Nicolás Maduro es consciente de que su gobierno no cuenta con el apoyo de los venezolanos. Es cuestionado en los diferentes estratos sociales y solo aquellos que cuentan con prebendas lo defienden, a un costo extremadamente alto: la desocupación, el desabastecimiento y la pobreza han ganado espacios, mientras no se observan en el horizonte cercano medidas capaces de modificar la situación.
En ese panorama, el presidente venezolano deberá enfrentar las elecciones legislativas del 6 de diciembre y si bien su continuidad como mandatario electo se mantendrá, un cambio en la conformación del Parlamento puede resultar fundamental, en razón de que podría llegar a dictar, en caso de contar con mayoría de la oposición, el llamado a un plebiscito para discutir el período presidencial.
El futuro para el actual mandatario es más que preocupante. Las encuestas indican que 90 por ciento de los venezolanos quiere un cambio; 80 por ciento culpa a Maduro de lo que está ocurriendo y 70 por ciento está decidido a votar contra un gobierno al que consideran incompetente.
Todo ello envuelto en una realidad incontrastable que determina que haya que hacer colas para comprar elementos esenciales como leche, carne o papel higiénico; con una inflación descontrolada que provoca que el salario de un mes alcance sólo para una semana y donde las denuncias de corrupción se multiplican a través de las redes sociales y de los pocos -muy pocos- medios periodísticos independientes que aún logran mantenerse en funcionamiento.
La revolución bolivariana, impulsada por Hugo Chávez, tuvo en su momento un gran apoyo popular, reforzado por unas fuerzas armadas “leales” en base a su importante nivel salarial. Con un mensaje antinorteamericano -a pesar de que Estados Unidos sigue siendo el principal comprador del petróleo venezolano- ganó en popularidad, aunque a un costo demasiado alto en lo que hace a la actividad industrial y agropecuaria.
Pero esa revolución se diluyó con la muerte de su mentor y Nicolás Maduro no encontró la fórmula de continuarla, a pesar del impresionante aparato propagandístico que se observa al ingresar a ese país, tanto en el aeropuerto internacional como en las calles de la capital.
El misticismo con que comenzó su mandato -sólo habría que recordar al pajarito que le anunciaba la presencia de Chávez- no le dio los resultados esperados y recurrió a diferentes vertientes en su afán de mantener su popularidad.
Llegó a poner en peligro la paz de la región al insistir en una diferencia limítrofe con Colombia; siguió con sus discursos duros contra el capitalismo y, frente a los hechos, continuó con su plan encarcelando o prohibiéndoles participar de las elecciones a los líderes opositores con causas sin ningún fundamento, como muy bien lo denunciara días pasados un fiscal federal que debió salir del país.
Han proliferado en los últimos días las denuncias sobre manipulación de las máquinas de votación, de generación de cédulas falsas y hasta de la “aparición” de una nueva agrupación política, prochavista, cuyas siglas son similares a las de la oposición y que irán a las elecciones con una boleta casi melliza y hasta con un candidato de igual apellido en el afán de confundir al electorado.
Pero lo más grave de todo fue la amenaza que días pasados dejó caer Nicolás Maduro al afirmar que “la revolución no va a ser entregada jamás”, en caso de perder los comicios, asegurando que en ese escenario hipotético pasaría a gobernar “con el pueblo y en una unión cívico-militar”.
Dijo que, en caso de perder, Venezuela entrará en una de las etapas más turbias y conmovedoras de su vida política y aseguró que defenderá “la independencia de Venezuela, cueste lo que cueste y como sea...”. Lo más irónico del caso es que el mandatario hizo esas afirmaciones durante un discurso en el que sostuvo la Constitución en sus manos.
En ese marco y frente a esa cruda afirmación, la comunidad internacional debe exigir la realización de elecciones libres en ese país caribeño y sostener la continuidad de un sistema democrático que, por los hechos, es muy poco respetado por la actual conducción gubernamental.
