La última semana no ha sido de las más fáciles en la administración de Francisco Pérez. El miércoles pasado se conoció que la Nación quitó la prórroga del vencimiento de los 160 millones de pesos que Mendoza debe pagar en lo que queda del año.
Pero la falta de novedades en este sentido entusiasmaron en el Ejecutivo, donde todos los días miran las cuentas y se esperanzan en que el castigo se reduzca a una amenaza, a partir de las gestiones realizadas para postergar nuevamente el pago de la deuda. En contrapartida, desde Buenos Aires confirmaron que "ya están hechos los trámites para realizar las retenciones".
Esta versión no fue confirmada en Mendoza, y desde el lunes pasado el Gobierno chequea si la sanción de la Nación se consuma en el goteo diario que se realiza a las partidas de coparticipación. Esto a partir de la confrontación en la que quedó la administración de Pérez, cuando cuestionó el borrador de la ley de hidrocarburos por no beneficiar a las provincias. Esto le valió quedar “a modo de castigo” fuera de la reestructuración trimestral de las deudas, junto con Neuquén, Río Negro y Chubut -las provincias díscolas-. Una vez conocida la noticia, el Gobernador bajó la mirada e hizo camino para volver a la Casa Rosada a intentar nuevas negociaciones.
A partir del momento de “rebeldía” de Pérez, lo que está en juego es el pago de $ 80 millones correspondientes a este trimestre, acreditación que no se hará a través de depósito a un banco sino de un “débito” en los fondos que se envían a Mendoza. Al menos hasta ayer no se había producido ningún movimiento, tal como confirmaban en la Casa de Gobierno.
Pero el conflicto tiene su “día a día” y Juan Gantus, el flamante ministro de Hacienda, confirmó que no hay ningún descuento que confirme que la Nación cumplió en dejarla fuera de la firma trimestral del Programa Federal de Desendeudamiento (PFD).
“El Gobernador está trabajando muy fuerte en eso, no está cerrada la posibilidad de que Mendoza ingrese en una segunda etapa de mecanismo de desendeudamiento”, dijo el nuevo ministro, haciéndose eco de la promesa del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien anunció que las 4 provincias que quedaron fuera de la renovación trimestral (las que no adhirieron al borrador oficial de hidrocarburos) entrarían en un segunda tramo. Lo que no se especificó es cuándo.
"Esto funciona con retenciones inmediatas con el régimen de coparticipación y no hemos observado ningún descuento", dijo Gantus.
Pero desde Buenos Aires, fuentes ligadas al ministerio de Economía de la Nación confirmaban a este medio, en un estricto off the record, que todavía hay tiempo para cumplir con el castigo. "El proceso tiene unos días para hacerse y están los trámites para realizar las retenciones. Es decir, se lo van a cobrar a Mendoza; todavía no está la normativa para hacerlo", confiaron.
"La provincia podría judicializar el caso"
El diputado provincial Martín Kerchner (UCR) se refirió a la refinanciación y aseguró que “no queda otra que entender que ésta es una extorsión política que debería ser denunciada penalmente. Están discriminando a la provincia de Mendoza”, despachó.
Estos argumentos tienen que ver con las mismas reglas de juego impuestas por el Gobierno nacional. En diciembre, el programa que perdona los vencimientos de la deuda de cada provincia cambió sus fechas de renovación y pasó de ser anual a trimestral. Los motivos con lo que se justificó la reducción del plazo fue que la Nación haría un seguimiento fiscal de las provincias y, a las que cumplieran, se les otorgaría el beneficio. Esto fue interpretado por muchos como "un manejo discrecional" que el Estado haría con las cartas en sus manos.
