Desde hoy comenzará a funcionar la nueva Oficina de Sumarios, que se dedicará a investigar la actuación de los empleados de toda la administración pública de la provincia. En esa oficina se desempeñarán cinco abogados sumariantes y un jefe o coordinador.
Los expedientes en trámite deberán resolverse en el término de 150 días corridos; en caso de que los sumariantes no cumplan este plazo, serán sancionados.
El nuevo Régimen General Disciplinario desató una fuerte polémica en los gremios estatales. Quién avanzó más en las críticas fue el secretario general de ATE Roberto Macho, quien se presentó ante la Suprema Corte mendocina para pedir la inconstitucionalidad de la ley 9.103 sancionada en octubre pasado. De esa presentación no hay resolución aún, aunque el nuevo régimen disciplinario aún no se aplica.