Las tragedias clásicas se caracterizan por el hecho de que independientemente de que se conozca la trama en detalle, todos saben cómo terminan.
En el caso del último desastre nacional, hemos tenido que esperar un poco para saber que se trató de una tragedia (el rescate de los tripulantes del ARA San Juan con vida le hubiera dado un feliz desenlace) pero no es difícil comprender que si no se produjo antes, no es porque no existieran causas suficientes. Los accidentes vinculados a las Fuerzas Armadas son bastante frecuentes aunque raramente llegan a los titulares.
La sensibilidad popular, consternada y ansiosa de retribución, ha otorgado el estatuto de héroes a los marinos desaparecidos.
Es héroe quien se comporta de forma extraordinaria. Hasta donde sabemos (hipótesis hay de todos los colores) el buque cumplía funciones de rutina. Todavía se ignoran las causas de su zozobra y cómo fueron los últimos momentos de la tripulación. No sabemos si perecieron tratando de ayudar a sus compañeros, o en cambio cundió el sálvese quien pueda. Preferimos suponer, con toda justicia, que enfrentaron la muerte con dignidad.
Más allá de la consternación general, el caso del ARA San Juan ha puesto en evidencia el estado de abandono y desfinanciamiento de nuestras Fuerzas Armadas. La pregunta que inevitablemente despierta esta comprobación es si el país posee una política de defensa. Pero también muestra un aspecto menos explorado, que es el aprecio por la institución militar. Las profusas manifestaciones de dolor y compunción parecerían dejar claro que los argentinos poseen una alta estima por sus marinos. La apariencia, no obstante, podría ser engañosa.
El argentino nunca se caracterizó por ser un pueblo en armas. Aun con nuestras guerras, conflictos civiles y derramamientos de sangre, no somos una nación particularmente violenta ni militarizada. Por encima de los clichés, el análisis histórico es muy revelador. Las Fuerzas Armadas gozaron de un importante aprecio popular al menos hasta 1976. Esto se demuestra no solamente en el hecho de que hasta ese momento inclusive, buena parte de la dirigencia política y de la ciudadanía las consideró como custodias del orden amenazado, sino que además cada uno de los golpes de Estado que dieron, despertaron débiles resistencias en las organizaciones políticas opositoras.
Los violentos setenta no fueron la excepción a esto, por más que cierta publicística los presente como una revolución popular. La puesta en práctica de un plan sistemático de crímenes de Estado, una desastrosa política económica y la vergonzosamente oportunista decisión de la reconquista militar de Malvinas, precipitaron el divorcio entre los argentinos y sus Fuerzas Armadas.
Esta ruptura, sin embargo, no fue espontánea. Un objetivo prioritario de la democracia recuperada en 1983 fue suprimir -o al menos disminuir todo lo posible- la capacidad de intervención de las Fuerzas Armadas en política. Esta neutralización no podía llevarse a cabo si aquéllas mantenían su prestigio incólume. Tanto el Gobierno y las universidades como los intelectuales, el mundo de la cultura y los medios de comunicación desarrollaron una campaña de descalificación sistemática de las instituciones militares y de sus integrantes.
¿Fue necesaria tan devastadora labor? Algún día habrá que analizarla con perspectiva histórica. Esa campaña incluyó a las Fuerzas de Seguridad, que también participaron en la represión ilegal. En la actualidad, la policía es una de las instituciones que más rechazo despierta en la población, en particular entre los más jóvenes. Suena imposible restablecer su función específica (su desempeño actual es altamente cuestionable) si no se hace lo propio con su prestigio.
Los argentinos tampoco somos un pueblo hostil por naturaleza a las fuerzas del orden. Se trata de una condición adquirida, que es posible rastrear históricamente.
La indignación y el duelo por los muertos del ARA San Juan no puede ocultar el verdadero rostro de una sociedad que en una importante proporción desprecia a los hombres de armas y las fuerzas del orden; de una élite dirigente compuesta por políticos, intelectuales, artistas y periodistas que han contribuido directamente a esa aversión, a veces convertida en odio.
Entonces ¿cuál es el aprecio real de la sociedad y las instituciones a las Fuerzas Armadas y de Seguridad?
Se reclama con indignación por funcionarios y dirigentes políticos acusados de corrupción y sometidos al régimen de prisión preventiva, mientras que se ignora la condición de cientos de militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad que llevan más de una década como presos sin condena.
Se efectúan acusaciones automáticas a las Fuerzas de Seguridad en episodios de represión o violencia, declarándolos crímenes de Estado e ignorando toda evidencia opuesta: el caso de Santiago Maldonado es un elocuente ejemplo.
Las Fuerzas de Seguridad se convierten en el fusible de la pugna entre el Gobierno nacional y los opositores. Los descontentos descargan indiscriminadamente su violencia contra filas de trabajadores muchas veces más pobres que ellos. El gobierno los deja en estado de indefensión ante el ataque de los violentos, por temor a sufrir las consecuencias políticas de la represión. Lo hemos visto en los incidentes ocurridos en la discusión parlamentaria por la reforma previsional.
Pero es posible ampliar la perspectiva. Abusando un poco de la metáfora, el incidente del submarino se asemeja a los círculos concéntricos que genera un guijarro arrojado a un estanque. Al final se expanden por toda la superficie. Carlos Nino definió el desafecto argentino por la ley como la "anomia boba". Ese mismo desafecto se traslada a las autoridades y jerarquías institucionales encargadas de hacerla cumplir.
El desprestigio de militares, policías y gendarmes se produce en un contexto general de decaimiento de los principios de autoridad y potestad: políticos, jueces, maestros, profesores universitarios, dirigentes empresariales, dignidades eclesiásticas, líderes sociales. Padres también.
