinado.
Hay otra funcionaria que declara tres trabajos es la ex directora de Planeamiento de la Infraestructura Escolar, María Inés Solá. Declara haber sido jefa de departamento en la DGE por algo más de $ 20.251, y dos tandas de horas cátedra: por unas cobra $ 958 y por las otras, $ 3.305.
Los propietarios
Además de Gudiño y señora, hay otros ejemplos de propietarios prósperos. Siempre con la aclaración de que la información publicada es escueta, llama la atención el caso del director de Mantenimiento y Reparaciones del ex Ministerio de Infraestructura Enrique Saieg. Tiene tres propiedades: una desde 2010, otra desde 2014 y la última de 2015; además su esposa tiene un lote desde 2012.
Saieg declara tener una empresa con la que ganó 15 mil pesos el último año y su esposa ejerce de profesora de Lengua y Literatura. Además de las propiedades declaran tres vehículos: uno desde 2008, otro desde 2011 y otro desde 2012.
Otra propietaria es la Escribana General de Gobierno Fernanda Caturegli, quien ocupa ese cargo desde febrero de 2015. Caturegli es esposa del ex director de Promoción y Desarrollo Deportivo y también secretario privado de Francisco Pérez, Sergio Isuani.
La escribana del Gobierno tiene un departamento desde 1998, con su correspondiente cochera; declara que en 2011 incorporó a su patrimonio una casa, en 2013 un lote y otras dos propiedades no especificadas en 2011; además declara un vehículo que posee desde 2014. Su esposo declara sólo un automóvil.
La última es la ex directora de Informática y Comunicaciones, María Fernanda Toledo. Declara cobrar 56 mil pesos, tiene una casa desde 2009 y en 2013 incorporó un departamento. El año pasado adquirió un BMW 120D modelo 2009.
