El Gobierno nacional anunció en estos días una serie de medidas tendientes a calmar preocupaciones y expectativas especiales que generan las fuertes decisiones económicas tomadas en los primeros meses de gestión.
Los anuncios efectuados por el Presidente Macri, en un contexto claro de inflación y suba de tarifas de servicios públicos, tuvieron como eje la universalización de la Asignación Universal por Hijo, la devolución del IVA a los que perciben menores haberes y la creación de programas de empleo con la finalidad de cuidar puestos de trabajo, según las explicaciones que dio el primer mandatario.
Por otra parte, esta serie de propuestas buscó, indudablemente, salir al cruce de la luz de alarma que encendió el informe que dio cuenta de un nuevo aumento de la pobreza y la indigencia en los primeros meses de gestión del nuevo gobierno, siempre como arrastre del crecimiento de la endeble situación social que se fue gestando en los últimos años del kirchnerismo.
Paralelamente a estos anuncios, el problema de los despidos laborales, tanto en el ámbito estatal como en el privado, dio lugar a la primera gran movida de la oposición política en su conjunto, que se plasmó en un proyecto de ley de emergencia ocupacional respaldado en forma generalizada, incluso por los sectores partidarios que vinieron avalando las principales acciones iniciales del gobierno de Macri.
Es justo indicar, no obstante que, para alivio del Gobierno, experimentadas voces, como la del ex ministro Lavagna, asesor del ex candidato presidencial y actual diputado nacional Sergio Massa, se expresaron públicamente en contra de este tipo de iniciativas motorizadas en el Congreso.
Pero el clima de preocupación que comienza a percibirse en sectores de la sociedad, alcanzados por los ajustes tarifarios y otras medidas, obligó a la Casa Rosada, en la última semana, a reforzar los mecanismos de comunicación para difundir los alcances de las iniciativas anunciadas por el Presidente Macri, acentuando la idea de que dichas políticas puedan alcanzar a más de diez millones de habitantes del país.
Como resultado de todas estas decisiones, cabe destacar que ha resultado oportuno el Gobierno en su reacción a través de la adopción de políticas sociales que pretendan direccionarse hacia los sectores de la sociedad que requieren de la ayuda del Estado. Es un gesto de reconocimiento de que los efectos del muy necesario sinceramiento de la economía, que ha buscado implementar en poco tiempo el Ejecutivo, pegó más de la cuenta en la economía hogareña, en el bolsillo de la gente.
Es por ello que tal vez los anuncios presidenciales resulten no del todo suficientes ante el gran desafío que supone la inflación por estos días. Con más razón si tenemos en cuenta que la gran apuesta de las autoridades es lograr que los precios tengan un brusco descenso en el segundo semestre del año.
Atender a los sectores más vulnerables ante los ajustes dispuestos debe ser prioridad del Gobierno. En cuanto a la ciudadanía, debe ser consciente de que el momento es propicio también para realizar una revisión de la situación económica en cada ámbito familiar, cotejando ingresos y gastos, de modo de prepararse para un período de adaptación de las nuevas medidas que el tiempo dirá si fueron acertadas o no.
