El escenario de la declaración de emergencia en Seguridad es nebuloso. Hubo reunión en la Legislatura para hablar de este tema que ha ganado tanto espacio mediático. El lunes, el propio gobernador Francisco Pérez dijo que a esa reunión concurriría el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore; incluso más, el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, le había adelantado su presencia pero ninguno apareció por la Casa de las Leyes. A última hora del lunes, se decidió dejar para más adelante la incorporación de funcionarios a esas reuniones.
Las ausencias parecen más que elocuentes, pero también es elocuente el resultado de la reunión: apurar la conformación de la nueva comisión bicameral de Seguridad y que en ese ámbito se definan todos los proyectos de ley que deberían tratarse en un plazo de 30 días.
Ese resultado dice que también estaba ausente la definición de los ítems sobre los que la Bicameral debería avanzar: “No quiero cometer el error de anunciar proyectos que después pueden no tener el consenso de la mayoría. Será la comisión la que anunciará los proyectos que se tratarán. Pero existe la voluntad de dar celeridad al tratamiento de los proyectos que tengan consenso”, decía el vicegobernador, Carlos Ciurca, al término de la reunión.
Así pues el panorama en la Legislatura era nebuloso y hasta algunos de los protagonistas de la reunión mencionaron en voz baja la palabra “humo”, para graficar la falta de claridad y de definiciones. Entre las ausencias y las faltas de definiciones asomaron las versiones de cortocircuitos entre Ciurca y Pérez, especies que el Vicegobernador se empecinaba en negar, diciendo que “existe la firme decisión del Gobernador de encabezar todas las acciones del Ejecutivo para elevar la barrera de impunidad que hoy existe en el delito, en Mendoza”.
Cabe recordar que la declaración de emergencia en Seguridad fue una bandera agitada por Ciurca el domingo a la siesta en las redes sociales y de ahí saltó a los medios. Pero el lunes el Gobernador bajó el tono del tema y aseguraba que Comperatore iría a la Legislatura para avanzar en el proyecto de ley para prohibir dos pasajeros en las motos de baja cilindrada. Ayer, la palabra emergencia volvió a resonar fuerte, pero no habrá definición hasta dentro de 30 días, al menos.
Entonces las ausencias y la falta de definiciones se vuelven contundentes. Más contundente aún el hecho de que sea una comisión la que defina qué leyes tratar para combatir la inseguridad cuando el inciso 17 del artículo 128 de la Constitución provincial dice que el gobernador “es el jefe de las milicias de la Provincia”.
Ese artículo de la Constitución dice que si alguien debe saber cuáles son las prioridades es el Ejecutivo y así lo recordaba el diputado radical Néstor Parés: “Desde lo legislativo la mejor predisposición para tratar todos los proyectos, los que mande el Ejecutivo y los aportes de la oposición pero hay una responsabilidad mayor que es del Gobierno”.
Después de dos horas de reunión, apenas quedó claro que hay tres proyectos de ley para declarar la emergencia en seguridad.
El senador radical Juan Carlos Jaliff llegó al cónclave con un proyecto de ley en papel por el que se declararía la emergencia en Seguridad. Entonces apareció otro del Frente Renovador, encarnado en la reunión por Daniel Cassia, al que se sumó un tercero del oficialismo.
El del radicalismo indica que se declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de este año y acotada a la incorporación de efectivos, la adquisición de móviles y tecnologías de vigilancia y control biométrico y laboratorios; ampliación de las instalaciones del penal de Almafuerte, puesta en marcha de varias leyes ya sancionadas (la de registro de ADN, de delitos denunciados), la vuelta del servicio cívico y la creación de una policía interprovincial.
La de Cassia no abunda en detalles, la deja abierta para que se incluyan todas las necesidades que se crean convenientes. Sólo indica que se declare la emergencia no sólo en seguridad pública, sino también la penitenciaria y la vial y con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir un año más que la de los radicales.
El del oficialismo es hacer la declaración de emergencia de manera consensuada, con el aporte de todas las fuerzas políticas. Es decir, no hay un texto final y definitivo sino en construcción.
De esta manera la Legislatura parece avanzar hacia una declaración de emergencia en seguridad o por lo menos definiría si la declara o no en 30 días.
