Los Andes acaba de ocuparse de las bibliotecas de los barrios y los distritos, a través de una nota titulada “Puertas abiertas a la cultura popular”, publicada el primer lunes de este mes de diciembre. En Mendoza, según datos del Gobierno y de la Federación de Bibliotecas
Populares, hay unas 110 distribuidas por diferentes departamentos, la mayoría en zonas rurales o en barrios, y constituyen locales no siempre dotados de las mejores condiciones.
Pero están allí brindando su apoyo a estudiantes de los ciclos primarios y secundarios e inclusive, en algunos casos, otorgando auxilio a los cursantes de carreras universitarias.
Del total de establecimientos, que como se ha señalado supera el centenar, solo 50% se presenta a la convocatoria de la provincia para obtener el beneficio de la Ley 6.971 (de Bibliotecas Populares), que fue aprobada en 2002. Por aquellos años, el presupuesto asignado alcanzaba a unos 295.000 pesos para unos 40 establecimientos populares.
En la actualidad existen 110 bibliotecas y la dotación de dinero sigue siendo la misma, por lo que el aumento de la partida para ese fin es imprescindible, y sería interesante que los incrementos se pudieran alcanzar el año próximo.
Por otra parte, existen otras razones por las cuales algunas bibliotecas no se presentan a recibir el subsidio provincial. Acontece que los trámites ante Personas Jurídicas y las exigencias de la Contaduría General de la provincia son exageradas, según el criterio de muchas personas responsables de las entidades de base.
Se sabe que por artículo 74 inc. j del Código Fiscal 2011, las bibliotecas populares están exentas de impuestos provinciales, ya que son organizaciones sin fines de lucro, pero se exigen esos papeles (con su correspondientes trámites) sin necesidad. Además, todos los años se requieren las fotocopias de estatutos, actas constitutivas, papeles y más papeles que ya están presentados y justificados.
Como conclusión se puede decir que se debería tener más control de gestión y menos exigencias burocráticas, y entonces, de esa forma, no estaríamos frente a algunas instituciones que tienen sus papeles en orden, reciben subsidios, pero no atienden a su comunidad.
A esto hay sumar que la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia recauda las cuotas de las bibliotecas y, según los directivos de las entidades y miembros de comisiones cooperadoras, no devuelve casi nada en beneficio de las instituciones que aportan.
Entonces, es una meta anhelada por las bibliotecas populares que se actualice el monto del Presupuesto provincial destinado a su desenvolvimiento, y eso necesita de mucho compromiso por parte de los funcionarios gubernamentales.
Positivo es, por ejemplo, que Las Heras haya dispuesto un bibliotecario en cada biblioteca para garantizar la atención del público. Y negativo, que una entidad como la Padre Arce, del carril Sarmiento, Godoy Cruz, esté sin local propio y casi condenada a desaparecer si no logra reubicarse pronto.
En el contexto provincial y oficial, y advirtiendo que una cosa son las bibliotecas populares y otras las públicas, dependiendo estas últimas del Estado, es positivo que la administración que gobierna el territorio haya decidido que en cada departamento haya una biblioteca pública abierta.
Pero, como además están las otras, las asociaciones civiles creadas solidariamente por los vecinos, no se debe perder de vista que necesitan ser apoyadas para que prosigan su misión de ofrecer sus textos, muchos o pocos, y brindarse como una opción de apertura a las inquietudes de la comunidad. De otra forma, muchas irán desapareciendo.
