En la cuestión energética, la Argentina ha dejado pasar una gran oportunidad dada por los altos precios del petróleo, que pasaron de 20 dólares el barril a 90 dólares, precio que se ha sostenido en la década.
Esa situación generó una avidez internacional por invertir en el sector energético en general, que el país desaprovechó abrazado a un demagógico y anacrónico nacionalismo, que terminó con la re estatización de YPF. Ahora tenemos numerosas empresas estatales de energía, nacionales y provinciales, pero producimos cada menos petróleo y gas y debemos importar cada vez más.
En una década hemos pasado del autoabastecimiento y exportación de energía, a un déficit que obliga a destinar más de 12 mil millones de dólares para energía. Hace diez años el sector energético aportaba unos 6.000 millones de dólares a la balanza mientras que este año se estima que el déficit será superior a los 4.000 millones.
Todo ello no tiene ninguna otra explicación que la pésima política del kirchnerismo, la cual combinó retenciones móviles a las exportaciones, instrumentos para quedarse con la mayor parte de la renta de los hidrocarburos, bajos precios en boca de pozo a los productores y tarifas subsidiadas a los consumidores.
La situación de las empresas distribuidoras de energía eléctrica es de falencia. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires ha suspendido la cotización de las acciones de Edenor (una de las dos grandes distribuidoras de Buenos Aires) porque su balance arroja patrimonio neto negativo. No es necesario recordar las penurias del Presidente de YPF para conseguir fondos indispensables para hacer funcionar la empresa.
Pero, además, la importación de energía reviste características de escándalo. En primer lugar hay advertir la magnitud de la cifra y lo que ella implica; se estima que la importación de energía podría ascender a fin de año a unos 15.000 millones de dólares, compras que se pagan al contado.
Desde que comenzó este proceso se delegó en el ministro de Planificación, Julio De Vido, el manejo de las importaciones, quien se ocupó de crear negocios de dimensiones colosales. Para evitar los controles de los pocos organismos que aún existen, se derivó la importación en dos empresas que están fuera de esos controles.
La compra de combustibles líquidos la realiza Cammesa, empresa que era privada pero pasó a estar controlada por el Estado. El gas, especialmente el natural licuado, lo compra Enarsa, empresa creada por el kirchnerismo prácticamente con la única función de importar energía, no de producirla. Realizada la estatización de YPF, ésta es ahora la que realiza las compras a quien se le paga 50 millones de dólares por año.
Algunos datos son sorprendentes como el caso de la importación de gas natural licuado, por el que se paga entre 17 y 20 dólares la unidad de BTU, cuando hasta hace poco a las empresas que extraían gas natural en nuestro país les pagaban U$S 2,50.
Cada uno de los barcos que traen gas, llamados metaneros, cuestan en promedio 40 millones de dólares. Este año se utilizarán 83 y cada cargamento se paga por adelantado; si no, no hay descarga.
Como no hay plantas regasificadoras se han alquilado dos barcos especiales para estas tareas. Uno está en Bahía Blanca y otro en Escobar a 130.000 dólares diarios. Hay otros costos millonarios por recepción, descarga y despacho. Todo esto es lo que nos quieren hacer pagar a los consumidores en las amenazantes facturas que recibimos en casa. Y resta aún saber, más allá de la ineficacia, cuál será la magnitud de la corrupción en estos descomunales negocios.
