De la diversificación a la especialización. Ese parece ser el camino que ha empezado a recorrer la vitivinicultura argentina, la cual busca a través de las Indicaciones Geográficas una delimitación en sus regiones que les permita darle valor agregado para sus vinos. Ahora, con esta fiebre por las micro regiones, también comenzaron las disputas de territorio.
Según reseña la OIV una Indicación Geográfica Reconocida (IG), es el nombre de una región o lugar, que en lo que se refiere a vinos está relacionado con una calidad y/o con una característica del producto atribuidas al medio geográfico que comprende los factores naturales o los factores humanos y está subordinada a la cosecha de la uva en el país, la región, el lugar o el área definida.
Si bien, en el viejo mundo vitivinícola este tipo de delimitación tiene siglos, en Argentina, su aparición y uso es relativamente nueva y sólo cuenta con 16 años de antigüedad.
De hecho, tras la sanción de la Ley 25.165 en 1999 que establecía la protección de las indicación de procedencia (IP) y geográfica (IG), Argentina ha delimitado unas 195 IG: 110 en Mendoza, 27 en San Juan, 17 en La Rioja, 11 en Río Negro, 10 en Salta, entre otras regiones vitivinícolas.
“La IG ha sido regulada por la legislación argentina (leyes N° 25.163 y N° 25.380) como una categoría autónoma que no exige la conformación de un órgano de gestión, ni un logotipo que los identifique ni se exige la certificación del producto típico”, señaló la doctora en Ciencias Jurídicas Marcela Molina.
Agregó: “La Ley N° 25.163 es restrictiva, autoriza la IG sólo en vinos de calidad, típicos y originarios. Vino de calidad es aquel elaborado con las variedades de Vitis vinífera reputadas finas y autorizadas por el INV, por tanto quedan sin protección en el marco de los convenios internacionales, los vinos argentinos elaborados con variedades criollas, aun cuando acreditaren tipicidad”.
Si bien la IG permite el uso de su nombre en la etiqueta de vinos si la uva corresponde a viñedos emplazados en una determinada zona, dista mucho de lo que se conoce como Denominación de Origen (DO).
Las DO están regidas por un Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, el cual establece las condiciones para producir y elaborar el vino y entre otras cosas se encarga de la certificación del origen y de la promoción de los vinos de DOC y de cultura vitivinícola de la región. Por lo tanto, aseguraría al consumidor que todo lo que sale con la certificación aprobada tiene un cierto grado de calidad, algo que con las IG no se podría llevar a la práctica.
“En Argentina la IG es la forma que está funcionando para delimitar los viñedos, pero es un tipo de trabajo individual y que depende sólo del tipo de trabajo que realicen los particulares”, sostuvo Guillermo García, presidente del INV.
Un trabajo costoso
Para que una IG sea reconocida como tal, los interesados deben realizar un trabajo administrativo que se presenta ante el INV, el cual requiere de un estudio que compruebe científicamente las características distintivas de la zona a delimitar. Los únicos dos organismos autorizados a realizar este tipo de estudios son la Universidad Nacional de Cuyo y el INTA.
El estudio requerido tiene costos variables dependiendo del organismo que realice la investigación, ya que las metodologías de trabajo y los presupuestos son muy diferentes, y el valor depende de si incluyen honorarios de los investigadores, gastos de investigaciones, etc. No obstante, fuentes consultadas por Los Andes estimaron que necesitan $ 70 mil o más para poder llevar a adelante un trabajo de esta clase.
“En las IG los vinos tienen características particulares que les da el clima, el suelo, la altura, el relieve, la flora autóctona circundante, etc. Surgen así vinos con identidad e irrepetibles en otros lugares. Este concepto ayuda a valorizar el lugar y los vinos obtenidos tienen un plus al momento de las evaluaciones de los grandes críticos. Permiten hacer un mapa de vino (carta) y no un listado como tenemos actualmente”, destacó el experto del INTA en análisis sensorial, Carlos Catania.
Por su parte, el enólogo Ángel Mendoza, destacó que “pertenecer a una IG es importante para diferenciar territorios vitivinícolas que poseen historia y prestigio en la elaboración de vinos típicos. El marketing del vino lo requiere para definir mejores resultados comerciales y posicionar sus productos en la categoría ultra premium o icono. A veces la IG es injusta o discriminatoria con los viñedos cercanos o vecinos”.
El valor de pertenecer
Con un mundo cada vez más sediento de información específica y segmentada que los vinos sean pertenecientes a una IG es importante. No obstante, vale aclarar que si bien las uvas pertenecientes a una IG tienen características similares y únicas entre sí, esto no asegura la calidad. Ya que se tiene una materia prima diferencial pero lo que determinará el vino, será el trabajo posterior que se realice en la bodega que lo elabore, ya que el producto final no exige una certificación de calidad.
En este sentido, Marcela Molina, sostuvo que “esta regulación legal también presenta defectos por cuanto no exige la certificación del producto (en sentido técnico estricto); por tanto, no puede hablarse de sello de calidad y/o tipicidad del producto con IG. La falta de exigencia de conformación de un órgano de gestión dificulta su difusión, publicidad y defensa coordinada por todos los usuarios de una misma IG aumentando los costos y sin posibilidades de optimizar los resultados”.
Paraje Altamira, la zona de la discordia
Si bien desde hace 16 años el INV viene aprobando resoluciones que limitan diferentes zonas, una ha resultado ser la más disputada.
En 2013, mediante la resolución 44/13, el INV delimitó en San Carlos, el IG Paraje Altamira, teniendo en cuenta el estudio presentado por las empresas Chandon, La Agrícola y Bodegas Esmeralda. Según datos provistos por el INV, esta superficie tiene una extensión de 4.800 hectáreas, las cuales estarían divididas en 80 unidades productivas.
"Las utilización de la IG no es de exclusividad de las empresas que presentan el estudio, sino una vez que se delimitan se puede utilizar por todos los productores y viñedos que estén comprendidos en él", destacaron desde el INV.
Sin embargo, esta delimitación del INV trajo discordia con otras empresas que pretendían ser incluidas en ese espacio. Así las cosas, también durante
2013, al menos cinco bodegas, entre ellas: Agrícola Presidente SA, Altos Las Hormigas, Grupo Peñaflor, La Rural, O. Fournier y Bodegas SA limitada, habrían presentado oposiciones a la delimitación geográfica de la IG “Paraje Altamira”.
“Estamos analizando los estudios presentados por las empresas para tomar una determinación”, estimaron desde el INV, aunque todavía no hay noticias al respecto.
En este sentido, Sebastián Zuccardi, perteneciente a una de las empresas que promovieron la zona, de hecho la bodega que está construyendo la familia se encuentra en la IG Paraje Altamira, sostuvo que “uno de los riesgos que veo es que como algunos nombres han crecido, se busque que las IG sean más grandes de lo que sus características de clima y suelo lo permiten, y terminemos haciendo un sistema débil y poco creíble”.
Agregó: “Para esto considero que es muy importante la búsqueda de un trabajo profundo dejando de lado cualquier beneficio personal. Si lo hacemos bien, esto será la base del futuro de nuestra viticultura y trascenderá generaciones”.
