El Gobierno Nacional impulsa un proyecto que busca establecer una fórmula de ajuste para el pago de alquileres que combine la evolución de los salarios de los empleados estatales con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (inflación).
Además, esperan que se carguen los honorarios que se generen por el inicio de la relación contractual, y que las garantías exigidas sean equivalentes al valor de un mes de alquiler.
