El público en general no llega a tener mucha incidencia en algunas decisiones políticas y económicas que adopta el Estado. Por ejemplo, un ciudadano no alcanza a intervenir decididamente en la mejora del tipo de cambio o en el descenso de la inflación, sin embargo, las personas, individualmente, pueden hacer mucho en remediar la preocupante situación de la inseguridad vial, tema de máxima prioridad en una provincia como Mendoza.
Porque la realidad en materia de incidentes viales y mortalidad sigue cuestionándonos severamente a los particulares y las autoridades que tienen que controlar este flagelo.
En el primer trimestre de este año el número de fallecidos en accidentes de tránsito no cambió con relación a 2017. En los primeros 4 meses del año, perecieron 88 personas como consecuencias de colisiones y vuelcos en distintos puntos de la provincia.
El dato es significativo y se desprende de los casos publicados por nuestro diario, ya que el Gobierno tiene otros parámetros para contabilizar los incidentes viales que derivan en fatalidad.
Lo hemos explicado otras veces: desde el Ministerio de Seguridad sólo se cuentan los fallecidos en el momento del accidente y no las víctimas que dejan de existir días después del siniestro, cuyo número es considerable.
De acuerdo a los datos que se disponen, en enero fallecieron 20 personas, 17 en febrero, 21 en marzo y 30 en abril, siendo el mes pasado el que más muertes registró (una por día).
Esas 88 muertes en 120 días derivan en una estadística de un fallecido cada 32 horas (sin contar los fallecidos que ya empezó a acumular mayo, 7 hasta el lunes pasado).
Los datos nos siguen dando mal, como en años anteriores. Si bien en 2017 el primer trimestre terminó con más fallecidos, la diferencia no fue mayor.
Lo relatado está ocurriendo -siempre con referencia a nuestro territorio- cuando objetivamente habría más elementos para pensar que los percances viales deberían tener una tendencia a la baja.
Las leyes viales se endurecieron y las multas subieron sus montos, siendo las más onerosas cuando el conductor comete dos o más faltas, con un cargo de $ 14.250; los controles en rutas no han disminuido (se podría discutir si son rigurosos o bien encaminados) y se dispone de sectores de la vía pública que vigilan con radares la velocidad de los vehículos, teniendo en cuenta que ese factor -los kilómetros/hora en que se desplaza un rodado- son determinantes al momento de una colisión.
También están de por medio los comentarios de Carlos Alberto Pérez, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien sostuvo en el Ciclo de Encuentros de Los Andes sobre Seguridad Vial que "Mendoza es una de las provincias en la que la gente más usa el cinturón de seguridad (86% de los conductores)y el casco entre los motociclistas".
Sin embargo no logramos exhibir grandes progresos y los números de la mortalidad en percances con automotores y motos nos hacen vulnerables en esta materia.
Nos inclinamos a pensar que de una vez por todas debería aplicarse la tolerancia cero al momento de conducir; los caminos deberían empezar a construirse con los parámetros de la Naciones Unidas a los que nos comprometimos al sumarnos a la Década Mundial de la Seguridad Vial.
"¿Notaron por caso, la cantidad de automotores atravesados por las puntas de supuestas defensas?", advierte por estos días el experto Eduardo Bertotti, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV). También debería reglamentarse la Ley de Promoción de la Educación Vial de la Nación Nº 27.214 y el Estado tendría que implementar la fiscalización de la flota vehicular que está en rodamiento, y en forma gradual y paulatina hacer salir de circulación automotores en muy mal estado.
Mientras tanto, el ciudadano debe esmerarse en conducir mejor, respetar las señales de tránsito y, sobre todo, reducir la velocidad lo máximo posible; todo eso redoblado en exigencias con respecto a los choferes de colectivos de corta, media y larga distancia.
