Luego de las asambleas para terminar de consensuar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), realizadas en febrero, el camino parecía allanado para que Impsa terminara de reestructurar su deuda de U$S 1.136 millones que le costó más de dos años en default.
Pero casi tres meses después, la homologación de la Justicia Concursal sigue en compás de espera porque la compañía de Enrique Pescarmona, que cambió su CEO, aún adeuda documentación, según explicaron a este diario fuentes judiciales. Recién ahora acaba de lograr la “adhesión y aceptación” de sus principales acreedores internacionales.
Entre el viernes 12 y el lunes 15 de mayo se formalizó la adhesión y aceptación de la oferta del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que Impsa y su controlante Venti S.A. terminaron de cerrar el 27 de enero pasado, por el cual ceden a sus acreedores 66% de acciones, convirtiéndolos en los próximos socios controlantes de la firma.
Los que acaban de poner la firma son Corporación Interamericana de Inversiones (IIC), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID; la agencia de crédito a la exportación Export Development Canadá (EDC) y los bancos Bradesco, de Brasil, el segundo más grande de ese país y de América Latina, y el austríaco Raiffeisenbank.
Convencerlos era clave por su importancia: son los principales acreedores de Impsa. Juntos suman más de U$S 300 millones, casi 30% de la deuda total reestructurada.
“Estas adhesiones son de singular importancia ya que, juntamente con las de otros acreedores y de los tenedores de títulos denominados en serie en las Asambleas del 20 y 21 de febrero,permiten a la compañía alcanzar un 69,5% del monto total existente de Deuda Elegible, alcanzada por la oferta de APE”, consignó Hernán Iglesias, responsable de Relaciones con el Mercado, de IMPSA.
Por magnitud de la acreencia, el BID encabeza el nuevo grupo de firmantes con U$S 164 millones de un crédito otorgado en 2014 que a su vencimiento en 2015 seguía impago. De hecho, el incumplimiento derivó en una acción del banco ante la Justicia estadounidense para cobrarse con un "rastreo" de los activos de Impsa en todo el mundo.
Le siguen los U$S 66,2 millones reclamados por el EDC canadiense, y más atrás los U$S 60 millones del Bradesco brasileño, el segundo mayor banco privado del país vecino y también de América Latina. El Raiffeisenbank completa el cuarteto de los mayores acreedores internacionales, con U$S 11,7 millones.
Un nuevo CEO para la transición
Tras la puesta en marcha del APE, Juan Carlos Fernández, CEO de Impsa, dejó su cargo. Con 37 años de trayectoria, Enrique Pescarmona le había pedido en 2015 asumir el cargo para para ser piloto de tormenta durante el default y llevar a buen puerto las negociaciones.
Hoy lo sucede Sergio Carobene, un ingeniero con 20 años de experiencia en el negocio considerado "hombre de la casa". Sin embargo, los nuevos dueños, al ser mayoría, tendrán postestad para decidir el futuro de Carobene en el sillón de director general, así como también del resto de los cargos ejecutivos. Por lo tanto, el nuevo n° 1 en la jerarquía Impsa puede ser CEO de transición, como dan a entender en Impsa.
Los plazos para reestructurar la deuda de la empresa
El Acuerdo Preventivo Extrajudicial es, de la propuesta de pago a los acreedores, la llave que en su momento destrabó las condiciones del acuerdo y abrió la posibilidad de las asambleas en la sede de Impsa. Desde entonces la jueza Gloria Cortez, titular del 2do Juzgado de Procesos Concursales, aún espera el detalle para terminar de analizarlo.
“En el expediente se incorporó el informe de las asambleas pero la compañía aún debe presentar la propuesta para cotejar. Por lo tanto es de esperar que la resolución lleve tiempo”, explicaron a Los Andes fuentes del tribunal que entiende en causas de concursos y quiebras.
Aunque ya superó el 60% que exige la Justicia concursal para avalar un acuerdo extrajudicial, al holding de Enrique Pescarmona le quedan poco más de 10 días para terminar de sumar adhesiones. Es que el plazo vence a las 17 del miércoles 31 de mayo, salvo que haya un pedido de prórroga por parte de alguna de las compañías.
Por su parte, además de adelantar que Impsa “estará realizando las presentaciones correspondientes ante el Juzgado interviniente”, Iglesias señaló que la compañía “continuará trabajando a los efectos de culminar exitosamente el proceso de reestructuración de su deuda”.
Cabe recordar que la propuesta de APE fue presentada en enero último por Impsa, e incluyó la contratación de un asesor financiero para llevar adelante un proceso de venta de acciones.
“Lo que falta es formalizar la petición del APE ante el Juzgado, según lo que exige el artículo 42 de la ley de Concursos y Quiebras”, anticiparon desde el seno del holding.
Según los términos y condiciones del proceso de reestructuración presentado por Pescarmona y aceptado por los acreedores, el asesor financiero liderará el proceso de venta que deberá comenzar no más allá de la fecha de liquidación (31 de mayo) y ser completado en 2019, aunque podría extenderse el plazo, de haber un pedido de prórroga.
En este marco, la discusión será la de la futura cesión del 100% del conglomerado mendocino si aparece una oferta tentadora, contemplada en el “derecho de arrastre” (Drag Along) que incluye el APE.
Además, se ofrece a los acreedores la emisión de nuevos instrumentos de deuda por U$S 472 millones equivalentes, divididos en U$S 150 millones de Bonos Par sin reducción de capital, y US$ 322 millones de Bonos Descuento que tendrán un factor de canje de casi 0,326 centavos de Bono Descuento por cada peso de deuda elegible. Esto, más la transferencia a un Fideicomiso del 65% de las acciones de Impsa, propuesto “en beneficio de los acreedores”, según se informó.
