Los cuatro empleados del ministerio de Salud
acusados de estafar a profesionales con las matrículas
para ejercer medicina fueron imputados y quedaron libres bajo fianza.
Los tres hombres y la mujer implicados en un presunto caso de cobro de sobreprecios para la gestión de matrículas se presentaron hoy en la fiscalía de Delitos Complejos pero se negaron a declarar. Los cuatro fueron imputados por asociación ilícita, fraude al Estado y adulteración de instrumento público.
Según la denuncia pública realizada la semana pasada por la titular de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), Isabel del Pópolo, cobraban al menos $500 por certificados de matrícula cuando el valor establecido entre la entidad y el Ministerio desde 2010 es de $300.
La fiscalía cree que los acusados entregaban certificados falsos por el valor pagado para luego gestionar los verdaderos liquidando los $300 “oficiales” y quedándose con la diferencia. Con esta maniobra se habrían embolsado alrededor de un millón de pesos, cifra que aún no ha sido confirmada oficialmente.
Tras negarse a declarar, cada uno de los imputados pagó 50.000 para quedar libres bajo fianza.
Por el caso la UCR pidió interpelar al ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, en la Legislatura, pero el vicegobernador Carlos Ciurca –a cargo del Ejecutivo por el viaje de Francisco Pérez a China- lo rechazó de pleno.
Ciurca dijo que el ministro puede sentarse a “hablar” pero que no responderá a una interpelación porque, según considera, el hecho de haber denunciado penalmente el hecho demuestra su buena fe en la investigación.
El vicegobernador recordó en ese sentido que si bien fue Ampros quien hizo público el caso, fue Díaz Russo quien lo llevó a la Justicia.