Los incidentes de tránsito seguidos de lesiones graves o muerte entre los protagonistas, nos siguen acosando como sociedad y pese a todas las fórmulas que se ensayan para bajar los índices mortales, los mendocinos no conseguimos despojarnos de ese estigma.
Estas últimas semanas hemos tenido hechos luctuosos en calles y rutas del territorio, y todavía no podemos dejar de conmovernos por el tremendo impacto que significó la muerte de cinco jóvenes, quienes regresaban de San Juan y se estrellaron contra un camión en la ruta nacional 40, a la altura de Jocolí (Lavalle).
Fue un accidente perturbador, conmocionante que nos obliga a preguntarnos qué habría pasado si ese viaje, que se realizaba a hora muy temprana, se hubiera pospuesto y los viajeros accedían a un descanso para mejor abordar las exigencias del camino.
Sea como fuese, los chicos malogrados en ese siniestro engrosarán (a futuro porque ocurrió este años) las estadísticas que determinan que en Mendoza se pierdan más años de vida que en el promedio del país.
Así lo estableció un estudio del Observatorio Nacional Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con datos de 2017, último de los años analizados. El informe se llamó “Estimación de la carga global de enfermedades de las lesiones de tránsito en Argentina”.
Para evaluar el impacto de los incidentes en una determinada sociedad se elabora una tasa que considera distintas variables como la expectativa de vida, la cantidad de siniestros y el tipo de lesiones de quienes sobreviven.
Esta tasa, conocida como DALYs (por su sigla en inglés, disability-adjusted life year, año de vida ajustado por discapacidad) es el indicador que refiere a los años de vida perdidos por fallecimiento y vividos con discapacidad por la presencia de enfermedad.
La tasa que arroja Mendoza es de 869 mientras que a nivel país es de 746. Como para tener una noción, los países con mejor desempeño en la seguridad vial acreditan una tasa DALYs de 333.
El estudio del Observatorio, como se ha señalado, aborda el costo social de la siniestralidad vial y comprende tanto los costos directos que se vinculan a la ocurrencia de la problemática (daños materiales, erogación de recursos en salud para la atención de los lesionados, y gastos administrativos, entre otros), como aquellos indirectos asociados con la pérdida de productividad por fallecimiento y la cuantificación inmaterial del dolor, sufrimiento y la pérdida de calidad de vida como producto de las lesiones por el tránsito. La estimación llevada a cabo arrojó que el costo social de la siniestralidad vial en Argentina para el año 2017 ascendió a 175.655 millones de pesos corrientes, lo que representa el 1,7% del Producto Bruto Interno del país para el mismo año.
Pero, lo que nos importa para el medio local es la baja calificación para la provincia según los resultados de esta investigación. No sabemos -de proseguirse con estos estudios por parte del organismo nacional- cómo estaremos posicionados en los años que restan analizar.
Por ahora el panorama no es halagüeño por la reiteración de siniestros de tránsito con penosas consecuencias. El Estado procura hacer su parte y ha aportado un endurecimiento de las leyes que reprimen la conducción de automores por parte de personas con nivel de alcohol en sangre no permitido. Los ciudadanos pueden responder favorablemente por acatamiento voluntario a las normas de un manejo defensivo y prudente, o por imperio del rigor de la norma. “Necesitamos conducta para los conductores”, sostenía el legislador Adrián Reche, en una reciente columna en este diario. Y adherimos al concepto porque la cantidad de siniestros que se podrían evitar con la adopción de pautas de prudencia y seguridad, es inversamente proporcional al dolor y desasosiego que generan los accidentes carreteros y más cuando son irreversibles.
