Imputación a ex intendente desató la polémica

Rodríguez está acusado en una causa por casas que no se hicieron y apuntó a Soto.

Imputación a ex intendente desató la polémica

Las polémicas por los planes de Vivienda continúan. El ex intendente de Tupungato, Joaquín Rodríguez, sus directores del área y dos técnicos fueron imputados por la Justicia Federal por entregar dinero a dos cooperativas que nunca terminaron las cerca de 70 casas que debían hacer. La causa está caratulada como "fraude a la administración pública" y la actual gestión municipal es la querellante.

De momento, esto es lo que investiga el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, a cargo de Walter Bento. Detrás, se alza una polémica que -ahora- tomó estado provincial pero hace años crece en el departamento. Los tupungatinos son los tristes testigos de este 'culebrón' en el que, mientras los políticos se cruzaban (aún se cruzan) en discusiones y denuncias, los vecinos comentaban estupefactos sobre Mini Coopers, cumpleaños con fuegos artificiales y otros derroches obscenos que atribuían a quienes debían terminar las viviendas en cuestión. 

A meses de asumir la intendencia, Gustavo Soto denunció a su antecesor por el faltante de 2 millones de pesos "que se entregaron a las cooperativas, pero no se ejecutaron". Sostiene que los montos ingresaron a una cuenta de la municipalidad y "ya sea por falta de control o por connivencia con las cooperativas", nunca llegaron a los barrios.

Por su parte, desde el sector de Rodríguez se quejan de que el actual intendente utilizó el tema políticamente. "Dejó caer la demanda que nosotros habíamos iniciado, por lo que no se investigó más a las cooperativas, y centró su denuncia en nosotros", dijo el justicialista, quien retrucó que "fue Soto quien faltó al deber de funcionario público".

El problema se basa en el incumplimiento de dos cooperativas, 'Ojo de Agua' y 'Mirador de las Estrellas', lideradas por los hermanos Blanco. Las casas quedaron a medio terminar y muchas están abandonadas, a riesgo de sufrir usurpaciones. Meses atrás, el municipio resolvió la escrituración del loteo y permitió que los mismos adjudicatarios las terminen.

“Los certificados de la discordia son dos. Cuando vimos que las cooperativas no cumplían, realizamos el informe técnico. Luego les enviamos tres cartas documentos y, por último, la demanda, que dejó caer Soto”, señaló Mauricio Vacari, quien con Gabriela Carletti son los ex directores de Vivienda que en junio fueron notificados de la imputación.

Las casas quedaron a medio hacer y muchas están abandonadas, a riesgo de ser usurpadas. Meses atrás, el municipio permitió que  las terminen los mismos adjudicatarios.

“Si el interés es que el pueblo sepa qué pasó y recupere el dinero, ¿por qué se opusieron a una comisión investigadora que propuse crear en el Concejo el año pasado?”, agregó.

Por su parte, el intendente Soto aseguró que “la demanda se cayó porque estaba mal planteada” y que Rodríguez la hizo “a las apuradas antes de irse, siendo que pasaron tres años y era vox populi en qué se estaban yendo esos fondos”. Además, negó que se esté investigando sólo a los funcionarios anteriores. “Nuestra denuncia fue contra la operatoria, en general”, aclaró.

Cuestionadas

A pesar de que el barrio que hizo en Tupungato deja mucho que desear -por sus serias fallas y falta de terminaciones-, la gente de la Tupac Amaru no tiene nada que ver con este juicio. Sí sus militantes protagonizaron incidentes en el municipio y el Concejo Deliberante (hay notas publicadas de 2012) para imponer sus condiciones en una operatoria. Pero esto no está vinculado con esta causa.

La situación irregular involucra a dos cooperativas que comandaban dos integrantes de una familia de Tupungato y cuya madre, inicialmente, militaba en el movimiento Evita. Lo cierto es que los Blanco luego aparecen más distantes de este grupo político. En las elecciones de 2015, uno de ellos fue candidato a concejal de la UCR, en una de las listas que disputó la interna con Soto. 

El jueves, dirigentes del Movimiento Evita en Mendoza emitieron un comunicado en el que se desvinculan del hecho fraudulento. Sostienen que no han llevado adelante programas de vivienda en Mendoza y que ni siquiera tienen personería jurídica que los habilite a manejar fondos en este sentido.

El texto reconoce que había un vínculo con la madre de los Blanco, pero agrega que “su conducta errática, que la llevó a acompañar a Cambia Mendoza en las elecciones de 2015 y a Encuentro por Mendoza en las últimas PASO, motivó la intervención del Movimiento Evita del departamento”.

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