Impuesto al vino: otra incoherencia argentina

Los principales productores mundiales de vino se encuentran en el viejo mundo. Francia, España e Italia poseen una producción más o menos similar entre sí, y juntos multiplican casi por 15 la producción argentina.

Estos países comprenden muy bien las bondades que genera esta industria sobre el desarrollo económico, al integrar múltiples sectores y generar un alto valor agregado. Por ello, entre otras tantas políticas de estímulo, en la actualidad estos países poseen menores cargas impositivas que el resto de sus vecinos europeos.

En promedio, el impuesto al valor agregado de los países productores es menor al promedio europeo, y los vinos no poseen impuestos internos adicionales (como sí sucede en otros países del bloque). Allí, donde la producción es relevante, se intenta maximizar todo el potencial que tiene la vitivinicultura en la generación de riqueza y empleo.

Impuesto Fijo al Vino en Europa. Euros por Botella de Vino. Año 2015.

Fuente: European Commission

Incoherencia Argentina

“más de 900 Bodegas elaboradoras / 400 bodegas exportadoras a 118 mercados / más de 17.000 productores primarios / 113 mil empleos (muchos de ellos rurales) / más de 200 bodegas abiertas al turismo / más de 1,5 millones de turistas a bodegas por año / Vino Bebida Nacional”

En apenas 20 años, Argentina pasó de ser un país productor vitivinícola prácticamente desconocido en los principales mercados mundiales, a convertirse en un referente indiscutido a nivel mundial; y hasta comienza a valorarse las enormes diferencias de los distintos “terroirs” locales.

Fueron numerosos los factores que llevaron a la explosiva trasformación y posicionamiento de los vinos argentinos. Lo cierto es que hoy, pocas cadenas productivas en Argentina poseen una generación de valor nacional tan elevada como la vitivinicultura; con una notable integración entre el agro, la industria, y servicios de alto valor agregado. Las oportunidades de crecimiento del vino (y el turismo del vino) son infinitas declaran los expertos.

Sin embargo, con la vitivinicultura argentina se practicó durante los últimos años una política “inversa” de industria naciente. Promover una industria naciente implica proteger y estimular una actividad incipiente para que en el futuro pueda consolidarse y ser competitiva. Con vino observamos todo lo contario, un sector ya consolidado y con enorme potencial, que es últimamente desestimulado con políticas incorrectas.

La vitivinicultura sufre desde hace años una crisis de causas conocidas: inflación, presión tributaria, falta de infraestructura logística, déficit de financiamiento. El cambio de gobierno generó expectativas muy positivas; muchos de estos temas olvidados ganaron agenda y se vislumbran soluciones de mediano plazo.

Sin embargo, el proyecto de reforma tributaria comete una impericia económica importante al pretender incrementar un 10% el impuesto interno al vino y echar por tierra cualquier intento de recuperación en la actividad. Los cambios tributarios son (en su conjunto) de suma “fuertemente negativa” para el vino. Todos los beneficios tributarios que se pretenden otorgar al sector compensarían apenas un 35% del nuevo impuesto interno a pagar.

Esta situación tendría efectos adversos desde la perspectiva de las ventas, producción y equidad. Diversos estudios para Argentina y otros países del mundo coinciden en que la elasticidad precio del vino es muy cercana a 1. Por lo tanto, el traslado del impuesto al consumidor reduciría el consumo de manera importante, rompería los equilibrios de stocks en bodegas, y afectaría negativamente al precio del vino y al precio pagado al productor de uva (eslabón más débil de la cadena).

A su vez, si el impuesto lo internaliza la producción primaria y elaboración, también sufriría el productor de uva con menores precios recibidos y las bodegas con menor rentabilidad. Esta situación replicaría lo que viene sucediendo en los últimos años, con resultados que pueden advertirse crudamente en las estadísticas: caída en la cantidad de productores primarios, caída en la cantidad de bodegas, caída en las exportaciones y cantidad de bodegas que acceden al mercado externo, más concentración en la elaboración, caída en la participación del productor primario en la cadena de valor.

El 80% del vino argentino se comercializa en el mercado interno, por ello, el impuesto resultaría letal para el corazón de una industria estratégica para el País, que aún no es correctamente ponderada en la política económica nacional. La vitivinicultura supo ganarse un lugar muy diferente al que pretende otorgarle el proyecto de reforma tributaria. Nuestros vinos merecen el mismo lugar que ocupan los vinos franceses, españoles o italianos en sus respectivos mercados.