“La ética y la transparencia no es sólo una obligación del sector público sino que compromete también al sector privado. Por eso, siguiendo los más altos estándares internacionales, pido al Congreso que debata y sancione la ley de Responsabilidad Empresaria”.
La frase fue dicha por el Presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Nacional, y al rato tuvo su eco en la tropa legislativa de Cambiemos.
“Así es, el Presidente nos pidió que la ley de Responsabilidad Empresaria sea una prioridad en la primera parte del año”, reconoció Mario Negri, el jefe del bloque radical en Diputados.
En el Congreso existen distintas iniciativas respecto a establecer un régimen de sanciones contra empresarios y corporaciones involucradas en hechos de corrupción contra el Estado.
Entre éstas, el Poder Ejecutivo envió en octubre pasado al Congreso su propio proyecto pero leyes como el Presupuesto, la reforma electoral o los cambios en el impuesto a las Ganancias, dominaron la discusión legislativa en el último tramo del año y postergaron el tratamiento de la iniciativa mencionada ayer por Macri.
El proyecto del PEN, de unas 36 páginas, habla de establecer “un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídica por delitos cometidos contra la administración pública y por el cohecho transnacional”.
La intención, dice el texto, es dotar de “mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las empresas prevengan la comisión de delitos contra la administración pública por medio de la implementación de programas de integridad, y cooperen con las autoridades, de manera de coadyuvar a una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal”.
El Código Penal sólo prevé sanciones penales, en este tipo de delitos, para personas físicas, pero quedan afuera las personas jurídicas, es decir las empresas.
Estados Unidos, España, y más cerca, Brasil y Chile, cuentan con una legislación que reprime a las empresas ligadas a delitos de corrupción contra el Estado.
El proyecto que el oficialismo pretende discutir, alude además a políticas impulsadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para que se tipifique como delito penal a la figura del soborno transnacional activo.
El proyecto de RSE busca establecer la jurisdicción de los tribunales nacionales para juzgar hechos cometidos en el extranjero “y la necesidad de contar con la definición legal de funcionario público extranjero o funcionario de organizaciones internacionales”.
La iniciativa también diferencia cuando el empleado actúa en beneficio propio o en base a instrucciones de la empresa que representa.
El artículo 16 se refiere a las sanciones. Las multas van del 1% al 20% de los ingresos brutos anuales de la empresa condenada. También puede haber una suspensión de actividades o de patente y marca “no mayor de 10 años”.
El artículo 29 establece que el producto de las multas obtenido se distribuirá en partes iguales entre los ministerios de Educación y de Salud.
Más cuestionamientos de la CGT de cara al 7-M
La CGT parece tener decidido realizar este año el primer paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri. Será después de la movilización a Plaza de Mayo, con réplicas en las principales ciudades del país, que convocó para el martes de la semana que viene. La medida de fuerza se realizará a menos que el Gobierno corrija sus medidas económicas.
Así lo afirmó a este diario el sindicalista de la sanidad bonaerense, Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT: "La movilización del 7 de marzo va a ser la expresión para que se genere una rectificación de políticas. Si no la hay, es muy probable que haya un paro nacional", dijo el diputado, al término del discurso del Presidente en el Congreso.
Daer, integrante del bloque que lidera Sergio Massa, cuestionó el mensaje presidencial, del que dijo que estuvo cargado de "frases muy retóricas, como la revolución educativa, que no dijo qué significa" y sostuvo que "de concreto no hubo nada".
“No tengo dudas de que este gobierno tiene un sesgo flexibilizador porque es un gobierno de empresarios”, lanzó Daer y también cuestionó los dos decretos que Macri anunció que dictará sobre conflictos de intereses entre lo público y lo privado.
"Esto no solamente tiene que ver con el Presidente, sino con sus funcionarios. El ministro de Energía (Juan José Aranguren) es accionista de Shell y el secretario de Comercio (Miguel Braun) es dueño de una cadena de supermercados (La Anónima)", espetó el sindicalista.
También Facundo Moyano, diputado massista y dirigente de la CGT, criticó el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa: “Presenciamos un relato nuevo, el relato M, después del relato K, donde los números distaban de la realidad”, dijo el líder del sindicato del Peaje e hijo del camionero y ex líder de la CGT, Hugo Moyano.
En diálogo con este diario, Facundo Moyano destacó, sin embargo, el reconocimiento “del pago de la deuda que tenía el Estado con las obras sociales, que implicó un salto positivo para las organizaciones sindicales que el año pasado se pudo concretar”.
