La justicia citó a declarar a Graciana Furlotti, anterior titular de la DAABO, por presuntos sobreprecios con una empresa privada. La denuncia partió de la actual gestión del organismo y la lleva adelante el fiscal Juan Manuel Bancalari.
El organismo en cuestión es la Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (DAABO), que posee créditos a cobrar y varias propiedades obtenidas mediante defensa de créditos en subastas judiciales. Hasta el año pasado estuvo a cargo de Furlotti, elegida para ese cargo por el entonces ministro de Hacienda, Marcelo Costa.
La historia que se cuenta es que, al asumir la nueva dirección, y al ordenar las cuentas, aparecieron irregularidades con la empresa de seguridad privada que custodia esos bienes, como contar con menos agentes de los contratados. La empresa, Previseg SA, respondió que siempre se habían manejado así y que incluso había pagado para poder renovar su licitación.
Ante eso, en abril se inició una denuncia que hoy está en manos del fiscal Bancalari y la ex directora fue llamada para dar explicaciones.
Fuentes judiciales afirmaron: “La causa es por una contratación de la empresa de seguridad que vigila todos sus locales. Tiene una cantidad de inmuebles y mantiene sobre ellos un servicio de seguridad, al parecer este servicio estaba con un sobreprecio”.
Según la denuncia, la empresa ganó su primera licitación en 2006 y así lo hizo hasta que en 2013 le pidieron sobrefacturar y devolver sumas cercanas a los $90.000 más impuestos.
Desde el 1 de agosto de 2014 hasta el último pago en agosto de 2015, habría entregado dos veces unos $300.000 y varias veces más (sin precisar) unos $90.000, por lo que el monto ronda el millón de pesos. También la denunciante afirma que, al comenzar la nueva gestión, recibió amenazas para no contar cómo se habían manejado.
La causa concreta es contra Furlotti por el delito de peculado, ya que se denuncia que recibió dinero para que se renovara la licitación. Otro imputado en la causa es Gabriel “Luis” Brigas, sospechado de ser quien habría cobrado el dinero sobrefacturado a la empresa. En cuanto a Previseg SA, fue suspendida como proveedora del Estado y actualmente ocupa su función Star Group SA.
Después de una denuncia, deben encontrarse elementos que justifiquen citar a alguien para que se investigue en la causa. En este caso la evidencia que apunta en dirección a la hipótesis son informes del Tribunal de Cuentas y pruebas testimoniales. De todas formas, se afirma que hay por lo menos otras tres causas judiciales vinculadas a la DAABO.
Desidia y descontrol
Algunos empleados de la dirección opinaron en off sobre cómo era el trabajo en la anterior gestión. Hablaron de “una oficina totalmente desorganizada”: un organigrama sin funciones claras, una anomia reinante (sin autoridades de reemplazo claras), pases de expedientes y notas en mano, falta de procesos administrativos, reclamos sin número de nota y centralización de funciones en la directora.
“Ella trabajaba poco por semana. Si se iba un jueves a La Paz, lo más probable es que no la vieras hasta el martes de la semana siguiente”, comentó alguien con años en la dirección. Otro tema que mencionaron varios fue el de los reclamos presentados, ya que al parecer antes de ingresar al sistema eran revisados por ella y si no les gustaba no los ingresaba.
Los números de los informes del Tribunal de Cuentas no favorecen mucho a la administración anterior. Si bien en 2013 el número fue favorable, se debió a la venta de inmuebles que estaban bajo la órbita del organismo. Por otro lado, la DAABO debería ser una fuente de ingresos estatal, pero en 2014 ingresó cerca de 8,5 millones y gastó casi 12. En 2015, la diferencia negativa fue aún mayor con 5 millones de ingreso y casi 17 de egreso, de ellos 8,5 en gastos de “personal”.
Después de las elecciones de 2015, en las que Furlotti intentó competir por la intendencia de La Paz por el Frente para la Victoria (FpV), dejó el cargo. Allí comenzó un proceso de reordenamiento y Mauricio Iglesias asumió el 1 de febrero, ya en la era Cornejo. Consultado, compartió con pesar el panorama de haber asumido con un desorden administrativo y espera que el proceso legal “determine el nivel de responsabilidad de los funcionarios en esta situación”.
“Me parece un proceso de suma gravedad institucional. Más de lo mismo que fue la corrupción en estos años de kirchnerismo, acá es la escala mendocina. Me parece también que es la calidad de gestión de gobierno que tuvimos, empezando por el gobernador, continuando con el ministro de ese momento y terminando con la directora. Es más de lo mismo”, reflexionó Iglesias.
Este medio se contactó con Furlotti para conocer su opinión sobre los hechos denunciados. Finalmente, la anterior directora prefirió reservar su postura.
Un organismo con numerosos intereses
Cuando en 1996 se fusionaron los bancos oficiales de Previsión Social y de Mendoza, una serie de créditos a cobrar y algunos bienes se transfirieron a través de un proceso licitatorio. Por otro lado, aquellos que quedaron afuera los tomó lo que hoy es la DAABO: una repartición encargada de gestionar este paquete de créditos, inmuebles, bienes muebles y rodados, entre otros.
En un principio, la oficina estuvo bajo el nombre de EFOR (Ente de Fondos Residuales), pero en 2001 se disolvió y se creó la DAABO.
Para 2012 se habían recuperado $300 millones de una deuda original de $1.200 millones.
Fue en ese 2012 cuando la Provincia retomó la gestión directa de la cobranza judicial y extrajudicial de esos créditos. Antes esa tarea había estado tercerizada y, cuando finalizó la concesión a Cerecred SA, pasó a manos estatales. Actualmente, depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas dirigido por Martín Kerchner.
