Una familia de clase media es alcanzada por la alícuota del 35 por ciento del impuesto a las Ganancias, que es la misma que se aplica a las grandes corporaciones, indicó un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), presidido por Osvaldo Giordano, dado a conocer ayer.
"Al no actualizarse la escala que define la alícuota con la que se calcula el impuesto, los contribuyentes son alcanzados con porcentajes cada vez más altos", explica el estudio.
El informe indicó que en 2000 menos del 10 por ciento de los asalariados registrados pagaba Ganancias, mientras que en 2013 la proporción llega al 25 por ciento.
La entidad sostuvo que la falta de actualización del mínimo no imponible es "sólo una de las distorsiones que provoca la inflación sobre el impuesto a las Ganancias" y consideró que "otra, aún más importante, es el aumento de las alícuotas".
Al respecto, se explicó que esto se debe a que el monto a pagar del impuesto surge de aplicar porcentajes crecientes que arrancan en el 9 por ciento de la base gravable y se escalonan al 14 por ciento, 19 por ciento, 23 por ciento, 27 por ciento y 31 por ciento a medida que sube el ingreso, y llega hasta 35 por ciento cuando el ingreso supera los 120.000 pesos anuales por encima del mínimo no imponible.
El informe advirtió que al no actualizarse la escala que define la alícuota para calcular el pago de Ganancias en un contexto inflacionario "los contribuyentes son alcanzados con porcentajes cada vez más altos".
El informe agrega que "la falta de actualización de los parámetros bajo los que se aplica el impuesto a las ganancias no sólo aumenta la presión tributaria sino que reduce la progresividad. De esta manera, se desvirtúa la principal virtud del impuesto a las ganancias que es lo que explica que sea intensamente utilizado en los países desarrollados. Se ha llegado a tal nivel de descalabro que una familia de clase media es alcanzada por la alícuota del 35 por ciento que es la misma que se aplica a las grandes corporaciones", afirman desde Idesa.
El estudio destaca que la Constitución Nacional delega al Congreso la responsabilidad de definir los impuestos. Sin embargo, con inflación acompañada por desidia, ignorancia y sumisión de muchos legisladores se impuso un fenomenal crecimiento en la presión tributaria.
Semejante cambio tributario en un país serio sólo podría hacerse a través de una ley, muy discutida, analizada y trabajosamente consensuada en el Congreso. "Pero en la Argentina la degradación institucional permite que se aumente los impuestos sin intervención del Congreso", sentenciaron desde Idesa.
Impuestos, subsidios y elecciones
En los debates previos a las elecciones el impuesto a las ganancias estuvo como prioridad en las agendas. Desde Idesa consideran que "prevalecieron los planteos demagógicos ya que muy poco se dijo sobre qué componentes del gasto público se propone reducir para evitar que la menor recaudación de ganancias no se traduzca en mayor emisión monetaria".
"Sería muy positivo que para las elecciones de octubre se discutan los subsidios económicos, que son la principal vía de derroche de fondos públicos en la actualidad. Este año se proyecta transferir a empresas públicas y privadas deficitarias unos $ 132 mil millones, es decir, un monto que equivale a 4 veces la recaudación del impuesto a las ganancias sobre las personas".
Los técnicos de Idesa afirmaron que para proponer con seriedad la reducción de la presión del impuesto a las ganancias primero hay que aceptar que lo que se le descuenta a la gente de su sueldo se usa, entre otras cosas, para sostener los despilfarros de Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas.
"Es crucial que los futuros legisladores no sean condescendientes con esta manera de ajustar la economía y asuman que la prioridad es dejar de usar fondos públicos para subsidiar empresas públicas y privadas deficitarias".
Concluyen señalando que la inflación sin actualización hace a la esencia del modelo económico que se viene aplicando desde el año 2002, sirvió tanto para licuar gasto público (por ejemplo, reduciendo el nivel real de las jubilaciones al no aplicar movilidad hasta el año 2008) como para aumentar de manera espuria la presión tributaria.