Se siguen sumando voces oficialistas a favor del fracking. Esta vez, la repercusión vino desde Guaymallén, en donde el intendente pidió avanzar con el tema, aunque fue un poco más allá: pidió también derogar la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto.
"Es un mamarracho técnico, no tiene sustento jurídico, que se abra el debate y participen todos. Hemos terminado por proscribir una palabra, la minería", consideró el radical en torno a una ley que fue sancionada en el gobierno de Julio Cobos.
"Yo le dije que esa ley me parecía un grave error. Sigo siendo muy amigo de él, pero esa ley no la hubiera votado como legislador y la hubiera vetado como gobernador", señaló Iglesias, quien fue titular de la OSEP en las gestiones de Roberto Iglesias y Cobos.
Así, se sumó una campana más a clamor oficialista a favor de la técnica de fractura hidráulica. El tema, además de dividir la opinión pública, tomó ribetes políticos y está instalado en distintos ámbitos, más allá de que no está en juego ningún proyecto de ley.
Uno de los espacios es la Legislatura, en donde la oposición levanta los argumentos en contra del fracking cada vez que puede, más allá de que no hay ningún debate formal abierto.
En las últimas novedades, los diputados provinciales del Sur de Cambia Mendoza, Hebe Casado (Pro), Gustavo Ruiz (UCR) y Maricel Arriaga (UCR), denunciaron penalmente a Gisela Gauvron, la autora del audio de Whatsapp que se viralizó al advertir que "Mendoza es un lugar sacrificable y va a desaparecer", en referencia al fracking.
Esta presentación ante la Justicia despertó el enojo de la oposición en la Legislatura, en donde tanto el PJ, Podemos y el Partido Intransigente criticaron al oficialismo por "limitar la libertad de expresión". Incluso, hubo un proyecto de resolución en el que manifestaron su descontento por la presentación judicial.
Un nuevo actor
Ayer sorprendió que Iglesias saliera a criticar una ley de Cobos, con quien se referencia en el radicalismo. El intendente de Guaymallén se expresó contra la 7.722, una norma conocida como la "ley antiminera" o "la ley del pueblo" y que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería a cielo abierto. Esta ley fue declarada constitucional por la Suprema Corte, luego de las objeciones de empresarios mineros.
"Yo hace mucho que vengo viendo este tema y considero que es una mala ley, que no tiene suficiente sustento técnico. Estoy convencido que ha sido un atraso, hemos estigmatizado una actividad lícita", señaló Iglesias y apuntó a los ambientalistas: "Entonces retrocedamos a la época pastoril y dejemos de andar en auto o usar celulares, ya que necesita de la minería".
El intendente radical habló en calidad de químico y bioquímico y rescató el modelo de San Juan: "No perdió los metros de agricultura y aumentó la superficie regada. Nos hemos privado de la posibilidad de diversificar la matriz productiva de Mendoza", opinó Iglesias.
