El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, será investigado en la Justicia por un presunto delito en el desvío de fondos destinados al pago de jubilaciones hacia otros fines, como la cancelación de deuda con la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa).
Así lo dispuso ayer el fiscal federal Federico Delgado al formular el "requerimiento de instrucción" en una denuncia formulada por la diputada Elisa Carrió y la candidata a senadora Fernanda Reyes y que también alcanza a los secretarios de Finanzas y de Hacienda, Adrián Cosentino y Juan Carlos Pezoa, respectivamente. Esto significa que quedó formalmente abierta una causa penal para determinar si esos funcionarios públicos cometieron algún tipo de delito.
El fiscal elevó su dictamen al juez federal Julián Ercolini y le sugirió requerir cuatro expedientes administrativos al Ministerio de Economía y pedirle a la Auditoría General de la Nación (AGN) que designe un grupo de expertos para dar su opinión técnica sobre la maniobra denunciada.
Carrió y Reyes denunciaron no sólo el desvío de los fondos sino que éste fue hecho sin un instrumento legal que lo autorizara.
Para ello se basaron en cuatro resoluciones publicadas hace un mes en el Boletín Oficial (el 28 de junio pasado) pero firmadas ocho meses antes, en octubre de 2012. Además, sostuvieron que se comenzaron a aplicar en enero de 2012, antes de la firma de las resoluciones.
Dos de las resoluciones, la 341/2012 y la 84/2012, suscriptas en forma conjunta por los secretarios de Finanzas y Hacienda, impusieron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino la suscripción de una letra del Tesoro nacional por un total de 835 millones de pesos, con fecha de emisión en el 28 de noviembre de 2013 y vencimiento un año después.
Las otras dos resoluciones cuestionadas, la 290/2012 y la 75/2012, también fueron firmadas en forma conjunta por ambas secretarías de Estado y dispusieron la emisión de sendas letras del Tesoro en dólares.
La primera de ellas, a favor de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por un monto de 1.378.357.753 dólares con el objetivo de asegurar la cancelación de obligaciones asumidas con Pdvsa a través del contrato firmado el 22 de marzo del año pasado entre la empresa estatal Enarsa y Cammesa.
La segunda de las letras fue emitida a favor de Enarsa por un total de 21.642.247 dólares y para cancelar obligaciones de esta firma estatal que funciona bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal con la empresa petrolera venezolana.
"En palabras de los denunciantes, sin ley que lo habilite, sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos, intereses, etc..., se habrían emitido letras nueve meses antes de que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de gobierno o bien que tal vez se trate de una operatoria que está ocultando un delito mayor que debe ser investigado", sostuvo el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Si bien Delgado no puso en su dictamen calificación legal alguna, Carrió y Reyes habían hablado en su denuncia de un posible fraude a la administración pública y mencionaron otros dos delitos que podrían haberse cometido: violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, además de una eventual violación a la ley del sistema integrado de jubilaciones y pensiones.
Las denunciantes calificaron de "situación oscura y sospechosa" la "burda" operatoria denunciada y dijeron que debe ser investigada para "preservar el patrimonio público" y "sostener la publicidad de los actos de Gobierno" y no ocultarlos a la ciudadanía.
