El protocolo antipiquetes se aplicó en Mendoza antes que en ningún lado, al menos es lo que se comenta en Casa de Gobierno ante la imputación que ayer le notificaron a Federico Lorite, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) por entorpecer “la circulación del transporte por tierra” durante el paro nacional de ATE que se cumplió el miércoles 24 en Mendoza y el resto del país.
Lorite fue citado a declarar ayer en la Unidad Fiscal 1 de Capital. Cuando se presentó, se le notificó la imputación. Los próximos imputados serán la titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Autónoma), Raquel Blas, y el secretario general de ATE, Roberto Macho, quienes hasta la tarde de ayer aún no eran citados.
El expediente que une a los dirigentes de dos gremios distintos, pertenecientes a espacios distintos es el 21.439/16 caratulado “Fiscal contra Blas, Macho y Lorite”, que tramita la fiscal de instrucción número 3 Daniela Chaler.
Decir que estas imputaciones son las primeras consecuencias del protocolo antipiquetes no es estrictamente correcto, puesto que hay muchos dirigentes gremiales con experiencia en entorpecer la circulación vehicular.
De hecho, Blas es una con antecedentes de este tipo. Ella dice: “No es el primer gobernador que intenta criminalizar la protesta” y recuerda cuando se la imputó por una asamblea realizada sobre calle Alem, en la puerta del Hospital Central. Y otra vez en una movilización contra la minería.
El protocolo antipiquetes no es más que una voluntad política puesta de manifiesto por el gobierno de Mauricio Macri y a la que el gobernador Alfredo Cornejo adhiere.
La imputación judicial sobre Lorite, Blas y Macho es por un delito previsto en el artículo 194 del viejo Código Penal. Ese artículo dice que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Un delito de tres meses a dos años de prisión es excarcelable. Pero si se suman las condenas, algún dirigente podría ir preso.
Como se dijo, no es nueva la figura delictiva, lo que es nuevo es la voluntad política de “controlar” las manifestaciones. Y es acá dónde apunta la dirigencia sindical de los estatales.
“Soy el primer imputado a nivel nacional. No me preocupa, pero sí lo que significa en lo institucional. Marca una tendencia represiva del Gobierno. Ni siquiera en 2001 pasó algo así en Mendoza. Cornejo inaugura la metodología del apriete y la criminalización de la protesta” decía Lorite ayer, con los dedos aún manchados por la tinta con la que le tomaron las huellas dactilares. Blas argumenta que el “Gobierno intenta amedrentar a los trabajadores”.
Lorite dice que le preocupa la reacción que pueda producir la imputación en los trabajadores. “Estamos en plena paritaria docente, se vienen las otras paritarias, hubo una tanda de despidos en Administración central y en el Casino y habrán más”.
Luego comenta asombrado que se han apostado tres policías por piso de Casa de Gobierno, una medida que también es notoria y parece estar dirigida a los sindicatos.
Desde el Gobierno mostraron satisfacción. Así lo expresó el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino: “Estamos conformes por la actuación de la Justicia y consideramos que con su accionar se establecieron las responsabilidades que correspondían. Claramente los derechos son relativos y no absolutos, es por ello que la posibilidad de protestar, como el resto de los derechos tienen un límite, que es el de todos los ciudadanos, en este caso el derecho es circular libremente. Se puede protestar y hacer manifestaciones públicas, siempre y cuando no se cometa un delito”, aseguró el funcionario.
Avanza la unificación de las CGT locales
El escenario ha cambiado. Uno de los elementos que dividía a la CGT era el kirchnerismo. Hoy, con Mauricio Macri en la Nación y Alfredo Cornejo en la Provincia, no hay motivos para que la CGT local esté partida en tres. La expectativa es que el 30 de marzo la Confederación General del Trabajo de Mendoza vuelva a estar unificada.
Tal como sucede a nivel nacional, en nuestra provincia estaba la CGT “oficial” que conduce Rodolfo Calcagni (Sipemom), la CGT disidente de Jorge Córdova (Petrolero) y el Movimiento Sindical por la Lealtad que supo conducir otro petrolero, Dante González, y que ahora, también está buscando rumbo.
El jueves a la noche hubo un encuentro en el Sindicato de Canillitas. Allí se acordó la conformación de una comisión técnica normalizadora, conformada por tres representantes de cada uno de los espacios sindicales, más uno por ATSA (conducida por Juan Carlos Navarro, que no está en ninguna de las tres facciones) y uno por el nuevo gremio integrado a la CGT, Sitea, que conduce el ahora imputado Federico Lorite.
Esa comisión deberá tener los problemas formales de la unificación resueltos (estatutos y demás cuestiones legales) para el plenario del 30 de marzo, fecha estimada porque ese día en 1982 fue herido Benedicto Ortiz durante una movilización sindical contra la dictadura militar.
El problema es que no sólo lo legal tiene que estar resuelto, sino también la posición política de la central obrera unificada.
