Un total de 16 policías en actividad, 40 particulares, responsables de seis academias de conductores y cinco "gestores" (3 de ellos ex policías exonerados) están imputados de diversos delitos en una megacausa que lleva adelante la fiscal especial Claudia Ríos.
Todos tienen que ver con las entregas irregulares de licencias de conducir a personas que -por diferentes motivos- no hicieron los trámites legales para acceder a su carnet y optaron por el camino corto: pagar para poder tener el preciado plástico. Tanto coimeros como coimeadores figuran entre los imputados.
A todos les cabe la violación a la Ley de Tránsito provincial número 6.082, pero otros delitos varían de acuerdo con el papel que protagonizaron cada uno en las distintas maniobras. Los policías, varios de ellos con rango de comisarios, son los más comprometidos por su condición de servidores públicos. (ver aparte)
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La pesquisa comenzó a fines de enero de este año con una denuncia que en su momento la Fiscalía de Estado le hizo llegar a la fiscal especial Claudia Ríos a partir de una nota periodística publicada por el portal local Mdzol. Todo era en referencia a entregas de carnets que se hacían de un modo irregular en distintas oficinas dependientes de la Policía Vial donde se llevan a cabo esos trámites.
"En total son 26 causas que están encadenadas entre sí. Ya que una llevaba a la otra. Y de hecho es muy probable que esto no se quede acá", contó una fuente.
Los llamados "gestores" (esos que "facilitan" los trámites a aquellos que no quieren o no pueden hacerlos) fueron la piedra fundamental para la investigación. Rápidamente salió a la luz, a partir de pinchaduras de teléfonos, que muchos de ellos tenían contactos en distintos sitios donde se tramitan las licencias.
Así, aparecieron las oficinas de Maipú, Las Heras, Capital, Sipemon, Guaymallén, Chacras de Coria y Lavalle, entre otros lugares, donde estas prácticas eran al menos cotidianas. Se comprobó, por ejemplo, que algunos de los "gestores" entregaban tarjetas en las que ponían que se podía conseguir el carnet sin rendir el examen correspondiente.
La fiscal Ríos tiene a más de 40 particulares imputados de cohecho por haber pagado y accedido a distintos beneficios para lograr la tarjeta de conducir. "Eso es, por ejemplo, pasar el examen oftalmológico, no tener certificado de buena conducta y otras obligaciones propias de este trámite".
"Virtuales"
En la oficina de Licencia de Conducir de Lavalle, después de un allanamiento realizado a principios de año, se comprobó que había muchísimas licencias de conducir "virtuales". Es decir que las mismas figuraban en el sistema informático pero no contaban con su correspondiente legajo con declaración jurada en el que salen los pormenores del titular del carnet. "Esto cuesta más de 5 mil pesos", apunta un sabueso. El policía a cargo de esa oficina fue removido en marzo.
Todos los encargados de oficinas de licencia de conducir son policías y están a cargo del comisario general Gustavo Becerra, titular de la Vial. Hay que aclarar que muchos de ellos -por lo que se ha probado hasta ahora- no estaban al tanto de las maniobras fraudulentas que en ciertos casos las llevaban adelante policías de rangos menores. Y si estaban al tanto, de momento no se les han podido comprobar los delitos.
Sipemon
El caso de Sipemon (la oficina de Licencias de Conducir que quedaba en calle Mitre al 1200 de Ciudad) las irregularidades eran más delicadas ya que allí se entregan los carnets "profesionales", que incluyen a taxistas y conductores de carga pesada como camioneros y colectiveros. El comisario a cargo de esa oficina es uno de los policías imputados.
En esta dependencia también se daba lo de las "licencias virtuales", al igual que en Lavalle. También se comprobó que se otorgaban licencias a personas que venían a comprar sus carnets desde otras provincias.
En Maipú, los casos se sucedían con la misma liviandad que en los otros sitios. La fiscal Ríos imputó a la segunda jefa de esa oficina (una policía de 40 años) de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude a la administración pública, falsificación de documento privado y cohecho pasivo, "ya que a ella se le comprobó fehacientemente que recibía dinero a cambio de las licencias que otorgaba".
En cuanto a la falsificación de documento privado, se supo en los exámenes escritos, en Maipú se les daba a los aspirantes a conductores la hoja de papel para rendir con las respuestas correctas escritas con lápiz. "Para eso habían pagado unos 7 mil pesos".
El grado de corrupción llegaba a tal punto que los "beneficiarios" no pagaban el "Código 177" (se compra en Banco Nación o Bolsa de Comercio) ni el "Código de tasa X-NET 179", con lo que los detectives infieren que los responsables de las maniobras fraudulentas alteraban los controles de pagos al Estado.
De hecho, en un allanamiento efectuado el martes de la semana pasada en la casa de la mujer policía de Maipú, se encontraron declaraciones juradas y licencias de conducir "en blanco.
Particulares
Como los particulares no denunciaban el hecho de pagar coima, Ríos imputó a todos los que alcanzó a detectar y por eso la lista se le ha ido a más de sesenta personas.
"Está corroborado que todos los que pagaron no fueron engañados en su buena fe, por lo que también son partícipes del delito", siguió el mismo detective.
En cuanto a lo que sucede en las oficinas de Las Heras, no difiere demasiado de las anteriores. Allí también se han encontrado muchos casos de licencias "virtuales" que no tienen su correlato en el plástico. En Las Heras hay también un efectivo policial imputado.
Si se tiene en cuenta que en la provincia de Mendoza las muertes por accidentes de tránsito constituyen una suerte de mal endémico, el asunto de enviar a la calle y con un vehículo a cargo a personas que no han aprobado su examen, el caso toma ribetes mucho más trágicos que una simple coima, mordida o falta leve.
"Acá se está jugando con la vida de las personas", dijo en tono lacónico uno de los policías que investiga la causa de Claudia Ríos.
Escuelas de conducir que chocan
En la megacausa de la fiscal Claudia Ríos hay seis de las llamadas "escuelas de manejo" que han sido descubiertas en mecanismos muy desprolijos.
El modus operandi que más se repite tiene que ver con que cuando un efectivo policial se acerca a la escuela para tomar el examen teórico y firma el documento que un número de personas determinadas han aprobado; "bueno, cuando el policía se va, en algunas escuelas les incorporan a 15 ó 20 personas más que figuran como que han rendido bien y que el policía nunca las vio", explica uno de los sabuesos. En este caso, el delito es falsificación de documento público.
