Pasó un año desde la primera propuesta formal, y una negociación posterior con muchas idas y vueltas. Finalmente, Impsa consiguió convencer a sus acreedores “duros” de firmar, para asegurarse el 66% que exige como mínimo un acuerdo extrajudicial y así salir del concurso y de un default de casi 2 años con una deuda superior a U$S 1.000 millones.
Para eso tuvo que mejorar la última oferta, que significaba cederles un 40%: el flamante acuerdo contempla que los acreedores se sumarán como accionistas con casi 65% del capital de la compañía.
Ayer por la tarde, comenzaron a dar su aval al acuerdo algunos de los más “pesados”. Desde la compañía aclararon que se trata de la firma del resumen de Términos y Condiciones para avanzar en la reestructuración total de la deuda, la piedra fundamental del APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial) que pretenden presentar para que la jueza Gloria Cortés, a cargo de la convocatoria, lo homologue.
Con una euforia medida y resguardándose en la confidencialidad, desde el seno de Impsa evitaron hacer nombres. Aunque nadie niega que contar con la aprobación del BID (concentra casi 17% del total de la deuda) era clave.
Sin dar detalles, el responsable de Relaciones con el Mercado, Julio Dreizzen, oficializó a la CNV (Comisión Nacional de Valores) que “la Sociedad ha alcanzado un consenso con sus principales acreedores que se refleja en la suscripción del Resumen de Términos y Condiciones para la reestructuración consensuada de la deuda de Impsa”.
Lo que cambia
Está claro que la llave que destrabó el acuerdo fue mejorar la porción de acciones a transferir, una de las 3 patas para la reestructuración.
Ser dueños de un 65% definitivamente convenció mucho más a los acreedores que el último 40% propuesto, a través de un fideicomiso.
Por lo demás, el esquema original se mantiene y es probable que la cabeza de la compañía, Enrique Pescarmona, no llegue a ver su resolución. Es que, para saldar los compromisos que la pusieron contra las cuerdas hace dos años, Impsa se compromete a pagar U$S 546 millones hasta el año 2031.
El acuerdo, tal como sigue hasta hoy, contempla que los acreedores perciban U$S 221 millones de deuda “sustentable nominal” con un bono “par”, a cancelar en 15 años. Y otro tipo “discount” (a una tasa menor) de U$S 225 millones, en un combo que completa un pago adicional de U$S 100 millones.
Triplicar la apuesta
“Comenzamos con el proceso de firmas. Ahora hay que esperar, pero somos optimistas en lograr una adhesión mayoritaria a corto plazo, como para poder presentar el acuerdo preventivo en las próximas semanas”, consideró el CEO, Juan Carlos Fernández.
Fernández confiaba alcanzar en marzo el ansiado 66% de aval de sus acreedores para abrir el APE. Y si bien los plazos fueron estirándose hasta ahora, en la firma muestran satisfacción porque el porcentaje conseguido de avales es mayor.
Al respecto, el ejecutivo confió que “son muchos y tienen un peso importante para un proceso que ha sido agotador. Lo trascendente es que nunca nos desviamos del objetivo de darle continuidad a la actividad de la empresa”.
No obstante, algunos de los acreedores ayer eran más bien cautos. Desde la Gerencia de Banca Corporativa del Banco Galicia reconocieron que “Impsa mejoró sustancialmente la oferta en cuanto a la prenda de acciones. Pero lo estamos analizando antes de someterlo al Comité de Crédito”.
De una parte y de la otra reconocen que, cuando falta entrar a la recta final hacia el APE, una de las cuestiones que ralentizó la negociación es la composición de la cartera de acreedores atomizada. El dato: 8 de cada 10 del total de quienes invirtieron en las Obligaciones Negociables que Impsa no pudo saldar en 2014 son individuales, muchos representados por bancos y fondos de inversión.
Así fue que en casi 1 año la firma pasó de proponerles la cesión de 1/4 del paquete accionario a más de la mitad.
Planta para energías alternativas
El proyecto ya estaba en marcha y en medio de las negociaciones que mantuvo a Impsa en concurso, igualmente avanzó. La planta de Godoy Cruz dejará habilitada desde hoy una nueva nave para la fabricación de aerogeneradores, con la mira puesta en el énfasis que tanto la Nación como la Provincia quieren darle a las energías alternativas.
El presupuesto global fue de U$S 15 millones, dentro del cual la compañía recibió un subsidio cercano a los 18 millones de pesos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para desarrollar un equipamiento de última generación. El titular de la cartera, Lino Barañao, confirmó su presencia para el corte de cintas, junto a los anfitriones y autoridades del Gobierno provincial.
