Todos y cada uno de los actores políticos que preparan una estrategia post-Cornejo miran con desconfianza los potenciales eventos económicos del futuro. La oposición ha puesto de relieve los desajustes macroeconómicos desde el inicio de la actual gestión en provincia y nación. El oficialismo y sus aliados esgrimen la idea del regreso de las malas prácticas y la corrupción si el peronismo recuperar el poder.
Esta situación se puede definir como “unos quieren, otros no pueden”. El PJ en sus distintas vertientes quiere y necesita discutir la economía, porque ese escenario le es favorable. En cambio el oficialismo se niega a debatir no solo estadísticas, sino también opciones de políticas públicas; en el primer caso ningún relevamiento oficial o privado expone números positivos para la gestión, y hablar sobre el final del mandato (40 meses desde la asunción del gobierno) del diseño e implementación de una batería de medidas para combatir la inflación se asemeja más a debilidad política que a oportunismo electoral.
Inflación
La inflación no es un problema reciente, golpea en distintas magnitudes a la sociedad argentina desde hace varios años, la diferencia radica en las afirmaciones de un Mauricio Macri candidato, cuando argumentaba que la inflación era producto de la impericia para gobernar. En el presente la administración Cambiemos le otorga a la suba de precios de bienes y servicios, status de exterminador de la esperanza de buena parte de la sociedad, por la incapacidad del gobierno para doblegar una tendencia de suba de los precios que los acompaña desde el inicio del mandato.
A nivel provincial el Gobernador Cornejo solo se limitó a “medir” las variaciones de precios, sin definir una sola acción que tuviera como destino morigerar el impacto negativo de la inflación. El IPC acumulado de Mendoza en 2018 supero en 6,1 puntos porcentuales la medición anualizada del IPC Nacional del Indec. El dato no solo es numérico, evidencia que la inacción de la actual administración en este tema potencia un paulatino proceso de desacople de la economía provincial con la nacional.
El anuncio de medidas económicas y sociales de mediado de abril pasado, no logran despejar los nubarrones de tormenta y el oxígeno político que busca Macri y el mejor equipo económico de los últimos 50 años para llegar con alguna posibilidad de reelección parece una meta difícil de alcanzar.
Producción y empleo
Una inflación creciente que incorpora tarifas de servicios básicos dolarizadas, impacta en la producción y el empleo. El número de pymes con problemas para darle continuidad a sus actividades creció exponencialmente. El freno productivo por incremento de costos y una libertad para importar sin restricciones tuvo un destino inequívoco, la pérdida de puestos de trabajo. Según estadísticas de la actual Secretaria de Trabajo de la Nación, la industria manufacturera de Mendoza contabiliza una pérdida de 3.252 puestos de trabajo asalariado registrado al comparar el 3er. trimestre de 2018 con igual trimestre de 2015.
La política monetaria instrumentada desde el gobierno nacional generó un franco deterioro de la producción y el empleo; los resultados obtenidos resaltan que los beneficios originalmente asignados desde los textos económicos, en la práctica al menos en la administración Macri no se obtuvieron. Básicamente porque una vez que los operadores del mercado logran predecir totalmente los cambios en la oferta monetaria, los precios y los salarios, los efectos esperados pueden ser neutralizados y por esa razón es que no hay impacto sobre la economía real.
Deuda provincial
La estadísticas oficiales identifican que la deuda consolidada tuvo un crecimiento del 229% de diciembre/15 a diciembre/18. A este incremento le debemos adicionar la composición por moneda: al finalizar el mandato del Gobernador Pérez, la deuda en moneda extranjera era de USD 460 millones y al cierre del año 2018 el monto adeudado es de USD 737,55 millones. Es necesario destacar que el monto vigente de la deuda en dólares se integra mayoritariamente por la emisión de USD 500 millones del Bono Mza’24 en mayo de 2016.
Los compromisos de pagos futuro en dólares de capital e intereses, obligará a la futura administración a evaluar prioridades como también generar certeza a los acreedores del recupero de sus acreencias, con el agravante que la operación del bono en dolares ha sido instrumentada bajo jurisdicción judicial del Estado de New York.
La estrategia del discurso anti-korrupción del gobierno UCR-PRO de Mendoza dio sus frutos pero se agotó a la luz de la evidencia empírica de una incapacidad institucional y operativa de la administración Cornejo para dinamizar y reposicionar a la economía provincial.
La oposición política tiene claro que el escenario post-2019 será de alta incertidumbre con una deuda consolidada que se puede calificar de “no sustentable”. Solo el oficialismo visualiza un horizonte sin contratiempos y propone la continuidad un modelo que ha fracasado.
