A partir de ayer, y luego de varios años con cargos de planta y en algún momento como funcionarios, Luis Lobos y su esposa, Claudia Sgró, dejaron de ser empleados de la Municipalidad de Guaymallén. Así lo decidió una investigación que abrió el intendente radical, Marcelino Iglesias, y que concluyó que los ex funcionarios debían ser cesanteados.
Por su parte, el ex intendente interino de Guaymallén, Lobos, inició dos acciones judiciales. La primera, ante la Suprema Corte de Justicia para recurrir la decisión que lo dejó fuera del municipio. La segunda, de corte más político y evidenciando la pelea de fondo, es una denuncia penal contra Iglesias por “abuso de autoridad y persecución ideológica”.
Más allá que la novedad se conoció ayer y, según Iglesias, hubo un “festejo moderado” en la municipalidad, no hubo sorpresa para los dos protagonistas.
Por un lado, Lobos sabía que el final de la investigación que lo había suspendido por 90 días iba a culminar con su despido. “Era totalmente esperable. Sabía que la decisión del intendente era política”, señaló Omar Venier, abogado del justicialista.
Por otro lado, Iglesias también estaba en conocimiento de que su antecesor, con quien nunca se cruzó en los pasillos de la municipalidad, tanto antes como luego de ser electo intendente, lo iba a denunciar e iba a recurrir la cesantía. “Ellos van a tratar de hacérmela. De todas maneras la sanción social la tienen y ahora van a tratar de igualar para abajo”, señaló el intendente sobre su antecesor.
Los motivos
El acto administrativo por el que Lobos y Sgró fueron echados del municipio es un camino paralelo a las causas contra el ex intendente interino, que hay en la Justicia. En este sentido, además de tener varias denuncias en su contra, Lobos fue imputado dos veces: una por fraude a la administración pública y la otra por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
La cesantía en cuestión, que dejó a ambos sin trabajo, se produjo a partir de una investigación administrativa, tras encontrarse seis expedientes “con información sensible” en la casa de la pareja. La investigación llegó a su fin y concluyó que ambos debían ser echados por “inobservancia de los deberes elementales y reglamentos por parte de un agente de alta jerarquía”.
Hay que recordar que el justicialista, en su calidad de presidente del bloque del Concejo Deliberante, fue intendente interino en remplazo de Alejandro Abraham desde diciembre de 2013 y, tras perder la elección el año pasado y con el fin de su mandato como edil, volvió a su cargo de planta en Servicios Públicos. Su esposa, también ex funcionaria, debió volver a la oficina de Turismo. Ambos, con la máxima categoría, la I.
El conflicto administrativo se inició con el allanamiento a la vivienda de Lobos y Sgró a fines de noviembre del año pasado, tras haber sido denunciado por robo de documentación importante, en la causa que lo llevó a su primera imputación.
En aquel proceso se “incautó información relevante” aunque, en este punto, hay disidencias. Mientras que el abogado de Lobos sostiene que fueron sólo dos expedientes de dos uniones vecinales, el sumario que echó a los ex funcionarios justicialistas dice que fueron seis y de temas más complejos.
Venier, en defensa de Lobos, señaló que “en uno (de los expedientes) se solicita un terreno en comodato y en el otro la ampliación de red de agua. Ninguno de esos dos expedientes tiene connotación política ni jurídica ni económica ni financiera. Son casi intrascendentes”, justificó.
Con otra versión, el sumario cuenta seis expedientes en los que se mencionan licitaciones. “No existe duda alguna que los expedientes originales secuestrados en el domicilio de los agentes Lobos y Sgró pertenece al municipio. Los mismos debieron permanecer en esta comuna”, explicó el documento y señaló que se sacaron sin dejar registro en el sistema informático.
“Ante la gravedad de la falta cometida, que conlleva una calificación de conducta contraria a las normas municipales, lo cual implica un actuar indecoroso, deshonroso, y abusivo en el ejercicio de sus funciones por parte de los agentes Lobos y Sgró, hacen imposible la prosecución del vínculo laboral y ameritan la aplicación de la sanción expulsiva de cesantía en él prevista para los agentes aquí sumariados”, dispuso el sumario.|
Dos denuncias para resistir
El abogado del ex intendente interino, Omar Venier, dijo que presentará ante la sala administrativa de la Suprema Corte una acción procesal administrativa. “El artículo 2 de la ley 5892 dice que están exceptuados de ser sumariados administrativamente los intendentes, concejales, secretarios y los directores. Es decir, no se les puede hacer un sumario administrativo. Esto lleva a que el intendente (actual) cometa un delito”, defendió el abogado.
De este punto se desprende la denuncia penal contra Iglesias y la directora de Asuntos Jurídicos de la municipalidad, Marcela Amarillo, en la Fiscalía de Delitos Especiales. “El delito es por abuso de autoridad. Lo comete aquel funcionario público que dictare órdenes contrarias o a la Constitución o a la ley, como sucede en este caso”, dijo Venier.
El mismo documento que oficializa el cese responde al argumento que esgrimió Venier: “Es menester dejar en claro la fecha del allanamiento en el domicilio de los agentes sumariados (30 de noviembre de 2015), motivo por el cual se les imputa la falta administrativa a ambos agentes (Lobos y Sgró). Estos ya no eran funcionarios sino agentes municipales, ambos con clase "I" del escalafón municipal”.
Una historia que fue de mal en peor
Luis Lobos llegó a la intendencia de Guaymallén el 13 de diciembre de 2013, en remplazo de Alejandro Abraham, quien renunció para asumir como diputado nacional por Mendoza. Ni bien llegó al sillón de la intendencia, comenzaron los cuestionamientos.
Su corta gestión siempre tuvo como telón de fondo los rumores de pelea con su antecesor. Si bien los dos formaban parte de “la banda de los pelados” y del sector interno La Corriente, la ruptura fue un comentario que se confirmó en las PASO del año pasado, cuando ambos se enfrentaron para ser candidatos de Guaymallén.
En cuanto a las denuncias, el primero en hacerlo fue el concejal del FIT, Federico Telera. El edil dio a conocer un dietazo de los funcionarios, que devino en escándalo, y luego denunció el enriquecimiento del intendente interino.
En el medio, hubo sospechas por el despliegue publicitario que hizo el justicialista con la intención de acceder a la intendencia. Desde la campaña misma, Iglesias comenzó a denunciar varias irregularidades, algunas de las cuales las transformó en demandas.
Por otro lado, apenas asumió el radical, puso fin a la licencia acumulada que tenían tanto Sgró como Lobos y los puso a trabajar en sus respectivas áreas, además de quitarle la mayor dedicación. La función del ex intendente interino fue relevamiento de basurales y plazas.
El 26 de febrero los suspendió a ambos por 90 días para avanzar con el sumario que los terminó cesanteando. Durante este tiempo, no cobraron sus sueldos, así como ahora tampoco cobrarán una indemnización.
Por último, el 18 de marzo de este año, se sumó una nueva imputación. Laura Fara, quien era empleada doméstica de la suegra de Lobos (María Elena Fernández), denunció que figuraba como personal de la comuna desde 2011, aunque el sueldo que cobraba era sensiblemente menor: mientras ella recibía $ 500, su bono de sueldo superaba los $ 15 mil.
