Que el actual gobierno recibió un país con una economía quebrada no necesita mayor demostración. Cualquier indicador que se tome lo muestra con elocuencia. En cinco meses, el gobierno de Macri ha realizado ponderables avances en el ordenamiento de esa economía desquiciada.
En pocos días desarmó el denominado cepo cambiario, virtual imposibilidad de comprar dólares no sólo para las personas: también para los importadores; dejó flotar el tipo de cambio que estaba groseramente atrasado como mostraba la brecha entre el inexistente denominado “dólar oficial” y los variados tipos de cambios paralelos. No hubo corridas cambiarias ni financieras. Por el contrario, semana a semana aumentan los depósitos a plazo tanto en pesos como en dólares.
El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones, con excepción de la soja, rebajando cinco puntos el gravamen. Hizo una negociación con los holdouts llegando a un acuerdo, elogiado por todos y, lo más importante, aprobado por el Congreso Nacional, donde está en minoría.
El acuerdo implicó una quita importante sobre el monto de la sentencia firme de la Justicia de EEUU. Aprobado el acuerdo, la emisión de deuda para pagar lo convenido resultó un éxito.
Ahora el Gobierno ha anunciado los principales aspectos de la política financiera y monetaria para el resto del año. Desde el inicio del gobierno, tanto el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, como el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, dijeron que la política de reducción del déficit fiscal y la inflación (consecuencia de lo anterior) serían graduales. En materia de reducción del gasto público se atacaría el despilfarro, que era enorme. También decidió la reducción de los subsidios a las empresas prestadoras de servicios.
Ello implicaría aumento de tarifas de energía eléctrica, gas, transporte, agua, en particular en el Gran Buenos Aires, congeladas desde hacía más de 10 años. En el interior -Mendoza y otras provincias- las tarifas de energía, agua y transporte habían tenido aumentos importantes.
En el caso del gas no, por la existencia de amparo judicial. La reducción de los subsidios e incremento de las tarifas se han tomado.
Ahora el Ministerio de Hacienda ha anunciado el programa financiero para este año que implica una reducción del enorme déficit heredado, pero que significa el esfuerzo de financiar todavía U$S 36.000 millones de los cuales un tercio es pago de deuda de capital e interés. En el anuncio se expresa que el Gobierno no va a emitir deuda externa para financiar el déficit; sí usará el remanente de la reciente colocación de bonos. Tampoco, se afirma, habrá blanqueo de capitales, como en algún momento se insinuó.
A su vez el presidente del Banco Central, admitiendo que la inflación puede ser mayor de lo previsto originalmente, ha anunciado el programa monetario para el corriente donde se destaca que habrá una flotación cambiaria flexible con intervenciones ocasionales del Banco Central. Las tasas de interés permanecerán altas hasta que haya señales claras de que la inflación comienza a bajar; hay optimismo que a partir del próximo mes va ocurrir y las tasas bajarán. Por cierto el Central va a asistir al Tesoro para cubrir el déficit con adelantos transitorios y transferencia de utilidades. A partir de setiembre se adoptará el programa de metas de inflación que se anunciarán mensualmente.
A pesar de lo realizado partiendo de una situación de desastre, se advierte en algunos sectores sociales un estado de impaciencia; predomina una vieja creencia argentina de que todo puede resolverse rápidamente, sin tener en cuenta la gravedad de la situación.
