Alberto Fernández se autoimpuso un plazo de 180 días para que su Gobierno comience a mostrar resultados consistentes. Así, decidió echar mano a tres herramientas centrales: suba de impuestos, pesificación forzada y desindexación, además de una enorme concentración del poder de decisión y ejecución de políticas públicas.
"Es el primer paso para resolver la crisis", argumentó el ministro de Economía, al presentar en conferencia de prensa la "súper ley" enviada al Congreso, que casi, por cada uno de sus 86 artículos, generó un cimbronazo distinto.
El Gobierno tomó una decisión política: aumentará el gasto para proteger a los más pobres, pero no lo financiará sólo con emisión monetaria. Recortará la rentabilidad y los ingresos de algunos sectores vía mayor presión tributaria.
Además, al igual que sus antecesores (Mauricio Macri y Cristina Kirchner), Fernández usará dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Le colocará títulos públicos para disponer de plata fresca. Hasta el final de su mandato, el FGS podrá tener hasta el 70% de su cartera en bonos y letras. En la actualidad, el tope es del 50%.
También volverán las Letras Intransferibles, un mecanismo con el que el kirchnerismo erosionó las reservas del Banco Central entre 2011 y 2015. Fernández colocará estos instrumentos por 4.571 millones de dólares con un plazo de repago de diez años. Es decir, se usarán reservas para pagar vencimientos de deuda.
Para poder avanzar lo más rápido posible, Fernández pidió ayer al Congreso que antes de finalizar la semana declare emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
El objetivo es barrer con gran parte del esquema de gestión que dejó Macri y no dejar rastro de su política económica. "Está claro que fue un fracaso que sólo generó pobreza", dijo Guzmán.
En el corto plazo, antes de fin de año, el Gobierno aumentará salarios y jubilaciones por decreto y la ley de movilidad jubilatoria se suspenderá por seis meses. Aquí se generó mucho ruido dado que recién ahora la clase pasiva estaba por alcanzar a la inflación a la que venía corriendo de atrás, pero el objetivo oficial es la desindexación.
Para ejecutar todo, el Presidente pide que le deleguen facultades especiales para reasignar partidas y hasta modificar entes descentralizados. Una batería de medidas que le dan verdaderos "superpoderes".
El proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva tiene el objetivo implícito en su nombre, pero las dudas del arco político opositor y de los economistas es si con mayor presión tributaria la economía del país podrá rebotar.
Dólares escasos
Históricamente los argentinos resguardan sus ahorros en dólares. Van a la moneda dura cansados de experiencias traumáticas con el peso al que ya se le han sacado dieciocho ceros y en los últimos cuatro años se ha devaluado en un 84%.
Como los dólares escasean y los pocos que ingresan tendrán que ir a pagar la deuda, se aumentarán las restricciones para su acceso. Al precio de pizarra se le cargará un impuesto del 30%.
En el marco de escasez de dólares, Fernández pidió al Congreso facultades especiales para realizar las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad del pasivo.
Quieren que Guzmán y su equipo tengan las manos libres para negociar con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados. Evalúan proponer un período de gracia de entre dos y cuatro años y ya no niegan la posibilidad de una quita.
No obstante, el Gobierno se compromete a informar los resultados de esta negociación ante la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, del Congreso.
También en estos 180 días habrá decisiones para contrarrestar el aumento de la presión impositiva, en pos de que la actividad remonte tras cuatro años de estancamiento (2011-2015) y cuatro de caída libre (2015-2019).
Así, por ejemplo, el gobierno quedará facultado para iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente por el plazo de seis meses, y podrá intervenir por un año los entes reguladores de electricidad y gas.
Presión tributaria
Por otro lado, se instrumentará un plan de moratoria para el pago de deuda de las micro y mini pymes, con excepción de aquellas deudas vinculadas a las ART, impuestos de combustibles y sobre juegos de azar.
Habrá rebajas de contribuciones patronales para las empresas pequeñas y medianas pero para las compañías más grandes (más de 200 empleados) las duplican: de 11% a 20,4% para servicios y 18% para industria.
Por otro lado, habrá cambios en el ajuste por inflación de los balances de las empresas y se impondrá un impuesto al retiro de efectivo por parte de las compañías (salvo pymes): doble tasa del impuesto al cheque. Esto evitaría que se paguen sumas en negro.
Se aumentará además en forma progresiva el impuesto de Bienes Personales pero se mantienen exceptuados a pagarlo a los bienes que no superen los $ 3 millones. La vivienda unifamiliar no paga, excepto que su valor fiscal supere los $ 18 millones.
Se incrementa también la presión tributaria para los activos en el exterior: las alícuotas serán del doble que las que se pagan en el país. Quien los traiga a la Argentina quedará exceptuado e incluso podrá percibir una devolución por lo ya pagado.
También se incrementan los montos mínimos para el pago de impuestos internos a la importación de vehículos, motos y embarcaciones deportivas (ver aparte) y se duplican las tasas de estadística para importar bienes de consumo.
Por otro lado, Fernández decidió que los bonos, cajas de ahorro y plazos fijos en pesos no pagarán renta financiera. Así, desarma un impuesto que había establecido el Gobierno de Macri por insistencia del peronismo, con Sergio Massa a la cabeza.
Por otro lado, el gobierno estará facultado a imponer derechos de exportaciones: en el caso de la soja se eleva el tope del 30% a 33% y para el maíz y el trigo de 12% a 15%.
Quiénes pierden
Contribuyentes de Bienes Personales.
Con la modificación de las alícuotas, más personas quedarán incluidas en el impuesto. Especialistas aseguran que los montos a pagar triplicarán los de este año.
Turismo emisivo
La sobretasa del 30% aplicado sobre las compras con tarjetas en el exterior desincentiva la salida de argentinos y perjudica a las agencias de turismo emisivo.
Exportadores
El Gobierno Nacional aumentó las retenciones para la soja, el trigo y el maíz, entre otros productos agropecuarios. Como contraparte, algunos productos lograron una baja del impuesto.
Quiénes ganan
Jubilados.
Cerca de 4,5 millones de personas, entre jubilados que cobran la mínima y titulares de pensiones no contributivas, cobrarán dos bonos de $ 5.000.
Tenedores de plazo fijos en pesos.
El Gobierno Nacional decidió eliminar el impuesto a la Renta Financiera para las inversiones en pesos para promover la demanda de la moneda nacional y restar interés al dólar.
Pymes
Las pequeñas y medianas empresas recibirán varios beneficios, entre los que se destaca por ejemplo una reducción de las contribuciones patronales. Además, tendrían más plazo para pagar impuestos.
