La Fiscalía de Estado solicitó un embrago para la empresa y los socios que estuvieron a cargo de las obras de reparación de la cúpula del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA).
Según informaron, los responsables de los daños ocasionados sobre el patrimonio provincial tras el incendio de enero de 2017, habría realizado varias maniobras para infracapitalizar y desviar patrimonios de las sociedades que utilizan.
Desde el organismo del control señalaron que los informes de bomberos y personal especializado detectaron que la causa del incendio fue la sobreexposición de una fuente de calor en el techo de la cúpula.
Esto debido a que la membrana que se colocó era textil y con material químico a derretir bajo una temperatura de 42 grados. Cuando lo que requerían los pliegos era membrana líquida, sin temperatura.
En el texto publicado en el sitio oficial de la Fiscalía de Estado, aseguraron que la empresa responsable, Dela S.A., estaría realizando una serie de maniobras para perjudicar a diferentes acreedores, entre ellos la provincia de Mendoza.
Explicaron además que la empresa ha realizado descapitalizaciones en diferentes sociedades y ha hecho un abuso de figuras jurídicas para triangular la titularidad de bienes.
Además, las investigaciones del organismo de control han que el señor Alejandro Balegno y la señora Laura Torrisi, serían la cabeza y denominador común de diferentes eslabones económicos que se intentan infracapitalizar y desviar patrimonios de las sociedades que utilizan.
Otra de las irregularidades que se detectaron en la empresa fue que los trabajadores que ejecutaron las obras en el ECA al momento del incendio no estaban registrados e incluso no había personal de dirección técnica en higiene y seguridad. Las pólizas correspondientes a ART tampoco habían sido acreditadas.
También se comprobó que los libros societarios no fueron presentados correctamente en la Dirección de Personas Jurídicas.
Personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Fiscalía de Estado detectó múltiples maniobras de evasión, triangulación y desviación de figuras jurídicas como sociedades de fideicomiso, entre otros.
Es por este motivo pidieron varios embargos preventivos sobre diferentes rodados, fondos en cajas de ahorro y plazos fijos, a fin de resguardar el patrimonio de eventuales deudores.
En tanto, el Fiscal de Estado, Fernando Simón, se ha constituido como querellante penal en las denuncias a fin de que se verifique la existencia de ilícitos penales.
Los contratantes
El secretario de Cultura, Diego Gareca, la directora del ECA, María Laura Tinte, la encargada de Compras, Margarita Videla y la ex directora de Administración de la Secretaria de Cultura, Judith Deiberato también fueron demandados en el expediente principal y se les reclama judicialmente por causa concurrente haber contribuido a la mala ejecución de los trabajos.
La Fiscalía de Estado entiende que hubo omisiones y groseros errores en la adjudicación a una empresa que no cumplía las exigencias de los pliegos y ponía en riesgo el patrimonio. El monto estimado de la demanda elevada alcanza los 20 millones de pesos más intereses.