La regulación de la telefonía móvil, uno de los temas frenados durante años en el Congreso, comenzó a moverse en la Cámara de Diputados, aunque todavía sin impulso desde el Gobierno ni la certeza de que habrá ley.
La Comisión de Comunicaciones inició el tratamiento a paso lento de una serie de proyectos presentados por oficialistas y opositores para declararla como “servicio público”.
Los asesores hicieron la semana pasada un cuadro comparativo y desde el kirchnerismo aseguraron que en agosto, luego del receso invernal, arranca el debate. Los usuarios de celulares encabezan el ranking de reclamos en todo el país y las líneas móviles ya superan los 60 millones, cuatro veces más que los teléfonos fijos.
“Pasó a asesores para trabajarlo, no para enfriarlo. La idea es debatirlo. Será bueno escuchar a todos, pero yo no soy representante de las empresas y vamos a hacer lo que sea mejor para los usuarios”, sostuvo el kirchnerista Mario Oporto, titular de la comisión, en referencia a la resistencia de las prestadoras, que prefieren que se la declare a la telefonía móvil de “interés público”, una definición más vaga.
“Si se la declara servicio público, el Estado interviene en la regulación de las tarifas, la inversión de las empresas y la calidad. Para aumentar tendrían que pedir autorización y previamente haber una audiencia pública”, diferenció Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.
“Es un tema complejo y hay que estudiarlo. Cuanto más serio y consensuado, mejor. Más fuerza va a tener”, admitió un legislador kirchnerista en referencia al lobby de las empresas y a la ausencia de apuro del Gobierno.
Diputados y senadores oficialistas se reunieron con el camporista Norberto Berner, secretario de Comunicaciones. Si fuera por los proyectos presentados, impulso no faltaría. Se anotó casi todo el arco político: Adriana Puiggrós y Carlos Donkin, por el Frente para la Victoria; la aliada Alicia Comelli, por el MPN neuquino; Hugo Maldonado, por la UCR; Gladys González, del PRO; el massista Mario Das Neves; el socialista Roy Cortina y Pablo Javkin, por la Coalición Cívica.
“Es inexplicable que la telefonía fija esté regulada y no la móvil. Hay connivencia del organismo de control con las empresas”, denunció Maldonado.
En el Senado elaboraron proyectos el kirchnerista Juan Manuel Irrazábal, el socialista Rubén Giustiniani, la peronista disidente Graciela Di Perna y los radicales Gerardo Morales y Nito Artaza.
Allí la discusión arrancó en mayo en la Comisión de Sistemas, también sin fecha definida de dictamen. “No veo decisión política. Cuando quieren sacar algo, no entretienen demasiado y pisan el acelerador”, consideró un legislador opositor.
Entre las suspicacias mencionaron la intención de los empresarios kirchneristas Sergio Szpolski y Matías Garfunkel de entrar al mercado con la compra de Nextel.
Por incumplimiento contractual, cobros indebidos y cambio de planes sin consulta, entre otros ítems, los reclamos de los usuarios de celulares aparecen al tope en todos los registros de quejas.
“La tarifa medida en dólares es la más cara del mundo, y a los sectores populares les meten todavía más la mano en el bolsillo con las tarjetas prepagas”, remarcó Giustiniani, que impulsa su proyecto desde 2010. “Hoy las empresas invierten sólo en los centros urbanos, que les resultan más rentables. El servicio es muy malo”, indicó Fernando Blanco Muiño, presidente de Unión de Consumidores de Argentina.
