La población de Mendoza vivió días pasados con consternación y contempló con una fuerte dosis de indignación las roturas producidas en la Casa de Gobierno, durante una protesta realizada por parte de policías retirados.
En primer lugar porque todo hecho de violencia provoca un rechazo inmediato de la ciudadanía y en segundo término porque quienes generaron los daños en muebles e infraestructura fueron quienes están obligados a custodiarlos.
De manera tal que alguien deberá hacerse cargo de los daños producidos, a la vez que significa un llamado de atención para las autoridades en razón de que quedó en evidencia la carencia de control para impedir que manifestantes lleguen hasta el mismísimo despacho del Gobernador.
No vamos a poner en discusión la justicia o no de este reclamo porque dejó de ser el eje central si nos atenemos a los graves hechos producidos inmediatamente después. No es entonces el hecho en sí sino la forma en que se llevó a cabo la protesta la que quedó en el eje de la tormenta.
Debemos partir de una base: los policías son los únicos trabajadores a los que no se les está permitido agruparse en un gremio en razón de que una medida de fuerza, como una huelga, pondría a toda la ciudadanía en un gravísimo peligro de inseguridad. Y en segundo lugar porque, al decir de algunos expertos en el tema, son los únicos trabajadores a los que se les permite llevar y utilizar un arma de fuego.
Otro aspecto es que, por más que se retiren, los “agentes del orden” no pierden el estado policial, razón por la cual están obligados durante toda su vida a mantenerse en esa situación.
Frente a ese panorama es que surgió no un gremio sino una mutual, a modo de organismo que les permita poder canalizar sus inquietudes. La deuda previsional es una de ellas y desde hace tiempo vienen planteando una solución. Lo hacen con marchas frente a la Legislatura y hasta con planteos ante la Casa de Gobierno.
Pero lo sucedido días pasados, con los daños producidos en las inmediaciones del despacho del Gobernador, sobrepasó los límites; no sólo estuvo en peligro la seguridad del mandatario, sino también la de las decenas de personas que habían concurrido para participar de un acto en el cual se iba a distinguir al Coro de la UNCuyo por sus 50 años de trayectoria.
Los manifestantes, reunidos en la plaza Independencia, se dirigieron a la Casa de Gobierno, ingresaron sin inconvenientes y, al parecer, el grupo se fue autopotenciando a medida que ascendía los pisos hasta que, al llegar a la antesala del despacho del mandatario, comenzaron los disturbios.
Es también incomprensible el reclamo de quienes participaban de la marcha por la actitud de los policías en actividad o por la decisión del jefe de la Policía, en razón de que sólo cumplieron con su deber, el de custodiar “la vida y la hacienda (los bienes) del Gobernador”, como señaló un profesional en el tema.
Tampoco se puede aceptar lo afirmado por uno de los dirigentes, quien indicó que “mandaron a un grupo de combate para reprimir”, y la pregunta que cabe es ¿qué hubiese ocurrido si se los hubiese dejado seguir ingresando por la fuerza a todas las oficinas? Los policías retirados tienen todo el derecho de reclamar por lo que creen justo, pero siempre dentro de los marcos legales, porque utilizando la fuerza están contradiciendo lo que defendieron dentro de la fuerza.
Por último, también es necesario modificar algunos aspectos de la seguridad en algunos edificios públicos. Tanto a la Casa de Gobierno, como a la Legislatura o el Palacio Judicial, la gente ingresa sin ningún tipo de inconveniente, cuando lo lógico y normal es que al menos deban identificarse. No se trata de una medida represiva, sino de una decisión que permita evitar cualquier caso desgraciado que pudiera presentarse.
