Nélida Rojas, la líder de la agrupación Tupac Amaru en Mendoza, considerada por la Justicia "jefa de una asociación ilícita", quedó imputada en 24 causas y ayer fue trasladada junto a sus hijas a la cárcel de mujeres de El Borbollón. Su esposo, Ramón Martínez, que comparte la acusación como jefe de la misma asociación ilícita, fue llevado al penal de Boulogne Sur Mer.
La detención de Rojas y parte de su familia, el viernes, fue una decisión judicial forzada por los propios imputados, que se presentaron espontáneamente en la Unidad Fiscal de Investigaciones, enterados de que habían sido autorizados 24 allanamientos que iban a ejecutarse junto con su detención.
Justamente, el haberse anticipado a la medida judicial en su contra se transformó en una ventaja para la familia Martínez-Rojas. Aunque ellos quedaron detenidos, al menos la inspección judicial en sus domicilios y otros sitios para buscar documentación perdió sorpresa y puede que ahora ya no tenga los resultados esperados por los investigadores.
La noticia conmocionó al kirchnerismo, que ayer mismo salió a repudiar la decisión y calificó a la mujer como “presa política”. Los abogados admitieron que se enteraron del allanamiento el mismo viernes. ¿Cómo? A través de “una radio comunitaria”, dijeron.
En la Justicia, ya se inició una investigación administrativa interna para descubrir la fuga y paralelamente una causa penal para determinar si se cometió un delito en esa filtración. Las miradas apuntan al Sexto Juzgado de Garantías, que fue donde se tramitó la autorización para los allanamientos.
Gabriela Chaves, la fiscal a cargo de la causa, admitió que hubo “evidentemente una filtración de información” y que “la detención estaba prevista para el lunes”.
Gonzalo Nazar, fiscal adjunto en lo Penal (segundo del procurador general), relató que “el lunes pasado la doctora Chaves ya tenía en mente realizar los allanamientos. El jueves inició gestiones ante el Sexto Juzgado de Garantías porque esto exigía coordinación entre las distintas áreas al tratarse de 24 allanamientos. Cuando finalmente la fiscal obtuvo la autorización del juez, resulta que se enteró de que en el segundo piso del Poder Judicial ya se encontraban algunos de los que pensaba imputar”.
Las causas
Según lo enunciado por Chaves, Nélida Rojas quedó imputada en 24 causas por los delitos de asociación ilícita (como jefa), extorsión, estafa, usurpación en la modalidad de despojo y coacción agravada.
Su hija, Leonela Martínez, quedó imputada en una causa por extorsión y como miembro de la asociación ilícita, mientras que Carla Martínez está imputada en nueve causas como miembro de asociación ilícita y algunas por usurpación.
Hay otros miembros de la agrupación kirchnerista imputados, aunque no detenidos. Sus nombres no trascendieron, pero se supone que eran los colaboradores más cercanos a Rojas, después de su familia. En la Justicia no descartan más detenciones.
Chaves relató que “la primera denuncia se hizo a fines de abril de 2015 y ahí arranca la investigación, que llevó bastante tiempo porque nadie quería hablar. En noviembre del año pasado hubo una explosión de denuncias de la misma gente de la Tupac”, tras las denuncias de algunos ex adherentes en el programa de TV Periodismo para Todos.
La fiscal asegura haber reunido pruebas suficientes para considerar que el accionar de la familia constituye un delito y por la calificación legal y el peligro procesal se ordena la detención”, detalló. Ahora, es el juez de Garantías el que debe disponer si se dicta la prisión preventiva.
Nazar negó que Rojas fuera una “presa política”, como denuncia el kirchnerismo, y aseguró que “no hay un trasfondo político en su detención”.
La defensa ya solicitó la prisión domiciliaria para toda la familia. En el caso de las hijas, porque son madres de dos pequeños (de 5 meses y un año y medio) y para los padres, por razones de salud.
Según Chaves, ya se inició el trámite para disponer la detención domiciliaria de Carla y Leonela Martínez, pero antes debe responder el director del penal de mujeres si es posible colocarles un dispositivo de geoposicionamiento y la Policía de Lavalle, donde viven todos, debe hacer la constatación de domicilio.
En el caso de Rojas y su marido, el Cuerpo Médico Forense los examinó ayer a la mañana y en ambos casos se determinó que están en condiciones de estar detenidos en el penal con el tratamiento médico adecuado.
Cuando se le consultó a la fiscal qué pena correspondería a Rojas por los delitos que se le imputan dijo que entre 5 años y un máximo de 50, por la acumulación de causas.
El futuro de las casas paralizadas
Lo que en principio fue un supuesto, quedó luego oficializado: la Nación finalizó el “Programa Federal de integración Socio Comunitario”, por el que existió la Tupac Amaru. No obstante, quedó la promesa de que se terminarán las casas en ejecución, las cuales seguirán ahora con el nuevo Plan Nacional de Viviendas que anunció el gobierno de Mauricio Macri la semana pasada.
Pero en Mendoza, la denuncia y la auditoría frenaron los desembolsos nacionales, lo que en cierta forma paralizó las obras emprendidas. En total, sólo se terminaron 250 casas de las 1.231 que inició la Tupac. El resto, las 981, está con distintos grados de avance.
El titular del IPV, Damián Salamone, dijo que el dinero recibido está a la espera de los avances de obra, que debe certificar cada municipio.
-¿Cómo será la metodología con aquellas casas sin terminar?
-El vínculo directo de la cooperativa de trabajo es con el municipio. En el caso de no poder proseguir con el financiamiento vigente, a través del remanente que quedó del programa, la municipalidad debería rescindir el contrato con la cooperativa de trabajo, ya que éste es el único vínculo formal al programa. Pero, hay que aclarar, ésta es una decisión que deberá tomar la municipalidad. / Cinthia Olivera
