La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue imputada ayer por el fiscal Guillermo Marijuán por presuntas irregularidades en el trámite por el cual rechazó el pedido de juicio político del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella.
Tras la imputación, el juez federal Sergio Torres ordenó un procedimiento en la sede de la Procuración, en el cual personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria retiró el expediente de juicio político contra Gonella.
La imputación a Gils Carbó y el procedimiento en la Procuración llegan apenas comenzada la feria judicial y luego de que a fin de año la Procuradora designó a 18 fiscales subrogantes en cargos claves que generaron polémica y mucha crítica dentro del Poder Judicial.
Inclusive se han presentado amparos -ayer lo hizo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN)- en los que se pide la suspensión de las designaciones que hizo Gils Carbó.
Esta nueva causa surge del expediente en el que el juez federal Claudio Bonadio investiga a Gonella por presunta violación de secreto, por la difusión pública de una causa por presunto lavado de dinero contra familiares y allegados del empresario español Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por “Manzanas blancas”, el mayor caso de narcotráfico del país.
Entre los investigados se encuentra la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, pareja de Temes Coto, que denunció que el caso fue difundido por el sitio web “www.fiscales.gob.ar”.
Gonella faltó a las citaciones a indagatoria que ordenó Bonadio -el fiscal sostuvo que hay recursos sin resolver antes de comparecer- y el juez lo declaró en rebeldía, le prohibió la salida del país y pidió su juicio político para que pierda la inmunidad de arresto que le da los fueros de fiscal y así llevarlo a tribunales por la fuerza pública.
Gils Carbó rechazó el pedido de juicio político porque entendió que no tenía fundamento y denunció a Bonadio por mal desempeño de sus funciones ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Pero el juez contraatacó: denunció penalmente a Gils Carbó porque sostuvo que al rechazar el juicio político supuestamente no habría cumplido con el protocolo de procedimientos ante el pedido de remoción de un fiscal, en este caso de Gonella.
Según Bonadio, Gils Carbó debió haberle dado intervención al Consejo Evaluador, creado por su antecesor en el cargo, Esteban Righi.
Marijuán imputó a Gils Carbó por los supuestos delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad" e intervino en la causa porque está subrogando a su colega Carlos Rívolo, quien se encuentra de licencia por la feria judicial.
Marijuán fue removido días pasados por la Procuradora de su cargo en la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES) y criticó duramente a Gils Carbó en una entrevista radial. “No nos llevamos bien con Gils Carbó, pensamos distinto. Me ha convocado a una reunión y yo no he ido porque la tengo imputada en una causa. Cuando la designaron como Procuradora estaba esperanzado. Pero yo creo que no transparentó la Procuración. Las cosas pueden cambiar”, dijo Marijuán el 29 de diciembre pasado.
En tanto, Gils Carbó sumó en esta causa una nueva denuncia penal, en este caso del dirigente y empresario peronista Juan Mussa. La acusación es por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato, cohecho y encubrimiento” y abarca a Gils Carbó, a Gonella y a Lázaro y Martín Báez. “Gils Carbó, más que la Procuradora, parece una cómplice de los funcionarios que debe controlar, en una suerte de ‘hada protectora’ de todos los delitos que cometen en el Poder Ejecutivo; una garantía implícita que cobija a todos los corruptos que quieran delinquir; un pacto que aceptó cuando la Presidenta le dio el cargo”, dijo Mussa.