El fiscal federal Jorge Di Lello imputó ayer a la madre de la ex presidenta Cristina Fernández y a directivos del Correo Argentino desde que se firmaron los convenios con la cooperativa “El Aldabón”, en una causa que podría salpicar al empresario Franco Macri, padre del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Según el dictamen, Di Lello imputó a los responsables de la cooperativa y a sus integrantes, Fotios Cunturis y Ofelia Wilhelm, y a “los directivos y/o funcionarios del Correo Argentino que tuvieron participación en la celebración de los diferentes convenios entre la mencionada cooperativa y el órgano estatal”.
El Correo fue transformado en una sociedad anónima en 1993 y en 1997 fue cedido en concesión al grupo Socma, de Franco Macri, hasta que en 2003 la entidad fue estatizada por disposición del entonces presidente Néstor Kirchner.
El titular de la cooperativa y socio de la madre de Cristina afirmó que el primer convenio con el Correo se firmó con el grupo Macri, por lo que el fiscal Di Lello pidió que se investigue esa situación.
La cooperativa, que inició sus actividades en 1994, debía prestar al Correo el servicio de “finishing” de los envíos de ARBA, es decir el “empaquetado, preparación y repartición de la correspondencia”.
La denuncia fue impulsada por la diputada Elisa Carrió, y el fiscal Di Lello pidió investigar “la simulación de una relación contractual entre una cooperativa que no opera como tal, el Correo Argentino y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) con el consecuente desvío de fondos en detrimento del Correo Argentino por al menos 10 años”.
La denuncia de Carrió apuntaba a que “luego de la estatización del Correo Argentino se habría celebrado el convenio con El Aldabón Ltda. que implicaría una cuota de repartición de correspondencia, dado que el Correo subcontrataba a la cooperativa”.
Carrió también dijo que “el valor del convenio citado sería de aproximadamente 61 millones de pesos tan solamente en cinco de los diez años de duración del contrato (entre 2011 y 2015), cobrando relevancia que la cooperativa no estaba registrada como prestador oficial de correo y por tanto el Correo Argentino no podía subcontratarla”.
Además, dijo Carrió -según refleja Di Lello en su dictamen- la Resolución 360/75 del INAC (actual INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) prohíbe expresamente a las cooperativas de trabajo la tercerización del trabajo por períodos tan prolongados y que se podría estar simulando la figura cooperativista como un mecanismo de evasión impositiva.
Si bien la denuncia hace hincapié en que se habrían desviado “del Correo Argentino no menos de 61 millones de pesos, durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, a la cooperativa El Aldabón Ltda. integrada por su madre Ofelia Wilhelm y el Sr. Fotios Cunturis”, Di Lello tomó nota de las declaraciones radiales de este último -dirigente sindical- en donde sostuvo que “el convenio lo habíamos firmado con el grupo Macri (Socma) en 1994”.
Citó un artículo del diario La Nación de ayer: “Cunturis aseguró a Radio Continental: ‘El primer contrato de El Aldabón se firmó con la gestión Socma en el Correo y nunca se interrumpió’. La Nación accedió a un convenio con fecha 30 de abril de 2003. Es decir, días antes de que asumiera Néstor Kirchner en el Gobierno y meses antes de que el Correo Argentino volviera el Estado”, reporta el escrito.
Frente a ello, el fiscal solicitó: a la Inspección General de Justicia, el envío de legajos correspondientes a la empresa Socma y la cooperativa Aldabón. Al INAES: la remisión de la resolución 360/75. Al Correo Argentino: “un informe con los antecedentes del convenio con El Aldabón y precisiones sobre las autoridades que oficiaron como directivos desde su constitución, pasando por las etapas privada y pública”.
Di Lello pidió además a la diputada Carrió detalles de su investigación realizada por su cuerpo de asesores, y al fiscal Carlos Stornelli, que precise si se encuentra investigando a través de una causa penal o investigación preliminar de estos hechos.
Citan a la ex mandataria para tomarle las huellas
El juez federal Claudio Bonadío citó para el próximo 25 de noviembre a la ex presidenta Cristina Fernández para notificarse de la confirmación del procesamiento en su contra por la causa de dólar futuro, ocasión en la que se le tomarán las huellas dactilares.
Se trata de los trámites preliminares para que la causa comience el camino hacia el juicio oral, luego de que la ex presidenta desistiera de presentar un recurso de Casación para apelar el fallo.
De todas maneras, hay diez días hábiles después de la resolución de la Sala II de la Cámara Federal -firmada el último viernes- para que alguno de los procesados pida la revisión del fallo en su contra.
Por lo pronto, Bonadío citó a Cristina Fernández para notificarse personalmente de la confirmación de su procesamiento, cuando además de someterse a un informe socio-ambiental se le tomarán las huellas dactilares.
Para los días previos están citados otros procesados como el ex ministro de Economía y diputado kirchnerista Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli.
