El proyecto de ley de cupo femenino fue presentado en el Senado de la Nación por Margarita Malharro el 6 de noviembre de 1989; por entonces, la representación de mujeres en esa cámara legislativa era del 8 por ciento, y en Diputados: sólo el 5,4 por ciento.
Ese escaso nivel de participación es demostrativo de que el derecho a ser elegidas que la Ley 13.010 reconoció a las mujeres había devenido en formal, no habiendo logrado avances reales significativos.
Por eso Margarita no andaba con eufemismos. Cuando le cuestionaban desde todos los sectores que no se podía votar esa ley porque vulneraba el principio de igualdad, ella respondía: “Discriminación positiva”. No se ponía colorada al decirlo porque, más allá de las palabras, su iniciativa buscaba revertir una discriminación que existía en la práctica política.
La sanción de la ley 24012, el 6 de noviembre de 1991, promulgada de hecho, constituyó a la Argentina en el primer país del mundo en legislar en la materia, convirtiéndose la norma en precursora para que las mujeres de toda América latina hicieran valer sus derechos, logrando leyes similares en sus países y tomando -permítanme la comparación- la dimensión de la Reforma Universitaria de 1918.
Comenzó allí un largo y trabajoso camino para obtener que la aplicación de la ley votada en el Congreso Nacional se ajustara a su espíritu y no se aplicara como idea restrictiva sino todo lo contrario, lucha que en innumerables oportunidades se dio en los tribunales de justicia.
La primera vez que se implementó la participación mínima del 30 por ciento de mujeres en las listas de cargos fue la elección de representantes para la Convención Constituyente de 1994, integrada por una importante presencia femenina, pertenecientes a distintos partidos políticos.
Ese fue un escenario en el que cobraron visibilidad muchas mujeres políticas que se destacaron por su desempeño. Precisamente en esa Convención de Santa Fe y Paraná quedó plasmada la nueva redacción del artículo 37 de la Constitución Nacional que reconoce la igualdad real de oportunidades para hombres y mujeres.
A partir de la implementación efectiva de la Ley de cupo femenino las cámaras legislativas comenzaron a tener una proporción de mujeres más representativa y su presencia en las bancas le aportó a los concejos deliberantes, a las legislaturas provinciales y al Congreso de la Nación una visión complementaria de la realidad social y política, y puso en la agenda iniciativas vinculadas a salud sexual y reproductiva, reproducción asistida, violencia de género, parto humanizado, lactancia o acoso sexual.
Y los varones aceptan la discusión y respetan las posiciones que no son corporativas sino planteadas desde otra mirada. Esto es tan importante como la tarea que las mujeres podamos desplegar porque el cambio debe ser, sin dudas, cultural. Veinticinco años han transcurrido desde la sanción de la Ley Malharro y los legisladores nacionales, mayoritariamente varones, han dado un paso más hacia la igualdad con la sanción de la Ley de paridad de género.
Como dice Raewyn Connell, los varones están necesariamente involucrados porque todavía controlan gran parte de los recursos necesarios para implementar las reformas que se buscan y son “los guardianes de la igualdad de género”.
Desde aquella utopía de 1989 hasta esta realidad hay un hilo conductor: la justicia. El reclamo de las pioneras del reconocimiento de las mujeres en los lugares de decisión fue posible porque es justo. Es por eso que he querido rendir homenaje a este acontecimiento que, a mi entender, inició un cambio trascendente de la sociedad argentina.
Permítame, señor Presidente, terminar citando palabras escritas para Margarita Malharro por una poetisa sanrafaelina, dirigente gremial, militante política y referente ineludible en la tarea de equidad de género.
Dice Cora Teijeiro: “Y te llamaron loca, Margarita, mas tu locura alcanza a miles de mujeres argentinas que, con tu ley de Cupo, en tu nombre consagran el derecho de hacer junto a los hombres una Patria más justa, más humana”.
