El desafuero dispuesto por el pleno de la Cámara de Diputados y la posterior detención permitieron que uno de los símbolos de los hechos de corrupción más graves atribuidos al kirchnerismo, Julio De Vido, quede detenido y a merced de la Justicia, que lo viene investigando por una notable cantidad de acusaciones que lo involucran. Llegó a acumular 136 denuncias en su contra, 26 imputaciones por parte de la Justicia y 6 procesamientos.
Puntualmente, el ex hombre fuerte de los doce años de gestiones kirchneristas está en la cárcel por los presuntos sobreprecios en las compras de gas metano y los desvíos de dinero y otras irregularidades en el yacimiento minero de Río Turbio, en Santa Cruz.
Estos dos casos son claros ejemplos de la desmesura que caracterizó en muchos aspectos a las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y que tuvieron en De Vido, como titular de Planificación, a una suerte de gerenciador responsable de un sinnúmero de favores y negociados.
Es que en el tema gasífero se llegó a adulterar una operación por 2,5 millones de dólares con un buque que jamás existió.
Seguramente, la decisión del ex ministro kirchnerista de entregarse el último miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py, sin permitir que las fuerzas de seguridad lo buscaran en su domicilio, sea demostrativa de que De Vido tuvo plena conciencia de la gravedad de la situación que lo involucraba y, por lo tanto, de la inconveniencia de ser sometido a un operativo con el que no hubiese podido esconderse de las cámaras periodísticas, como hizo. De todos modos, se conocieron imágenes que lo llegaron a mostrar como detenido y sometido a los chequeos de rigor en la cárcel que lo recibió.
Por otra parte, la detención de De Vido fue posible gracias al saludable renacer de la vida institucional que se insinúa en la Argentina de estos días. No es habitual que la Cámara de Diputados proceda de la manera segura y firme con la que se dio paso al desafuero en este caso tan especial.
Y tampoco habíamos tenido en los últimos años antecedentes de resoluciones judiciales tan concretas para solicitar el cuerpo legislativo una liberación de beneficios que permitiese la detención inmediata de la persona denunciada e investigada.
El largo período de impunidad que gozó durante años De Vido, pese a las denuncias en su contra, que no son de ahora sino que se remontan a muchos años atrás, fue posible por el letargo timorato de muchos magistrados judiciales que durante los tiempos del kirchnerismo no se atrevieron a actuar con la celeridad recomendada por temor al descrédito y el escrache públicos o directamente al enjuiciamiento y destitución por el solo hecho de poner en la mira a figurones del poder de turno.
Y también fueron responsables de ese injusto goce de impunidad una gran mayoría de legisladores cómplices con los hechos de corrupción, que respondieron a lealtades muy poco edificantes, y opositores que no se atrevieron durante mucho tiempo a recurrir a los mecanismos que la Constitución y las leyes habilitan para juzgar la mala conducta de los representantes del pueblo.
Es de esperar que este caso tan emblemático marque un punto de quiebre en la tradición de otorgar impunidad desde la Justicia y el Legislativo a quienes se valen de su poder político para hacer de la función pública un negocio.
