El Gobierno nacional finalmente blanqueó su intención de brindar un rescate a Impsa al menos hasta fin de año, con subsidios salariales y fondos frescos a cuenta de la acreencia por más de U$S 950 millones en proyectos energéticos desarrollados y sin cobrar aún en Venezuela y Brasil, como lo anticipó Los Andes. A lo que se suma un apuesta no menor en estudio: estatizar parte de su pasivo, superior a U$S 1.200 millones, mientras activa el salvataje.
De la intervención de una comisión tripartita, integrada por los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, de Industria, Débora Giorgi, y la AFIP, con la consigna de analizar "exhaustivamente” la situación de la multinacional mendocina surgió la decisión. La Nación se pondrá el traje de pivot para gestionar la cobranza a Venezuela y Brasil, transferir fondos a cuenta para oxigenar a la compañía e, incluso, se analiza renegociar la deuda que la llevó al default, técnicamente desde hoy, al no poder cancelar un vencimiento de Obligaciones Negociables (ON) emitidas en enero.
Actualmente, el pasivo con el mercado de capitales que forzó la cesación de pagos representa unos U$S 300 millones, parte del cual solventaría el Gobierno nacional para salir del paso. Otros U$S 700 millones, en cálculos de la compañía, provienen de inversiones comprometidas en los contratos para luego cobrar con la operación de cada central energética, modelo de negocio habitual de Impsa.
Mientras funcionarios del Ejecutivo local admitían en off the record que estatizar el pasivo “está en evaluación” como parte del megaplán de rescate desde la Nación, Giorgi confirmaba ayer en declaraciones a Radio del Plata que una reunión con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el propio Enrique Pescarmona fue decisiva para asegurar el salvavidas, a fin de que “la empresa mantenga puestos de trabajo y su calidad productiva”. A condición, advirtió, de “ejercer la defensa del aporte que haga el Estado, siendo par de otros acreedores que pueda tener” frente a problemas que, a su criterio, arrastra desde 2012.
Problemas que no han sido pocos y que Pescarmona expuso ante Giorgi y Kicillof, además de la inactividad en el país para una empresa con desarrollos de ingeniería y know how propios. Sólo en Brasil, el holding registra un juicio por U$S 150 millones, a causa de más de 30 meses sin cobrar un contrato de generación de energía eólica para repago de una obra de U$S 750 millones. A lo que se sumó un pedido de quiebra por no cancelar U$S 4 millones en junio.
“Estamos decidiendo en conjunto con Pescarmona un aporte del Gobierno nacional, en tanto y en cuanto se preserven los intereses del Estado”, precisó Giorgi, haciendo hincapié en mantener 1.700 puestos de trabajo a nivel nacional.
A recuperar la dinámica de Impsa se ata la llegada de $ 2 millones en subsidios para solventar salarios de 1.076 trabajadores de su planta en Mendoza a través del Programa de Recuperación Productiva. “No puede haber Repro ni sostén de puestos de trabajo si la empresa se cae”, resumió el ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, partícipe de las gestiones con Nación, para dejar en claro que el acuerdo en progreso es parte de un “tome y daca”. Lo hizo antes de volar hacia Buenos Aires, donde lo esperaba Tomada, coordinador de asistencia laboral.
Cuatro años sin proyectos
La cuestión de fondo es que Impsa recupere ritmo con nuevos contratos en Argentina. El último data de 2010 cuando, a través de Enarsa, había obtenido la concesión para repotenciar la Central Nuclear Embalse, por U$S 160 millones, a una rentabilidad del 7%.
En ese plan se dio un contacto informal, propiciado por Lafalla, entre Sofía Pescarmona, la hija de Enrique, y el CEO de YPF, Miguel Gallucio, durante la última visita de éste a Mendoza para anunciar una inversión en el yacimiento La Ventana, del cual surgió la propuesta de trabajar en la provisión de equipos extractivos a la petrolera e ingresar pymes proveedoras al Plan Sustenta que, en el afán de dar una buena nueva, anunció el gobernador Francisco Pérez pero la petrolera no confirmó aún.
El mandatario señaló que “es una situación delicada, que no sólo tiene que ver con pagos por cancelar sino cobrar los fondos trabados en Brasil y Venezuela, donde se está articulando con el embajador venezolano Carlos Cheppi, y con que la firma necesita trabajo”. A juicio de Pérez, “hay que ayudarla porque es una de las mejores empresas argentinas que desde Mendoza llevó su prestigio al mundo”.
Tratativas para modificar la estructura salarial
Pasó una nueva audiencia de conciliación desde que Impsa se declaró en crisis y las partes involucradas -la UOM y la empresa- convinieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 22 para analizar opciones.
“Hasta entonces se seguirán profundizando alternativas para reducir costos y esquemas fiscales más beneficiosos a fin de ganar tiempo hasta poder recuperar capacidad de trabajo, que está a un nivel muy bajo”, señaló el director de Recursos Humanos de Impsa, Matías Massera.
Entre las líneas de acción pretendidas está concederle a Impsa un diferimiento múltiple. Esto es, de impuestos (AFIP aprobó postergar el pago de IVA y Ganancias al menos hasta fin de año), y también de cargas patronales, en discusión con el titular de la Anses, Diego Bossio, hasta fin de año o principios de 2015.
A eso se suma un reacomodamiento de los salarios. Contempla transitoriamente convertir ítems remunerativos en no remunerativos y así reducir la base imponible.
“Hay que terminar de definirlo, pero en todo caso, en conjunto, equivale a poco menos del 20% de los costos que la compañía necesita ajustar”, completó Massera.
En cuanto a la llegada de subsidios a través del Repro, según el subsecretario de Trabajo, Rubén Boris “se están acelerando las gestiones para que puedan liquidarse con los haberes de setiembre, dentro de una propuesta de trabajo hasta diciembre”.
