Estamos en vísperas de una nueva vendimia con la incertidumbre de no contar con el pronóstico de cosecha de enero, el cual si bien dejó de ser un dato relevante para la toma de decisiones públicas y privadas por la pérdida generalizada de credibilidad del organismo responsable de elaborarlo, es una información de gran valor que el sector debe recuperar antes de la vendimia 2017.
Se suma a esto el hecho de que como en cualquier período de transición política, con el anuncio de nuevas medidas macroeconómicas aparecen justificados interrogantes acerca de cuáles serán los beneficios de las mismas para la vitivinicultura en general y particularmente, cómo afectarán la rentabilidad del productor.
Por la interdependencia de las medidas anunciadas, analizaremos este nuevo escenario con un enfoque integral de cada una de las variables involucradas y sus interacciones. Ellas son, el tipo de cambio nominal, la tasa de interés y la tasa esperada de inflación, de cuya interacción surgirán cambios en los precios relativos de los diferentes productos derivados de la uva y de los insumos requeridos para su producción.
La corrección cambiaria practicada por encima de la esperada (over-shooting) y la búsqueda de una mayor previsibilidad de la política económica, implicó elevar la tasa de interés a los valores actuales.
No dudamos de los beneficios para la vitivinicultura derivados de la actualización del tipo de cambio y la eliminación de las retenciones a la exportación, mas allá de la normal preocupación acerca de si los mismos se distribuirán equitativamente a lo largo de la cadena de valor.
Respecto de esto último, es auspicioso saber que siempre podrán diseñarse instrumentos complementarios, propios de la política sectorial, para corregir posibles distorsiones. Falta aún conocer la política con la que el gobierno atacará la presión inflacionaria que produce el exceso de gasto actual y recién entonces tendremos un panorama más completo para actualizar este análisis.
Respecto de la política de precios, si bien la tasa de inflación alcanzará valores más altos en los próximos dos o tres meses; si el gobierno acierta con su política fiscal al cabo de ese período el incremento general de precios, al igual que la tasa de interés, deberían mostrar una tendencia decreciente hasta converger en un valor de equilibrio.
Competitividad y equidad distributiva
El argumento implícito que subyace a la idea de que una vez alcanzada la convergencia anterior, los beneficios del reacomodamiento cambiario sobre la equidad distributiva hacia adentro de la cadena de valor alcanzarán igualmente a todos sus actores está basado en el conocido efecto derrame, cuyo cumplimiento es cierto solamente en mercados que se desenvuelven en condiciones de competencia perfecta, condición ésta que no es precisamente la que gobierna las relaciones comerciales en la vitivinicultura argentina.
Es importante esta aclaración para que la decisión tomada en el ámbito del Ejecutivo Nacional, tan reclamada por el sector, no se vea opacada por una evaluación equivocada de sus beneficios al generar falsas expectativas sobre una supuesta equidad distributiva que está sujeta al correcto funcionamiento del mencionado piloto automático. Es de utilidad también para los hacedores de la política pública sectorial, complementaria de la anterior y sustentada en una correcta evaluación de los cambios en el bienestar económico de la totalidad de los actores de la cadena de valor.
El impacto sobre los costos de producción es diferente según se trate de insumos transables (agroquímicos y productos enológicos, barricas, combustibles, envases) cuyos precios aumentarán por la devaluación, o no transables (salarios, fletes, y servicios en general) cuyos precios acompañarán el ritmo de la de la inflación.
Diseño de la política sectorial
1. Dada la fuerte incidencia del sobre-stock vínico en la formación del precio del vino de traslado, y cuyo único destino sería la destilación, la corrección cambiaria no es suficiente para revertir la actual crisis de bajos precios y la pérdida de rentabilidad del productor. Debe ser acompañada por la implementación de un programa de sinceramiento y blanqueo de las existencias vínicas por parte de las bodegas que deberán presentar una declaración jurada ante el INV previa a la implementación de un operativo selectivo de compras del sobre-stock, basado en un régimen de premios y castigos.
2. Atento a que el acuerdo Mendoza-San Juan, fue un instrumento efectivo para el sostenimiento del precio del vino de traslado al sustraer un porcentaje de la producción anual de uva y derivarla a la elaboración de mosto concentrado, y teniendo presente la necesidad de extender su alcance a otros usos comerciales de la uva (exportación a granel, jugo de uva, bioetanol, pasas) con demanda cierta en el mercado interno o la exportación, proponemos ampliar dicho acuerdo a un número mayor de productos e implementarlo en la vendimia 2016 fijando un porcentaje que, por la falta de un oportuno pronóstico de cosecha, se deberá ir ajustando a la realidad de la oferta.
3. Frente al desfinanciamiento generalizado de los productores y el encarecimiento del crédito resultante de la utilización de la tasa de interés como ancla del tipo de cambio, proponemos crear una línea especial de crédito destinado exclusivamente a cubrir los gastos de cosecha y acarreo, con tasas de interés bonificadas y plazos de devolución acordes con la situación financiera del sector.
4. Ante el justo reclamo de una recomposición salarial, cuyo aumento será negociado en paritarias libres, y teniendo presente que la producción de uva es una actividad mano de obra intensiva; con el propósito de mantener el nivel de ocupación actual y la creación de nuevos puestos de trabajos, se propone descontar del impuesto a los ingresos brutos, el 50% de la masa salarial afectada a la creación de nuevos puestos de trabajo a partir del 1 de febrero de 2016.
5.Atento a que los incrementos de precios de algunos insumos importados no tienen una justificada explicación porque exceden el impacto de la devaluación, se propone crear un mecanismo que permita la libre importación de un cupo de hasta u$s 1.000 mensuales por productor desde países limítrofes, preferiblemente pertenecientes al Mercosur.
6. Con el convencimiento de que es imprescindible recuperar el rol de la exportación como motor del futuro desarrollo de la vitivinicultura nacional y elemento dinamizador de la economía regional, reconocemos que la estabilización previa del mercado interno es el principal prerrequisito para la sostenibilidad de una política exportadora de largo plazo. En consecuencia proponemos desarrollar un programa de estabilización del mercado interno sobre la base de la acumulación de stocks de vinos básicos y/o mosto concentrado que permita contrarrestar la alta variabilidad interanual de la producción de uva. Se cuenta para ello con un modelo matemático de optimización de stocks y las correspondientes estimaciones econométricas.
7. Reactivar el Préstamo BID - Proviar II - y destinar aportes no reembolsables al cofinanciamiento de inversiones estructurales en los viñedos de pequeños productores, de escasa o nula rentabilidad, con un impacto demostrable en la mejora de su productividad y rentabilidad en el mediano plazo.
8. Acompañar en el Congreso de la Nación el tratamiento de un proyecto de ley que contemple el otorgamiento de incentivos económicos y/o fiscales para las empresas que utilicen mosto concentrado de uva como edulcorante en la elaboración de gaseosas, jugos naturales y aguas saborizadas y la utilización de un porcentaje bioetanol en los combustibles. Complementariamente se propiciará la actualización de la Ley General de Vinos (14.878) para su adecuación a las nuevas necesidades de la industria y los requerimientos del mercado.
El corolario de la presente propuesta es que el mejor indicador de éxito de la política sectorial vitivinícola sin lugar a dudas estará dado por la evolución del precio del vino de traslado en el corto plazo y por el precio de la uva en la vendimia 2016.
