Son reiterados los casos de personas que mueren por bañarse en ríos o en cauces de riego, no obstante la prohibición que existe de realizar esa práctica tan habitual en la provincia. Promedia el verano y ya se han registrado más de una docena de casos fatales en distintos ambientes hídricos, especialmente en el sistema de canales que riegan los cultivos de los oasis.
Las muertes que se producen por estos sucesos casi siempre se llevan la vida de personas jóvenes, y en un alto porcentaje, menores de edad. La decisión y la tentación de combatir el sofocante calor de las jornadas del estío, arrojándose a los diferentes cursos puede ser entendida como un riesgo asumido por aquellos mayores de edad, que no miden las consecuencias temerarias de sus actos, pero en el caso de los menores hay una clara ausencia y preocupación de los padres o responsables de velar por ellos.
Inútiles o poco atendidas son las campañas que realiza el Gobierno, desde los ministerios de Seguridad y Salud o del Departamento General de Irrigación (DGI), para desalentar esta peligrosa costumbre, que termina en luto e impotencia para no pocas familias.
No sabemos si debido a la difusión y repercusión de los últimos sucesos fatales en las áreas de Lavalle, Luján de Cuyo y Guaymallén, la población en general reflexionará sobre la necesidad de tomar recaudos a la hora de disfrutar de ambientes naturales junto a cursos de agua. Sería el estado ideal que ello ocurriese y de esa manera terminar o atemperar una seguidilla de operativos de búsqueda y rescate, todos con el mismo triste final.
En algunos lugares las autoridades han tomado cartas en el asunto, disponiendo de operativos de vigilancia y control en las riberas del río Mendoza, especialmente a la altura de Las Compuertas y Blanco Encalada, que han logrado en cierto modo disminuir tantas desgracias, por lo menos en ese curso y en esa zona.
Pero, la inmensa trama de cauces a nivel provincial no puede ser vigilada en su totalidad por la policía o los cuerpos de bomberos voluntarios y de defensa civil, y que, por otra parte, no tienen autoridad ni capacidad operativa para estar sacando gente del agua en forma permanente, especialmente en los ríos.
Si podrían hacerlo tal vez en los canales, pero para lograr un cometido exitoso necesitarían de una fuerza numerosa, que ningún servicio estatal o privado puede disponer.
La temporada estival ya se está consumiendo, y no sabemos si otras respuestas se podrán ir dando en el camino. Algunos municipios han adoptado una interesante política de "captura" de muchos niños y adolescentes en sus colonias de verano, siendo un ejemplo práctico lo que realiza el municipio de Maipú, con una contención elevadísima de planteles juveniles en piletas municipales o privadas, bien asistidas por profesores y monitores.
Otro factor que podría neutralizar, aunque más no sea futuro la elevada mortalidad en los sistemas de riego, sería la integración de piletas públicas en barrios y clubes, que antaño eran frecuentes en la geografía del Gran Mendoza. Por distintos motivos, la mayoría de estas instalaciones se han cerrado y muchos de los usuarios quedaron sin la posibilidad de poder ejercer un uso recreacional del agua, salvo que recurran a canales y zanjones y se arriesguen en esas incursiones.
La esperanza es que sumando el aporte de muchos actores y las inversiones necesarias, pueda modificarse la actual realidad y disminuir las altas estadísticas de muerte por el uso indebido de las corrientes de agua de nuestro medio. En cualquier caso, la responsabilidad de las personas será el mejor argumento a la hora de decidir entre en la vida o la muerte.
