Empleados del Tribunal de Cuentas de Mendoza se unirán al reclamo de Fiscalía de Estado por los cambios en la liquidación del Impuesto a las Ganancias.
Según confirmó Adriana Fondere, secretaria gremial de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), los 300 trabajadores que conforman esa entidad iniciarán un reclamo formal ante la AFIP pidiendo que sus sueldos tributen Ganancias de igual manera que lo hacen los empleados judiciales de Mendoza, lo que les permitiría pagar en promedio un 50% menos por ese impuesto.
A esa misma situación se enfrentan hoy cerca de 85 empleados de Fiscalía de Estado, quienes llevan dos años buscando por distintos medios pagar menos impuestos a las Ganancias y también equipararse a los empleados judiciales. De hecho, el Fiscal de Estado, Fernando Simón, no paga Ganancias.
En diciembre de 2015 los trabajadores de Fiscalía recibieron una respuesta favorable de la administración central de AFIP, pero no lograron la aceptación de parte de la delegación regional. Hoy esperan una nueva intervención por parte de las autoridades nacionales para poder destrabar el conflicto.
"Cuando se resuelva la situación de Fiscalía de Estado avanzaremos con nuestro pedido. Si AFIP da una respuesta negativa, acompañaremos a los trabajadores de Fiscalía con un recurso de Amparo", comentó Fondere.
Cuál es el pedido
De los 300 empleados del Tribunal de Cuentas de Mendoza, 135 tributan Ganancias actualmente, según confirmó la secretaria gremial de APOC. No obstante, un eventual cambio de la reglamentación afectaría a todos los trabajadores por igual, incluyendo a quienes se incorporen en el futuro a esa entidad.
El reclamo puntual de los empleados del Tribunal de Cuentas, es que el Impuesto a las Ganancias se calcule solo sobre su salario básico, el adicional por antigüedad y el ingreso por presentismo. De esa forma dejarían afuera tres ítems que aparecen en el bono de sueldo y "engordan" bastante el ingreso total. Se trata de responsabilidad jerárquica, "full time" y fondo compensación funcional.
Con esa medida los trabajadores reducirían en promedio un 50% de lo que pagan en concepto de Ganancias y algunos incluso podrían quedar fuera de la obligación tributaria.
Cabe recordar, que actualmente el mínimo no imponible para un trabajador soltero es de $ 27.941 y para un casado con dos hijos es de $ 37.000. Eso quiere decir que los salarios que están por encima de esos valores deben pagar el impuesto y los que están por debajo quedan exentos.
Considerando la reglamentación vigente de ese impuesto, se puede decir a modo de ejemplo que un trabajador soltero del Tribunal de Cuentas o de Fiscalía de Estado con un salario de $ 35.000, paga actualmente $ 7.636,21 en concepto de Ganancias.
Con la deducción de los tres ítems mencionados anteriormente la base utilizada para el cálculo no sería $ 35.000, sino un valor menor. Si bajara a $ 30.000, por ejemplo, pasaría a pagar $ 1206,23 anuales de Ganancias ($ 6429 menos que en la actualidad). Si en cambio bajara a $ 26.000, quedaría exento del pago de Ganancias.
Fondere aseguró que "el salario promedio de los trabajadores del Tribunal de Cuentas es de $ 18.000", pero claramente los 135 empleados que tributan Ganancias están por encima de ese valor.
El argumento
Adriana Fondere indicó que en 2012 se le hizo el reclamo al ex gobernador Francisco Pérez y luego al actual mandatario, Alfredo Cornejo, pero no obtuvieron respuesta.
Ahora la situación es diferente y los trabajadores usarán las vías legales para cumplir su objetivo. Para hacer su reclamo formal, los empleados del Tribunal de Cuentas se aferrarán al texto de la acordada 56/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, normativa que establece la exención de Ganancias de los ítems considerados "reintegro de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función".
Adriana Fondere explicó que "esa acordada fue la que permitió a los empleados judiciales pedir la deducción de Ganancias de algunos ítems de sus bonos de sueldo".
"Por nuestras funciones y por ser parte de un organismo autárquico, corresponde que nuestros salarios se liquiden con los mismos criterios de los empleados judiciales", apuntó.
