Por Carlos Sacchetto - Corresponsalía Buenos Aires
Por impericia política no exenta de cierta ingenuidad, el Gobierno está esperanzado en que la Corte Suprema de Justicia le aporte a más tardar esta semana un camino decoroso y conveniente para salir del conflicto por los aumentos en las tarifas del gas y la electricidad. Es el tema que ocupa la mayor parte de los desvelos oficiales, porque se ha convertido en un laberinto de errores e improvisaciones del que ahora resulta difícil escapar.
Bajo esa agobiante incertidumbre, hasta el propio presidente, Mauricio Macri, contribuyó a darle mayor dramatismo a la espera. Durante la semana que pasó lo llamó a Carlos Rosenkrantz, el recientemente designado quinto integrante del máximo tribunal, para pedirle que asumiera lo antes posible. El flamante juez pensaba hacerlo recién a fin de mes para poder cumplir con sus compromisos privados en el exterior, adonde le falta terminar algunos arbitrajes entre empresas, para luego dedicarse de lleno a la Corte.
El pedido de Macri no hizo más que complicar las cosas, porque para sumar su voto en el tema de las tarifas, Rosenkrantz debería primero estudiar el expediente, cosa que le iba a llevar al menos otra semana. En principio iba a prestar juramento el próximo martes, pero la Corte tiene previsto realizar su reunión de Acuerdos el jueves, día en que daría a conocer su fallo, luego de recibir el dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
Una fuente oficial comentó el viernes pasado que lo tuvieron que convencer a Macri para que lo volviera a llamar a Rosenkrantz para cambiarle el pedido. Ahora el juez asumirá el lunes 22, después de conocido el pronunciamiento del tribunal. Eso calma en algo la ansiedad del Gobierno, que espera que los supremos avalen los aumentos. Pero no parece que eso vaya a ser así, o al menos como lo piensan en la Casa Rosada.
Doble juego
Como lo adelantamos en esta columna la semana pasada, la Corte, entre otras consideraciones, establecería dos criterios que no encuadran en los deseos del Gobierno.
Por un lado, ratificará que la ley obliga a la realización de audiencias públicas antes de modificar las escalas tarifarias y, por otro, sin inmiscuirse en forma directa en los precios, remarcará que los aumentos en los servicios públicos no deben ser confiscatorios. Eso obligaría a moderar los incrementos, especialmente en aquellos casos que resulten demasiado gravosos para determinados usuarios.
¿Por qué entonces la Casa Rosada alienta expectativas favorables sobre el fallo? Se comenta en algunos despachos que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le habría señalado a Macri que él está haciendo todo lo posible para ayudarlo, pero que si el fallo no sale en esa dirección es porque los otros integrantes del tribunal tienen criterios diferentes.
De ser cierta esta versión, Lorenzetti estaría haciendo el juego político de mostrarse como el bueno de la película que advierte sobre los malos, que serían sus colegas. “No sorprende la actitud de Lorenzetti, con Cristina Fernández hacía lo mismo”, responden con una sonrisa irónica en la Justicia.
En conclusión, al problema de las tarifas no lo arreglará la Corte, sino que ésta daría un marco de razonabilidad dentro del cual es el Gobierno el que tiene que decidir cómo avanza. Por lo pronto, no parecen ser muchas las ideas oficiales para salir del embrollo, más allá de las advertencias sobre la gravedad de la crisis energética.
Cualquier salida debería ser política, pero el clima que se vive en el Congreso ya no muestra a la oposición más blanda tan dispuesta a la búsqueda de consensos con el oficialismo como en el primer semestre de la gestión macrista.
La violencia
También es evidente que la conflictividad en diferentes ámbitos va en aumento como consecuencia de la lentitud con que llegan las mejoras en la situación económica. Cualquier análisis sobre la agitación social debería partir de la certeza de que el núcleo kirchnerista más duro, liderado por la ex mandataria, está en guerra política y judicial con el Gobierno.
Bajo ese marco se entienden las amenazas como la del viernes anunciando una bomba en la Casa Rosada, las agresiones con piedras en el acto que Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal realizaban en Mar del Plata y -entre otras provocaciones-, las palabras burlonas de Hebe de Bonafini festejadas por Cristina sobre el miedo que debe tenerles el Presidente.
El más importante teórico de la guerra, el filósofo y militar alemán Carl Von Clausewitz, ya decía en el siglo 19 que “la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas con otros medios”. Eso es exactamente lo que está protagonizando el kirchnerismo, acosado por la Justicia que investiga la corrupción de los últimos 12 años y el estado de abstinencia de poder que padece desde que perdió las elecciones presidenciales.
El problema que aparece como más preocupante es que la estrategia de luchar para volver, que se ha propuesto ese sector, lo aproxima cada vez más a los límites de la violencia. Este es un punto que el peronismo tradicional y los gobernadores de ese signo que deben llevar adelante sus gestiones no comparten y así se lo han hecho saber al Gobierno. Pero hasta ahora son sólo declaraciones sin el respaldo de actitudes concretas.
De este modo, y con el agregado de sus propios vaivenes, Macri tiene por delante un desafío enorme y apremiante.
