Tres investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron un estudio comparativo de imágenes aéreas para conocer los cambios producidos en el ambiente de los Andes desérticos en los últimos 17 años.
El principal objetivo de la investigación fue dimensionar el impacto de las minas Veladero y Pascua Lama, ubicadas al noroeste de la provincia de San Juan, sobre los glaciares y diversas geoformas del ambiente glaciar y periglaciar de esas latitudes. La glacióloga Ana Paula Forte, integrante del equipo, dialogó con Agencia CTyS-UNLaM sobre los resultados.
"El impacto -señaló Forte- es pronunciado. Los glaciares y manchones de nieve han sufrido importantes retrocesos durante los últimos 17 años, de tal manera que un significativo número de manchones de nieve permanente han desaparecido. Mientras, el ambiente periglaciar, por estar más ampliamente desarrollado en la zona, ha sufrido la mayor cantidad de afectaciones".
Según la investigadora, la minería ha intervenido claramente en el ambiente glaciar y periglaciar, afectando parte de las nacientes de uno de los dos principales recursos hidrológicos que es el río Jáchal. En esa línea, sostiene que la sola instalación de las minas ya implicó cambios en los cursos hídricos de la región, y que ese impacto no ha sido evaluado por un estudio serio tanto en los caudales como en la hidroquímica del agua.
A través de imágenes satelitales, los investigadores observaron distintas intervenciones sobre el ambiente glaciar y periglaciar a partir de la instalación y desarrollo de la actividad extractiva. En primer lugar, registraron que el proyecto minero está ubicado sobre una zona donde se desarrolla permafrost, es decir, sobre un suelo que permanece por debajo de 0° C por dos años consecutivos.
Tajo abierto
Por otro lado, comprobaron que la zona donde se ha realizado la extracción de mineral a tajo abierto (open pit) se encuentra sobre áreas donde previamente existían procesos físicos característicos del ambiente glaciar y periglacial; que las escombreras (enormes masas de material estéril) se ubican sobre laderas con procesos de solifluxión (proceso geomorfológico característico de zonas de clima periglaciar consistente en el desplazamiento masivo y lento por gravedad de formaciones arcillosas u otros tipos de suelo sobre el permafrost). También precisaron que los caminos de tierra para el paso de camiones intervinieron geoformas glaciares y periglaciares.
Los integrantes del equipo y becarios de Conicet, Cristian Villarroel, Flavia Tejada y Ana Paula Forte, realizaron el estudio de forma independiente y en armonía con la Asamblea Jáchal No Se Toca, ONG que denuncia desde hace años el desarrollo de la minería a cielo abierto en una región donde se despliega un ambiente de tipo glaciar y periglaciar y que, además, se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, que es el curso hídrico más importante de las poblaciones del norte de la provincia de San Juan.
Recientemente, el estudio aportó datos para la causa que investiga el incumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar por parte de ex funcionarios del Estado, entre ellos, el investigador de Conicet y ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Ricardo Villalba (uno de los 15 científicos argentinos que integraron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, que junto a Al Gore, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007).
Polémica
El investigador fue procesado por no haber cumplido en tiempo y forma con el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento indispensable para conocer los cuerpos de agua a proteger, que tendría que haber sido presentado en marzo de 2011 para aquellas zonas consideradas "prioritarias", pero que, cuando ocurrió el primer derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, en setiembre de 2015, todavía no se había terminado.
La metodología del registro de geoformas también despertó la polémica por haber excluido a los glaciares de menos de una hectárea y a las geoformas características del ambiente periglaciar. Sin embargo, el doctor Villalba argumentó que se basó en estándares internacionales de mapeo de glaciares, y que las pequeñas geoformas no se comportan como reservas hídricas relevantes. (Nota de la Redacción: El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, afirmó hace días que el glaciólogo Villalba, procesado por el juez federal Sebastián Casanello por abuso de autoridad al inventariar glaciares, cumplió "estrictamente con sus deberes" y fue "injustamente procesado").
Al respecto, Forte menciona: "El hecho de que los glaciares de menos de una hectárea no puedan ser estimados como reservas hídricas no tiene ningún sustento científico. Hay muchas geoformas pequeñas y dudo que no tengan un aporte hidrológico. En efecto, he visto trabajos que demuestran su importancia en otras partes del mundo. Vale la pena realizar una tarea así acá también".
La glacióloga explica que, en la región en disputa, se despliegan los Andes Desérticos, partes de la cordillera sometidas a alta radiación solar, escasas precipitaciones y extrema aridez. Aquí, los glaciares se caracterizan por ser fríos, secos y pequeños, las bajas temperaturas hacen que el movimiento del hielo sea lento y que se encuentren expuestos durante prolongados períodos de tiempo a intensas radiaciones solares. Estas geoformas cumplen la función de reservorio para las dos cuencas hídricas que nacen allí: Jáchal y San Juan.
Incongruencias
Los estándares internacionales a los que refiere Villalba, como el empleado por el proyecto Glims (Global Land Ice Measurements from Space), tienen como objetivo medir el impacto del cambio climático a escala global en grandes masas de hielo. Según Forte, estos patrones debieran discutirse en escenarios locales como San Juan, en los que cada cuerpo de agua cobra relevancia.
En este contexto, la exclusión de este tipo de geoformas resulta incongruente con los fines de la ley. "En lugares como la Patagonia y los Alpes -ejemplifica Forte- se aplican metodologías de inventario en los que se registran glaciares mayores a una hectárea. Allí es razonable porque se trata de ambientes húmedos con glaciares enormes. En cambio, los ambientes áridos se caracterizan por tener muchas geoformas menores y un mayor desarrollo de ambiente periglaciar".
Si bien Forte indica que el trabajo que realizó Ianigla es muy valioso como puntapié, ya que se trata del primer inventario de glaciares y geoformas periglaciares que se realiza en muchas regiones del país, expresa que la ley de presupuestos mínimos no puede limitar su aplicación a lo registrado hasta ahora, cuando todas las geoformas del ambiente glaciar y periglaciar deberían ser incluidas, sin importar sus dimensiones.
En ese sentido, reflexiona: "Estoy segura de que las cosas hubieran sido diferentes si no se hubiera concentrado toda la labor en un solo grupo de trabajo, ya que cada ambiente es particular; no es lo mismo el ambiente cordillerano en el noroeste argentino (Andes Desérticos), que la región de Cuyo (Andes Centrales) o los Andes húmedos patagónicos. Cada ambiente tiene sus propias geoformas y cada población sus prioridades, creo que ése era el espíritu de la ley".
El fallo del juez Casanello sostiene que, de haberse cumplido la norma, los sucesivos derrames de cianuro podrían haberse evitado, al igual que la actividad extractiva en esa región. En esta línea, Forte considera que el mayor limitante radica en la presión de los intereses económicos sobre organismos de control y aplicación de las leyes, y en la falta de diálogo con las comunidades y sus necesidades.
En resumen
Hace dos años que se desarrolla la causa que investiga el accionar del Estado en el desembarco de la minera Barrick Gold en San Juan, empresa responsable de contaminar el río Potrerillos con grandes cantidades de cianuro, en al menos dos oportunidades.
Por esta causa, los últimos tres secretarios de Medio Ambiente de la gestión anterior, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, quedaron procesados a fines de noviembre por incumplir la Ley de Glaciares, vigente desde 2010.
Específicamente, el juez federal Sebastián Casanello los imputó por "retardar la publicación de los cuerpos de hielo inventariados y modificar los presupuestos mínimos de protección de los glaciares".
Entre los imputados, se encuentra el Doctor Ricardo Villalba, investigador superior de CONICET y ex director de Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En este caso, fue acusado por no haber incluido en su relevamiento a los hielos de tamaño menor a una hectárea, y no haberlo realizado en el plazo en que correspondería culminar el inventario.
La comunidad científica se solidarizó inmediatamente con el investigador, y cuestionó el accionar de la organización de vecinos, damnificados y ambientalistas por arremeter contra el organismo del sistema científico que había impulsado originalmente la Ley de Glaciares.
Días posteriores a estas imputaciones, se archivó una causa, que se llevó a cabo en juzgados provinciales, por el segundo derrame de la minera canadiense. En este caso, el juez de Jáchal, Pablo Ortija, argumentó que durante el segundo derrame no hubo contaminación de cuerpos de agua.
